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Internacional | Martes 05 • Julio • 2016

La noticia rebelde

Destrozaron la redacción del diario Tiempo Argentino; los trabajadores publican hoy una edición especial.

La redacción y la imprenta del diario Tiempo Argentino fue invadida en la madrugada del lunes por una patota de unas 20 personas liderada por el empresario Mariano Martínez Rojas, quien fue imputado por la Justicia ayer por estas acciones. La patota hizo destrozos en el lugar, fue un ataque que “no tiene ningún sentido”, dijo a la diaria el presidente de la cooperativa, Javier Borelli, quien también reclamó que el Estado intervenga para que se garanticen la seguridad y el derecho laboral de los trabajadores.

Tiempo Argentino formó parte, hasta enero, del Grupo Veintitrés, un multimedio que reunía revistas, diarios, radios -como Rock & Pop- y hasta un canal de televisión. Los dueños del grupo, Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, empezaron a vender los medios del grupo cuando terminaba el gobierno de Cristina Fernández en un contexto de mucha incertidumbre, en el que no se terminaba de saber qué era de quién, cuánto valía cada parte de la empresa o cuánta publicidad oficial habían cobrado en los años anteriores.

En enero Garfunkel empezó a ventilar información interna del grupo en Twitter. Dijo que había elegido mal a su socio y que se estaba enterando de que Szpolski era testaferro de quienes realmente tomaban las decisiones. “Ellos lucraron del Estado y con el Estado [...]. Vienen robando desde los 90”, aseguró. “Son todos monjes negros que se esconden detrás de Szpolski”, agregó.

El diario La Nación hizo una reconstrucción de las relaciones del grupo empresarial en base a documentos y declaraciones. Concluyó que los “monjes negros” eran varias personas allegadas al anterior gobierno -y también algunas relacionadas con el actual- que estuvieron vinculadas con el grupo. La cercanía al anterior gobierno era tal que el propio Szpolski fue candidato a intendente por el Frente para la Victoria en las elecciones del año pasado. Una de las personas con las que se presentó durante la campaña fue Martín Sabbatella, en ese entonces compañero de fórmula de Aníbal Fernández para gobernar la provincia de Buenos Aires y presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene entre sus funciones el control del sector audiovisual. Fueron publicadas fotos de ambos haciendo campaña, mientras el Grupo Veintitrés ya debía sueldos a los trabajadores de algunos de sus medios. En paralelo, los cruces entre Garfunkel y Szpolski fueron subiendo de tono e involucrando cada vez a más gente, a tal punto que el primero se mudó a Estados Unidos junto a su esposa, Victoria Vanucci, quien aseguró que se fueron de su país porque se sintieron amenazados.

Entre diciembre y enero se vendieron partes del grupo, mientras los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América protestaban por los retrasos en el pago de sueldos y la pérdida de puestos de trabajo y exigían al gobierno de Mauricio Macri, que recién había asumido, que interviniera en la situación. No hubo respuesta. El gobierno consideró que era un tema entre privados. Macri se limitó a decir que quien debe sueldos tiene que pagarlos.

Con este escenario de fondo, a fines de enero se anunció que el diario Tiempo Argentino y Radio América serían vendidos al Grupo M Deluxe, de Mariano Martínez Rojas. Pero él descubrió que existía una deuda mayor que la que le habían informado: “Me tomaron de boludo”, dijo a la revista Noticias. Intentó deshacer la compra y recurrió a la Justicia, pero en realidad se desconoce si es, o no, el dueño del diario y la radio.

En paralelo, los trabajadores no habían sido despedidos pero tampoco cobraban sus sueldos desde hacía cinco meses, y el diario había dejado de salir a la calle. En esa situación, los trabajadores constituyeron la cooperativa Por Más Tiempo para retomar la publicación del diario. Por la deuda que la empresa mantenía con los trabajadores, el Ministerio de Trabajo los designó como guardias de las herramientas laborales con las que se hacía Tiempo Argentino; por esa razón es que hay algún cooperativista en la redacción durante las 24 horas del día.

Justamente, tres trabajadores que hacían la guardia de la noche en la madrugada del lunes fueron agredidos por unas 20 personas que ingresaron al lugar por la fuerza y los obligaron a retirarse. Destruyeron las oficinas, sobre todo “lugares clave para la salida del diario, como las redes informáticas”, explicó a la diaria el presidente de la cooperativa, el periodista Javier Borelli. Fueron momentos de mucha tensión. Con el pasar de las horas fueron llegando cada vez más trabajadores y la Policía, que durante varias horas no ingresó al lugar para retirar a “la patota”. Finalmente los trabajadores lograron entrar al edificio: la Policía entró con ellos para escoltar la salida de quienes habían entrado ilegalmente.

Cuando salieron los agresores, los trabajadores descubrieron los destrozos que habían hecho: decenas de cables rotos, paredes que habían sido tiradas abajo, escritorios y sillas inutilizables, estanterías de archivo derribadas y hasta pedazos de alfombra que habían sido arrancados.

¿Por qué fue el ataque? “No tiene ningún sentido”, dice Borelli. “Nos quedan muchas dudas, lo único que nos preocupa es que se garantice la seguridad de los trabajadores del diario”, agregó. También advirtió que a los cooperativistas les “preocupa mucho” la forma en que actuó la Policía, que “no privilegia a los trabajadores sino a los empresarios”. El ataque se produce cuando la cooperativa está logrando buenos resultados con una única publicación de Tiempo Argentino por semana, los domingos. “Estamos mejorando las ventas respecto del período de la gestión privada”, subrayó, y añadió: “Si nos quieren sacar, vamos a aparecer mucho más”.

Además, Borelli indicó que es necesario que el Estado intervenga en la situación: “Pedimos que el Estado intervenga como tendría que haberlo hecho cuando las patronales dejaron de pagarnos los sueldos, en diciembre. El Ministerio de Trabajo hizo oídos sordos a todos nuestros reclamos y nunca intimó a la patronal” para que pagara. “Se ha llegado a un límite en el que ya no pueden hacerse los desentendidos, tienen que garantizar nuestra seguridad y nuestro derecho laboral”, agregó.


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