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Nacional | Miércoles 06 • Julio • 2016

Isidoro Hodara, Ernesto Murro, Fabio Bertranau y Pablo da Rocha, ayer, en la Torre Ejecutiva. Foto: Pablo Vignali

Materia opinable

Murro defendió importancia de la participación social para definir la inserción internacional del país.

En un seminario organizado ayer en la Torre Ejecutiva por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se abordó la discusión en torno a la inclusión de cláusulas laborales y sociales en los acuerdos comerciales. Se debatió sobre si la inclusión de estas cláusulas genera una mejora en derechos laborales o si se constituyen en barreras disimuladas al comercio. Por otra parte, las exposiciones del representante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Pablo da Rocha, y de la directora general de Asuntos Técnicos y Administrativos de la cancillería uruguaya, Laura Dupuy, pusieron de manifiesto dos posturas distintas respecto de la inserción internacional del país.

En esta ocasión, los representantes de trabajadores y empresarios coincidieron; tanto Da Rocha como Isidoro Hodara, vicepresidente de Zonamérica, señalaron su preocupación por la posibilidad de que las cláusulas laborales se incluyan como barreras proteccionistas, ya que no hay mecanismos reales de fiscalización previstos en los acuerdos para que los países controlen mutuamente el cumplimiento de esas normas. También el subsecretario de Trabajo, Nelson Loustaunau, expresó “algunos reparos” a la hora de firmar cláusulas de este tipo que contengan sanciones económicas, por los mismos motivos.

“Este es un país que quiere abrirse al mundo, pero el modelo de este gobierno es con empresas sostenibles y sustentables y con derechos laborales y sociales”, sostuvo Murro. Afirmó que el gobierno parte de la base de que Uruguay “debe seguir abriéndose al comercio internacional y a las inversiones”, pero lo debe hacer “dialogando”. “Cuando Uruguay tuvo que discutir el TISA, lo discutió. Cuando hoy nos vamos aproximando a un acuerdo [de libre comercio] con Chile, queremos que estas cosas se discutan”, dijo el ministro. Remarcó que las empresas que vienen a invertir al país deben dar “garantías, porque hemos tenido malas experiencias”. Mencionó como ejemplos casos de empresas que “recibieron enormes beneficios” y “se nos fueron, algunas de ellas hasta sin saludar, y todavía nos estamos haciendo cargo de las consecuencias sociales”.

Un soldado

Murro tuvo que contestar ayer sobre la decisión del gobierno de mantener los lineamientos salariales, y lo hizo. “Ayer el Consejo de Ministros resolvió, y eso es lo que vamos a llevar adelante”, se limitó a decir. “Esperamos que repercuta de la mejor manera posible”, agregó. Por otra parte, descartó su eventual renuncia a la cartera por este motivo.

Dupuy, en representación de la cancillería, lamentó que cuando se está en medio de una negociación, “a veces se ideologiza o se ve como algo malo, y se busca el cangrejo abajo de la piedra, y es lo que no hay que hacer”. “La única forma de llegar a competir mejor es firmar TLC [Tratados de Libre Comercio], no hay otra vía para Uruguay”, opinó. “El país tiene que adaptarse, porque si no, va a ser todo pérdida. Hasta China está negociando TLC. La pérdida de competitividad es grande para el país, y hay que buscar oportunidades afuera”, insistió Dupuy.

Da Rocha advirtió que el incremento del flujo comercial a nivel mundial “se dio a la par de un empeoramiento en términos de trabajo decente”. Coincidió en la importancia de incluir cláusulas sociales en los acuerdos, pero relativizó los resultados de estas cláusulas, ya que, según manifestó, “en general buscan asegurar normas mínimas laborales”, y en caso de incumplimientos, en la mayoría de los casos no hay penalización, sino que se recurre a la diplomacia para dirimir los conflictos.

Antes de la discusión local, un panel integrado por expertos de la OIT destacó los efectos positivos de la inclusión de cláusulas laborales en los acuerdos comerciales. Raymond Torres, director de investigaciones de la OIT, explicó que el número de acuerdos que incluyen cláusulas laborales (por ejemplo, para equiparar derechos laborales o para garantizar el derecho de los estados a regular) “se ha disparado”: pasó de 35% en 2008 a 80% en 2015. 72% de los acuerdos que contienen cláusulas laborales hacen referencia a la ratificación de convenios de la OIT, y algunos de ellos resguardan la implementación efectiva de leyes laborales nacionales.

Torres sostuvo que se constató la adopción de medidas anteriores a la ratificación de los acuerdos, como cambios en la legislación para ampliar derechos laborales, por ejemplo por medio de la ratificación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Destacó en ese sentido que durante la negociación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) se produjeron “numerosos avances desde el punto de vista laboral y social” en los casos de Malasia, Brunéi y Vietnam, sólo por la obligación de establecer determinadas condiciones laborales.

Torres advirtió que en estas negociaciones los países “tienen que mantener el derecho a regular” en materia laboral. “El acuerdo de inversión no debe contradecir este derecho a regular, y en algunos casos hemos visto contradicciones”, advirtió.

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