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Nacional | Miércoles 10 • Agosto • 2016

Denise Cook y Gabriela Fulco, ayer, en las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Foto: Santiago Mazzarovich

Al grito de la tribuna

Fulco dijo que debido al recorte presupuestal, INISA deberá funcionar con un presupuesto “mínimo crítico”.

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) firmó ayer un memorándum de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se trata de “un marco de cooperación” para “avanzar en la protección de los derechos humanos, para que no queden como letra muerta”, dijo la presidenta del INISA, Gabriela Fulco.

La coordinadora residente de ONU en Uruguay, Denise Cook, sostuvo que “hay demasiados jóvenes que están privados de libertad sin que antes sea probado otro tipo de medidas comunitarias, de reparación a la víctima”, y entiende que el “recurso de reclusión es casi inmediato”. Cook agregó que “los edificios en los que se recluye a los jóvenes y los sistemas de educación y sanitario son bastante deficientes y hacen que los jóvenes no se rehabiliten realmente, es decir, que muchas veces salgan en condiciones iguales o peores que cuando ingresaron”. Fulco coincidió con Cook y calificó al sistema penitenciario adolescente de “totalmente deficitario en todas las áreas”; aseguró que “ningún centro reúne las condiciones para gestionar la privación de libertad de jóvenes; cada uno tiene una carencia diferente y globalmente no se adaptan a lo que pretendemos y lo que han de ser para cumplir con la protección de los derechos humanos y la dignidad de los jóvenes”. Además, indicó que debido al recorte presupuestal, el INISA deberá funcionar con un presupuesto “mínimo crítico”: “Se trata de carencias que llevan a mantener una condición de sistema por debajo del estándar de dignidad en las condiciones de reclusión”. En ese sentido, preguntó: “¿Quién se responsabiliza de enviar niños y adolescentes a un sistema en el que las condiciones de internación tienen carencias de hábitat, salud, alimentación personal y un estado deficitario general?”. Sin embargo, afirmó que su gestión ha avanzado en “el área de rehabilitación”. Cook también se refirió al modelo de reclusión, dijo que es “desactualizado” y carece de una “sistematización” que permita, por un lado, “proveer un ambiente positivo de crecimiento” para el adolescente preso y, por otro, que los jueces “puedan decir ‘este joven cometió un error, veamos qué hay en su propia comunidad que lo pueda acompañar en este proceso’”, y así se apueste a una medida alternativa a la prisión.

En ese sentido, Fulco informó ayer que a la fecha había 447 adolescentes recluidos en los centros de privación de libertad del INISA: nueve en Lavalleja, cuatro en Soriano y el resto en Montevideo y la Colonia Berro, en Joaquín Suárez, Canelones. Hay sólo 14 mujeres presas y 280 adolescentes que cumplen medidas no privativas de libertad, 87 de ellos en Montevideo.

Fulco interpretó los números y concluyó que hay un “desbalance importante entre la privación de libertad y las medidas no privativas de libertad”. Aseguró que “en el sistema de reclusión hay casos que podrían transitar la medida alternativa y que progresarían de mejor forma”; señaló que la decisión recae en el Poder Judicial. En conferencia de prensa, aclaró que el impacto de la reclusión es diferente en cada individuo, “hay algunos en los que el daño que genera la institucionalización puede no ser superado el resto de su vida”, y otros casos en los que “se sobrelleva de otra manera”, cuestión que dependerá de los “aspectos personales y de resiliencia de cada uno”.

Fulco aseguró que el propósito de su gestión es “revertir esa balanza”. Para lograrlo, pidió ayuda: es “impensable” que las respuestas y soluciones a una “realidad social de alta complejidad se restrinjan y reduzcan a la capacidad de recursos de una sola institución, en tanto hubo un antes de la privación de libertad, un durante y habrá un después”, explicó.

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