Dos muchachas estaban en la calle, cerca de Montevideo Shopping. Una de ellas fumaba porro. Según su publicación en Facebook, que el fin de semana se multiplicó y se volvió viral, dos policías de la Guardia Republicana las pararon y les dijeron que no podían consumir marihuana en la calle, algo que es legal desde un decreto-ley de 1974. Les pidieron dirección, teléfono y documentos, y les dijeron que se pararan derechas.

“Le pregunto por qué le tengo que dar los datos de mi dirección, mi intimidad, si soy una ciudadana que no está haciendo nada, igual que mi amiga. Me dicen que si tengo algún problema en darle mi documento, con esa voz que sabés que si no se lo das todo va a estar peor”, contó una de ellas . En un momento se quejaron de que si no las dejaban resguardarse de la lluvia se iban a enfermar. Las dejaron ir, pero más tarde una de ellas recibió un mensaje de uno de los policías: “Espero que no te enfermes”. La publicación tuvo como respuesta mensajes, públicos y privados, de personas que sufrieron abusos parecidos, incluso en la misma zona. “¿Qué tengo que pensar sobre eso? ¿Les parece que está bien que un funcionario del Ministerio del Interior le escriba a una chica que paró en la calle porque sí?”, preguntaba la muchacha.

Con el mensaje como prueba -que incluía el número de teléfono del autor y su foto en el perfil de WhatsApp- el viernes radicaron la denuncia en la seccional correspondiente. Ayer, el Ministerio del Interior comunicó que los dos policías fueron separados preventivamente de su cargo por “mal accionar y abuso de autoridad”, habiendo actuado por fuera de la Ley de Procedimiento Policial, mientras Asuntos Internos de la Policía indaga las dimensiones de las faltas. “La averiguación de datos de las personas que están usando cannabis no tiene que ver con la finalidad implícita de la ley, que no es criminalizar a los usuarios”, dijo a la diaria Martín Fernández, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, una de las instituciones que colaboraron en la elaboración del Protocolo de actuación sobre ley de marihuana y sus derivados, que está en circulación desde agosto del año pasado y que los dos oficiales se atrevieron a incumplir.