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Nacional | Jueves 18 • Agosto • 2016

Actos de violencia en jóvenes alumnos

Legisladoras presentan dos proyectos de ley para combatir el bullying.

Intimidación, hostigamiento, acoso y matonismo son los términos que ofrecen los diccionarios de Oxford y de Cambridge. Pero en criollo, bullying se puede traducir como “cazar de punto” o, más contemporáneo, “descansar”.

“Terrorismo silencioso que cobra cientos de víctimas” es la descripción que prefiere la diputada blanca Lourdes Rapalin. En su exposición de motivos aporta datos de un informe de la Organización de Naciones Unidas de 2011: la mitad de los alumnos latinoamericanos de sexto año de primaria lo sufre, y la tercera parte de los escolares uruguayos dice haber sido objeto de maltrato verbal, lo que ubica a Uruguay en el cuarto lugar de la lista, después de Argentina, Perú y Costa Rica. Las consecuencias del bullying a largo plazo, según la argumentación, van desde trastornos de ansiedad y agorafobia hasta la inclinación a delinquir. Según datos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), 91% de los liceales vio peleas entre compañeros, 71% dijo haber sufrido agresiones verbales y 61% admitió haberlas cometido.

El proyecto de ley de Rapalin, presentado el 10 de agosto, propone un primer conjunto de medidas de prevención que incluyen capacitación para el personal de los centros, talleres con los alumnos, elaboración de protocolos y la promoción de pares “entrenados especialmente que monitoreen y denuncien posibles conductas de bullying”. Siguen acciones de protección, como el cambio de clase o las suspensiones para los hostigadores, y apoyo docente y familiar para las víctimas. El proyecto obliga a que se denuncien los procedimientos necesarios en la Justicia civil o penal en casos de lesiones o estrés postraumático. Los encargados de aplicar las normas serían los jerarcas del Ministerio de Educación y Cultura y el Consejo Directivo Central de ANEP.

Al día siguiente, el 11 de agosto, la diputada tacuaremboense colorada Susana Montaner presentó otro proyecto -que ingresó y se encajonó en la legislatura anterior- con algunos puntos similares y otros distintos al de Rapalin. Además de incluir el acoso mediante celulares y redes sociales como Facebook, Twitter, Snapchat o Whatsapp (algo conocido como ciberbullying), cita datos de una investigación de 2013 de la Universidad de Montevideo: 71% de las agresiones a los alumnos tienen lugar en los salones de clase.

Este segundo proyecto comprende a los ámbitos educativos pero también a clubes y otros establecimientos en donde participen niños, niñas y adolescentes. Se considera de especial gravedad la violencia física y psicológica que pudieran ejercer los integrantes de los establecimientos en cuestión, que deberán informar de cualquier acto de bullying del que tengan conocimiento, según un procedimiento que vendrá con la reglamentación de la ley, a cargo del Poder Ejecutivo. El proyecto obliga a que cada centro educativo lleve un registro de los actos de violencia; no establece medidas correctivas pero sí prohíbe que sean violentas, crueles y humillantes. El responsable de los controles sería el INAU.

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