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Internacional | Viernes 15 • Julio • 2016

No se acepta

Organizaciones sociales cuestionan la actuación de la Justicia paraguaya en el caso Curuguaty.

Desde que el lunes se conoció la sentencia que condenó a 11 trabajadores rurales de Paraguay por la matanza de Curuguaty, se sumaron críticas de organizaciones políticas y sociales, y acciones para que no se cierre de ese modo la investigación judicial. Un tribunal condenó a los campesinos por varios delitos vinculados con la ocupación de las tierras conocidas como Marina Kue, y en particular responsabilizó a cuatro de ellos por la muerte de seis policías durante el desalojo de los ocupantes, en 2012. En ese tiroteo también murieron 11 trabajadores rurales, pero nadie fue acusado por sus muertes.

Amnistía Internacional, la confederación de organizaciones sociales Oxfam y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) cuestionaron este fallo. Las dos primeras reclamaron en un comunicado conjunto una investigación imparcial sobre la muerte de los campesinos. La fiscalía “no ha explicado de forma convincente los motivos por los cuales no investigaron tales muertes, ni la presunta alteración de la escena del crimen y las alegaciones de tortura y otros malos tratos durante las detenciones policiales a campesinos”, dijo la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.

También la Codehupy emitió un comunicado. Allí afirmó que el tribunal, “apartándose de su obligación, ha conculcado los más elementales derechos de las personas que ha juzgado, condenándolas sin que exista certeza en la acusación, cuando correspondía la absolución por la persistencia de una duda razonable”, según el periódico digital E’a. La Codehupy destacó que no se investigó la muerte de los 11 campesinos en Curuguaty, así como las denuncias de que siete o más de ellos fueron víctimas de ejecuciones y torturas. Denunció, además, que tampoco se intentó esclarecer el asesinato de Vidal Vega, un testigo que contradecía la versión oficial.

Representantes del partido de izquierda Frente Guasú, al que pertenece el ex presidente Fernando Lugo (que fue destituido en 2012 utilizando esta matanza como argumento), se reunieron el miércoles con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para informarle sobre esta situación, que para esa organización política “pone más que nunca en evidencia la existencia de presos políticos en Paraguay”. Un integrante de la delegación del Frente Guasú, Ricardo Canese, dijo a Efe que Almagro les transmitió que va a analizar “seriamente” la posibilidad de abrir una “investigación independiente en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Almagro dijo que existen “instancias jurisdiccionales posteriores, a las que se puede eventualmente recurrir”, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de agotar las vías judiciales de Paraguay. De los 11 campesinos condenados, los cuatro que recibieron las penas más largas, de 18 a 35 años de prisión, fueron trasladados al penal de Tacumbú, en Asunción, mientras que tres mujeres sentenciadas a seis años de cárcel completarán esa condena en régimen de arresto domiciliario, informó Efe. Los otros cuatro trabajadores rurales, condenados a cuatro años de cárcel por delitos vinculados con la ocupación de tierras, fueron liberados porque ya cumplieron su pena en prisión preventiva. Uno de ellos, Adalberto Castro, se encadenó el miércoles ante el Palacio de Justicia para reclamar la libertad para los demás y repudiar una sentencia que “condenó sin pruebas a inocentes”.

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