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Nacional | Viernes 08 • Julio • 2016

Vas para la jaula

El grupo técnico asesor de la Comisión Interpartidaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana acordó ayer un proyecto de ley que establece la inexcarcelabilidad de los homicidios intencionales. El texto será aprobado en la próxima sesión de la comisión, el martes 12, y luego será enviado al Parlamento para su votación.

El proyecto eleva la pena mínima de este delito de 20 meses de prisión (excarcelable) a 24 de penitenciaría (inexcarcelable) y establece algunas salvedades en las que no se aplicará este cambio. El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala (Alianza Nacional) explicó que las excepciones se utilizarán si se aplica la figura de la “legítima defensa incompleta” o el “dolo eventual”. La primera implica que la persona actúa “en el contexto de otro delito”, y la segunda, que no actúa directamente para dañar, sino que lleva adelante una acción con otras finalidades que representan la posibilidad de un resultado dañoso.

La comisión también terminó de acordar el proyecto que establece que es “muy especialmente agravado” el homicidio si es cometido contra policías, fiscales y jueces. El Partido Nacional pretendía que este agravante se extendiera a los trabajadores de la seguridad privada, pero el Frente Amplio rechazó la iniciativa. Tampoco hubo acuerdo con la propuesta del Partido Nacional de considerar agravante del delito de homicidio el hecho de que sea cometido contra un trabajador, ya que tanto el Frente Amplio como el gobierno entendieron que la actual legislatura ya lo establece así.

Lo que generó más rispidez en la reunión fue el comienzo del tratamiento de un posible código de responsabilidad infraccional adolescente. “Insistimos en revisar las penas mínimas y máximas”, dijo Abdala. El Partido Nacional propone que en casos de delitos muy graves cometidos por menores de 18 años se establezca una pena mínima de dos años y una máxima de diez, pero según agregó el legislador, tanto el gobierno como el Frente Amplio se mostraron reticentes al aumento de las penas. “Esto es muy elocuente, e indica que los temas de discusión se van agotando y que los acuerdos que se podía alcanzar se alcanzaron”, reflexionó, y agregó que “el gobierno vino con un proyecto sobre niñez y adolescencia, pero en lo que refiere a normas procesales”. El Partido Nacional mostró su disposición a analizar el texto, pero respondió que el mejor lugar para hacerlo era el Parlamento, ya que su estudio requería una tarea “típicamente legislativa”.

La senadora frenteamplista Daniela Payssé dio otra versión de los hechos. Según dijo, un código de este tipo debería incluir “los grandes principios, las medidas socioeducativas, todo lo vinculado a las infracciones y los procedimientos, y como no se puede avanzar en los cuatro aspectos al mismo tiempo, ayer buscamos avanzar en este último punto”. La legisladora de Asamblea Uruguay argumentó además por qué consideró oportuno comenzar por allí: “Teniendo fresca la reciente aprobación de un Código del Proceso Penal de adultos, esto también forma parte de una nueva realidad procesal penal. Sería ridículo cambiar el código de adultos y mantener sólo el de adolescentes”.

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