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Nacional | Martes 26 • Julio • 2016

Maldito invierno

Recibimos y publicamos.

Desde hace algunos años, y desde el fuerte invierno de 2011, cuando hubo seis muertes por hipotermia, las personas en situación de calle son foco de atención durante esta estación. La discusión cobra visibilidad pública cuando las temperaturas se acercan al cero, y, a pesar de ello, hay personas que se niegan a ir a refugios durante la noche.

Cuando son entrevistadas, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) insisten en que en los refugios se trabaja todo el año. El fin de su intervención es asegurar la vida de estas personas al mínimo imprescindible para la supervivencia, lo cual se vuelve un desafío mayor durante los inviernos. El hecho es que no siempre se logra tener éxito en la misión de convencer a quienes están en la calle para que acepten ser trasladados a un refugio.

En los artículos periodísticos y en los móviles en vivo aparecen testimonios de vecinos y de personas en situación de calle. Los “vecinos”, legitimados en su anonimato como ciudadanos que representan el sentido común de los habitantes del barrio -siempre de la franja costera o centro de la ciudad, y adulto o adulto mayor, por otra parte-, brindan declaraciones acerca de la invasión de los espacios públicos, los fuertes olores y la inseguridad a la que se expone el barrio.

Esto, junto a la intención de castigar los daños causados a los espacios y bienes públicos, llevó a que con el impulso del oficialismo el Parlamento aprobara, en 2013, la Ley 19.120 de Faltas y Conservación de Espacios Públicos. Para las personas en situación de calle se prevé la internación compulsiva cuando están ocupando espacios públicos y no aceptan ir a los refugios. Pese a que el Ejecutivo la había enviado con un artículo que penaba la “mendicidad abusiva” y el permanecer alcoholizado en la vía pública, el Parlamento la “suavizó” y aprobó por unanimidad.

Con esta ley se retomaron antiguas nociones contempladas ya en nuestra legislación con la Ley 10.071 de Vagancia, Mendicidad y Estados Afines, de 1941. En su redacción, esta ley no se enfocaba en reprimir a quienes cometían delitos sino a los individuos “peligrosos” sin delito. En ese entonces aparecían en el informe de la Comisión de Constitución, que la envió a las cámaras, argumentos que señalaban que con estas reglamentaciones se evitaría la degeneración y, a la vez, se extendería la acción tutelar del Estado para “recuperar individuos potencialmente útiles”. A pesar de estar en desuso, la jueza de Maldonado Adriana Graziuso, que ahora forma parte del gabinete del intendente Enrique Antía, volvió a aplicarla para expulsar de Punta del Este a quienes no pudieran “justificar su presencia en el lugar”. Durante la argumentación de la ley de 2013 en la cámara se retomaron varias de estas nociones, haciendo especial hincapié en dar un ejemplo a quienes descuidaban los espacios públicos, perjudicando así la convivencia. En la discusión en el Senado, Francisco Gallinal aseguró que “la señal que queremos enviar al país es de endurecimiento de la cáscara y de tener una actitud mucho más firme en el combate a la delincuencia y en la represión de las faltas, de manera de amedrentar a quien, cometiendo faltas, se encamina hacia el cometimiento de delitos, y siempre vamos a otorgar nuestro voto cuando se actúe en ese sentido”.

Con la aprobación de esta ley, las intervenciones del Mides sobre las personas que se niegan a abandonar su lugar en la calle quedaron ligadas a la acción policial compulsiva. Este continuo tiene por objetivo señalarle a la persona que debe hacerse cargo de su propia vida. Por un lado, desde los refugios se les propone que intenten gestionar sus propias vidas: sus hábitos de higiene, de trabajo; incluso tienen por objetivo que construyan un proyecto de vida. Por otro lado, la iniciativa legislativa pretende una forma de control sancionador que los lleve a gobernarse a sí mismos, pero a través de la punición, haciéndolos salir de los espacios públicos.

Esto ha sido fuertemente cuestionado por las autoridades del Mides. Su directora de Protección Integral, Mayra Aldama, afirmó que no tiene sentido el reiterado traslado, a través de la Policía, de quienes se niegan a ir a los refugios. Esto fue reforzado por la ministra Marina Arismendi, quien declaró: “La ley, así como está planteada, no funciona”, además de afirmar que el trabajo lleva tiempo y debe hacerse desde la cercanía y el acompañamiento.

Lo cierto es que estamos atravesando un nuevo invierno y la discusión retorna. De hecho, de acuerdo a los números primarios del último conteo del Mides se duplicaron las personas en situación de calle desde 2011. Los medios de comunicación vuelven a simplificar el problema, y quienes son legitimados como “vecinos” vuelven a quejarse por la falta de limpieza de algunos espacios, a la vez que el Ministerio del Interior introduce la noción de “convivencia” para pensar el problema. Es momento de repensar el registro de las intervenciones para las autoridades y técnicos, de sacar menos fotos que procuren denuncias y de colaborar con el Estado para proteger a estas personas. Y quizás, para la Policía, de tomar distancia, de modo tal que -aunque sea en esto, en que los números hablan por sí solos- renunciemos a las inoperantes respuestas punitivas.

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