Ir al contenido

Internacional | Miércoles 06 • Julio • 2016

Manifestación contra la reforma laboral del gobierno, ayer, en París. Foto: Philippe Lopez, Afp

Sin el consentimiento

El gobierno francés impone por decreto la reforma laboral resistida por los sindicatos.

El primer ministro de Francia, Manuel Valls, anunció ayer que el proyecto de ley de reforma laboral será aprobado por decreto, a no ser que los detractores logren conseguir los votos necesarios para anteponer una moción de censura. De esta manera, el gobierno del presidente François Hollande evita someter la propuesta a votación en la Asamblea Nacional (que equivale a la Cámara de Diputados), donde enfrentaría a una mayoría que la rechaza, tanto en el oficialismo como en la oposición. Mientras, en las calles, miles de franceses volvieron a expresar su descontento.

La falta de apoyo a la reforma laboral en la Asamblea Nacional hizo que el gobierno francés recurriera nuevamente al artículo 49.3 de la Constitución, que permite suspender el trámite parlamentario de una ley y aprobarla por decreto, y que muchos califican de antidemocrático. La nueva legislación laboral, que lleva el nombre de la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, quedará aprobada, a menos que los sectores que se oponen introduzcan una moción de censura. El plazo para presentarla es de 24 horas a partir del momento en que terminó la sesión de ayer. Hasta anoche, la situación que se dibujaba era favorable al gobierno. En principio, porque el partido conservador Los Republicanos (LR), la primera fuerza opositora de Francia, anunció que no apoyará una moción. En mayo, ante una situación similar, los conservadores habían presentado una moción pero no lograron reunir la mayoría absoluta, a pesar del respaldo de la Unión de Demócratas e Independientes. Ayer, después de que Valls informara la decisión del Poder Ejecutivo, toda la bancada “republicana” se retiró de la sala. Antes, el jefe de la bancada de LR, Christian Jacob, explicó en la Asamblea Nacional por qué no apoyarán una moción de censura: “Decidimos frenar esta ridiculez y dejar a Valls en el medio del campo en ruinas que él mismo creó”.

La tarea también es difícil para los opositores de izquierda, que tienen que reunir las 58 firmas requeridas para abrir el proceso. En este último paquete están incluidos los legisladores disidentes del gobernante Partido Socialista (PS), que fueron amenazados con la expulsión y con no poder presentarse a las primarias de 2017 si apoyan una moción de censura. “Estamos frente a un muro de intransigencia”, dijo al respecto Laurent Baumel, uno de los diputados socialistas que buscan frenar la reforma laboral.

Los otros que apuestan a una moción de censura son los diputados del Frente de Izquierda y del partido Europa Ecologista-Los Verdes, aunque conscientes de que no cuentan con los apoyos suficientes. La formación ecologista dijo ayer que el texto de la ley atenta contra los derechos de los trabajadores y facilita indemnizaciones por despido sin crear nuevos empleos. “Recurrir a este artificio institucional para hacer adoptar un texto masivamente rechazado por la población y contrario a los compromisos que Hollande hizo durante su campaña presidencial sólo refuerza nuestra desconfianza en las instituciones”, afirmó la formación ecologista en un comunicado. El Partido Comunista y el Nuevo Partido Anticapitalista, en la misma línea, afirmaron que al recurrir al artículo 49.3 el gobierno se “encapricha en su autoritarismo”.

Valls, por su parte, lamentó la existencia de “una alianza de conservadores e inmovilistas”, en referencia a la derecha y a los disidentes izquierdistas, y acusó a los detractores de la reforma de no querer formar parte del “progreso social” del país. “Basta de jugar. Yo no juego. Asumo mis responsabilidades. El país debe avanzar”, dijo.

En caso de que no se apruebe ninguna moción de censura antes del plazo, el proyecto de la reforma irá a la cámara alta para una segunda lectura y, si hay discrepancias, pasará de nuevo a la Asamblea Nacional para su votación definitiva, prevista para el miércoles 20. En esa ocasión el gobierno podría recurrir nuevamente al polémico artículo.

Se trata de la cuarta vez que el gobierno de Hollande anula la posibilidad del voto parlamentario y opta por un decretazo para sacar adelante una reforma legislativa, lo que demuestra las dificultades en un partido de gobierno que atraviesa profundas rupturas internas en un año preelectoral. En este caso, la decisión tomó relevancia por tratarse de una reforma laboral que provocó un rechazo masivo, sobre todo a nivel sindical y estudiantil, y una catarata de movilizaciones callejeras que ya lleva cuatro meses.

Puertas afuera

Mientras Valls anunciaba que la reforma laboral se aprobaría por decreto, las calles francesas se convertían en el escenario de la decimosegunda movilización nacional desde que, a mediados de febrero, se filtraron las primeras líneas del texto. La marcha de ayer reunió, sólo en París, a 45.000 manifestantes, según los organizadores, y a 7.500, de acuerdo con la Policía. La Confederación General del Trabajo (CGT) -una de las principales centrales sindicales del país y la que encabezó todas las protestas- dijo que fue una de las menos concurridas y adjudicó la baja al comienzo de las vacaciones de verano en el país.

Algunos medios franceses informaron ayer que los manifestantes denunciaron el dispositivo policial que se montó para controlar la marcha. “[El dispositivo] Es casi una prohibición, si tenemos en cuenta la represión policial, la persecución y los cacheos”, dijo una militante del sindicato Fuerza Obrera al diario Libération.

Los siete sindicatos franceses que se oponen a la reforma laboral aseguraron ayer que no convocarán movilizaciones durante las vacaciones de verano -que duran hasta setiembre-, pero insistieron en que, de todas maneras, mantendrán actividades sindicales para mostrar su disconformidad. Entre otras, organizarán intervenciones en los peajes -aprovechando el flujo de aquellos que viajan- y en el Tour de France, aunque sin bloquear la competencia ciclista.

Antes de que los parisinos empezaran a marchar, el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, dijo que cuando el gobierno recurre al artículo 49.3 “reconoce de nuevo su fracaso” y la falta de apoyo en el seno de su propio partido.

De cara a las urnas

Falta menos de un año para las elecciones presidenciales en Francia y, aunque Hollande todavía no confirmó si se presentará para una reelección, sus niveles de popularidad vienen en descenso hace meses. Mientras tanto, la presión crece en el PS, que tuvo que anunciar elecciones primarias para principios de 2017, en las que elegirá a su candidato a la presidencia. El último sondeo de intención de voto, realizado por la empresa Elabe para el diario económico *Les Échos* y la radio Classique, muestra una caída en la intención de voto a Hollande. El actual presidente cuenta con 15% de las preferencias y se ubica en el tercer puesto. En el primer lugar se sitúa Marine Le Pen, la líder del partido de extrema derecha Frente Nacional, con 27% de apoyo, seguida muy de cerca por el ex presidente Nicolas Sarkozy, candidato de LR, que alcanza 25%. En cuarto y quinto puesto se encuentran el candidato del Frente de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon (12%), que ya confirmó su candidatura, y el del Movimiento Democrático, François Bayrou (11,5%), respectivamente. En este contexto, Hollande y Mélenchon -un antiguo legislador del PS que en 2008 se fue para crear el Frente de Izquierda- se dividen el voto de la izquierda. Y aunque el mandatario francés se encuentra por delante, su tendencia al descenso -tanto en la intención de voto como en las encuestas de popularidad- deja entrever que el orden podría revertirse en cualquier momento.

Etiquetas