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Nacional | Jueves 14 • Julio • 2016

Refrescando la memoria

Recibimos y publicamos: a propósito del proyecto de puerto de aguas profundas.

En la edición de la diaria del lunes, el economista Pedro Buonomo, ex presidente de la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas (CIPAP) -calificada por el ex presidente José Mujica como “la jugada de política exterior más importante” de su gobierno-, brindó una justificación general completamente alejada de la realidad de este proyecto y sus responsabilidades en él.

La CIPAP fue creada el 15 de noviembre de 2011 por Presidencia para“analizar las opciones para la instalación de un puerto de aguas profundas” en la costa de Rocha. A los 180 días, la CIPAP concluyó que el proyecto era viable, apoyándose en la carga del proyecto minero de Aratirí, y propuso la zona de El Palenque. Mujica extendió su actuación “por todo el plazo que dure la implementación” del puerto.

La CIPAP desplegó una actividad febril de contrataciones y presentaciones de la obra. Tras intentar imponerlo por decreto, el puerto de aguas profundas fue habilitado por el Parlamento, tal como exige la Constitución, el 20 de diciembre de 2012. Paralelamente, Presidencia decidió la expropiación por “causa de utilidad pública” y declaró urgente la ocupación de unos centenares de predios en el área de emplazamiento del puerto.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, no hubo capitales ni países interesados en el proyecto uruguayo. En diciembre de 2014, en la 47ª Reunión Cumbre, Mujica propuso la construcción de “un puerto de aguas profundas propiedad de los gobiernos del Mercosur”. Fue una forma elegante, si cabe, de sortear el fracaso, pero no resultó un sueño gratuito para muchas personas ni para el erario público.

Inviabilidad del puerto

Se había informado que la CIPAP disponía de 700.000 dólares para sus actividades, pero surgieron indicios de que los gastos eran muy superiores. Tuvimos que recurrir a la Justicia, al amparo de la ley de Acceso a la Información Pública, para obtener los registros oficiales. Verificamos que los gastos multiplicaron por más de ocho veces esa cifra; en efecto, las contrataciones totalizaron 5.907.166 dólares.

Naturalmente, esos estudios deben hacerse para una obra como esta, pero primero es necesario saber si existen los fundamentos para tomar tal decisión. El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, afirmó que incluso la definición del lugar no es lo más relevante: “Primero, hay que saber qué se pretende, para qué, y luego buscar el lugar físico para el puerto de aguas profundas”. El qué y para qué de un puerto son las cargas.

Los análisis de la CIPAP sobre la demanda proyectada del puerto de aguas profundas sufrieron sucesivas alteraciones. En 2012, los técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el presidente de la comisión, Pedro Buonomo, proyectaban una demanda superior a 50 millones de toneladas anuales. En 2013, los cálculos del MTOP estimaron que el puerto de aguas profundas, en diez años, atendería a unos 87,5 millones de toneladas anuales. Curiosamente, un nuevo estudio del equipo del MTOP en 2014 redujo la estimación a 40 millones de toneladas anuales.

Aunque no estaba autorizado, la CIPAP contó desde el comienzo con el hierro y la inversión de Aratirí, pero los 18 millones de toneladas previstos no alcanzaban para sostener ese puerto. Con el tiempo, el aporte de Aratirí se hizo cada vez más inseguro, las cifras de las cargas que se esperaban de los países vecinos fueron alterándose y se confirmó la sospecha de que eran simples especulaciones.

En 2014, la firma brasileña Planave y la catalana Port Insight Consulting señalaron “una serie de incertidumbres” en el proyecto. Según estas consultoras, la posibilidad de atraer cargas de granos de Brasil era nula, no existía una demanda concreta e inmediata de servicios portuarios y, tampoco, “ningún tipo de acuerdo o mecanismo participativo de los países de la región en relación al puerto de aguas profundas”. A esa altura, la CIPAP ya había contratado una serie de estudios que no tendrían aplicación.

Buonomo intenta justificar en parte lo hecho diciendo que El Palenque “es actualmente la región más estudiada del país en temas vinculados con el medio ambiente físico-químico y biótico” (sic). Pero esto no fue un logro de la CIPAP; la urgencia con la que quería sacar adelante el puerto no permitió nuevos estudios. Sin la idea del puerto de aguas profundas, esa zona ya era la más estudiada del país por nuestros científicos.

Voluntarismo político

La presidencia de entonces anunció como seguro el interés en el proyecto uruguayo de varios países, y Buonomo lo reitera sin ninguna autocrítica. Un día era el “interés estratégico” de Brasil, otro día eran China, Rusia y Paraguay o inversores españoles y empresas coreanas. Los integrantes de la CIPAP realizaron sucesivos viajes a las capitales de esos países para presentar el puerto de aguas profundas, sin ningún resultado. El ex vicecanciller Luis Porto viajó a Seúl, Brasilia y Río de Janeiro, Asunción, Moscú y Pekín en 2014. El ex ministro de Transporte y Obras Públicas Enrique Pintado viajó a Asunción; su subsecretario, Pablo Genta, a Brasilia, Río de Janeiro y Asunción. La ex viceministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Raquel Lejtreger viajó a Río de Janeiro en 2014. A su vez, funcionarios de Cancillería viajaron a Asunción y Moscú.

En estos viajes se gastaron unos 35.000 dólares, una cifra menor comparada con las contrataciones a empresas y consultores, pero igualmente inútil. En todo este proceso, se partió de la decisión uruguaya como un hecho consumado. Al final, no se confirmó el compromiso de ninguno de los países mencionados ni el aporte de los inversores anunciados, incluido el de la minera Aratirí, dado por descontado.

El ofrecimiento de Mujica en la Reunión Cumbre del Mercosur debió ser, en todo caso, el comienzo y no el desenlace fatal de esta iniciativa, encubierto bajo una retórica integracionista. Conociendo nuestra historia, nadie puede considerar seriamente que Uruguay posea el peso suficiente como para arrastrar a Argentina y Brasil a un proyecto portuario de esas dimensiones sin su consentimiento previo.

Se habilitó por ley un puerto de aguas profundas, se anunció la expropiación de miles de hectáreas, cambiándoles la vida a centenares de ciudadanos, y se gastaron recursos públicos sin resultados acordes con tales decisiones. Incluso la oposición partidaria, temerosa de aparecer enfrentada a una promesa de desarrollo, se abstuvo de exigir los estudios previos de rigor necesarios para apoyar esa propuesta.

Las autoridades ignoraron además a las comunidades de la costa rochense que, al conocer el proyecto del puerto de aguas profundas y sus posibles impactos, pasaron a cuestionar la validez económica, social y ambiental de esa obra. En ese contexto, ciudadanos de varias localidades crearon la Confederación de los Pueblos Costeros, exigiendo el derecho a ser informados y a participar en las decisiones sobre sus formas de vida.

El 12 de mayo de 2015, el presidente Tabaré Vázquez disolvió la CIPAP y, ya sin la prioridad absoluta dada por su predecesor, retornó la responsabilidad del proyecto del puerto de aguas profundas a la órbita del MTOP. Voluntarismo e improvisación política hicieron fracasar la idea, pero parece que algunos siguen entusiasmados con la aventura.

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