La comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores acordó establecer modificaciones al proyecto de ley que regula la organización y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa se presentó en la comisión multipartidaria sobre seguridad pública, pero se acordó discutirla en el Parlamento. Los cambios terminarán de definirse la semana próxima, pero hay consenso en precisar algunos conceptos vinculados a las potestades del fiscal de Corte.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, explicó a la diaria que se acordó definir en la propia ley la integración del Consejo Consultivo Asesor (CCA) de la Fiscalía. El texto actual, en cambio, establece que tanto la integración como las competencias del consejo serán las que determine el fiscal de Corte “mediante acto administrativo”. En la sesión del 19 de julio, según consta en la versión taquigráfica, la senadora frenteamplista Daniela Payssé dijo que no le convencía esta formulación, y que prefería que la integración del CCA quedara establecida a texto expreso en la ley porque “es mucho más garantista”. El propio fiscal de Corte, Jorge Díaz, en la misma sesión, afirmó que compartía “totalmente” la preocupación e incluso propuso una integración tripartita del consejo para dejar sentada en la ley, que incluya a la academia, a la sociedad civil y a los fiscales.

También se intentarán precisar las “instrucciones generales” en materia de política criminal que el fiscal de Corte dará a los fiscales, en caso de aprobarse la ley. “Es delicado; hay que ver que no afecte la independencia técnica de los fiscales”, señaló Mieres. Este punto fue cuestionado por la Asociación de Fiscales del Uruguay, y defendido y clarificado por Díaz y funcionarios de la Fiscalía en la comisión.

La directora de la Unidad de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, Patricia Marquisá, señaló que las instrucciones tienen que ver con “el principio de unidad de acción” y remarcó que no se trata de “instrucciones que se den para ningún caso concreto” sino que deben ser generales, darse “por escrito” y ser comunicadas a todos los fiscales y también a la Asamblea General. “Puede haber instrucciones generales con relación a la aplicación de los principios de oportunidad o a la aplicación de las salidas alternativas, pero también pueden existir instrucciones generales que tengan que ver con la definición de la metodología de la investigación”, explicó. Otro acuerdo entre los legisladores de la comisión y el propio Díaz es que para el dictado de esas instrucciones, el asesoramiento del CCA sea preceptivo, como propuso el Colegio de Abogados del Uruguay.

Por otra parte, Díaz rechazó el aditivo propuesto por la Asociación de Fiscales, que dispone que el fiscal de Corte deberá “proteger a los Fiscales, conforme con las leyes y reglamentos por los ataques, injurias o difamación [de los] que puedan ser objeto a consecuencia del ejercicio regulador de su cargo”. “En la historia de la institución hay una contradicción que es patente. Cuando el fiscal actúa, dice: ‘Tengo independencia técnica y el jerarca no me puede decir nada’. Y creo que en el caso concreto eso está muy bien. Pero después, cuando vienen las consecuencias de esa actuación, sale corriendo a pedirle al jerarca que lo respalde. Me parece que el jerarca respaldará en aquellos casos en que entienda que tiene que respaldar, y no respaldará en los casos en que entienda que no tiene que hacerlo”, manifestó Díaz, que esta semana cuestionó la actitud de un fiscal que calificó como “incesto” y no como violación al abuso sexual de un padre hacia su hija de 13 años.

Todos de acuerdo

Otro proyecto tratado ayer por la comisión, y en este caso ya acordado en la multipartidaria, fue el “Plan integral de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”. Se acordó que esta iniciativa se vote en comisión el martes -sólo faltan “ajustes de redacción”, explicó la senadora Payssé-, para que pueda ser discutida por el plenario de la Cámara de Senadores el miércoles. “Tenemos apuro en sacarlo, porque es parte del paquete que se aprobó en la Torre Ejecutiva”, señaló el senador frenteamplista Rubén Martínez Huelmo. El proyecto plantea, entre otras disposiciones, la creación de un Comité de Seguridad para los Pasos de Frontera y la definición del delito de narcotráfico como inexcarcelable, con una pena mínima de dos años. La comisión recibió al subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, que presentó la iniciativa y aprovechó la instancia para cuestionar al senador nacionalista Luis Lacalle Pou y defender la política de seguridad que lleva adelante el ministerio. “Acá no hay soluciones mágicas. Acá hay mucho trabajo, compromiso de la Policía, aumento de la capacitación, asesoramiento desde el exterior del país, incorporación de tecnología de última generación”, enumeró Vázquez. “Si mañana ponen al Capitán América de ministro del Interior, probablemente haga lo mismo que estamos haciendo”, graficó.

El subsecretario sostuvo que en la campaña electoral Lacalle Pou prometió que en un año cambiaría la situación de seguridad del país, y pese a que tenía “la oportunidad” de presentar su propuesta en la comisión, “no lo hizo”. “No sabemos cuál es la propuesta de él” y “la estamos esperando”, manifestó Vázquez, y agregó que los aportes del Partido Nacional “se basan fundamentalmente en el incremento de penas”.