Ayer la sala Camacuá de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) albergó a delegados e integrantes de las comisiones representativas de la banca oficial y de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), que continuaron dialogando sobre la renovación del convenio colectivo del sector, estancado por el momento. Las negociaciones se trancaron luego de que la asamblea del 7 de mayo resolviera rechazar el preacuerdo que los negociadores firmaron con el gobierno para renovar el convenio colectivo del sector.

Esa asamblea también aprobó una serie de mociones que implican agregar demandas a la negociación con el gobierno, que debió volver a empezar. Desde entonces hubo seis reuniones, pero según manifestaron en diversas ocasiones integrantes del gremio, “no fue posible avanzar en ningún sentido”.

Sin embargo, el tiempo apremia, ya que en la última reunión el Poder Ejecutivo le planteó al gremio “un ultimátum”. Según dijo a la diaria Álvaro Pévere, integrante del Consejo de Banca Oficial de AEBU, este se habría refijado para el 31 de agosto; las autoridades no estarían de acuerdo en seguir negociando a partir de esa fecha. “Lo que dice el Poder Ejecutivo es que en esa fecha o se renueva el convenio así, pelado, sin mejoras, digamos, o se pone por última vez arriba de la mesa el preacuerdo”, explicó.

Ayer los consejeros del Sector Financiero Oficial informaron a los presentes acerca del estado de las negociaciones para la renovación del convenio, de la propuesta del gobierno en esta materia y de lo resuelto el martes por la conducción. “La idea era traer insumos para luego continuar con asambleas en el interior y trabajar rumbo a la asamblea general ya con un paro de 24 horas definido”, estableció Pévere, aunque aún no se fijo una fecha para esa medida.

El martes, el consejo del sector presentó una moción que refiere a “trancar a los bancos oficiales y la ANV en los lugares estratégicos, para dificultar la operativa”, pero esa propuesta no fue aprobada. Ahora se manejan tres opciones: renovar el convenio “a tapa cerrada”; profundizar progresivamente las medidas de movilización luego del 31 de agosto; y profundizar la negociación sobre las bases del preacuerdo, escenario que recoge la intención mayoritaria, según Pévere. “Somos conscientes de que la profundización de las medidas distorsivas iría en contra de los acuerdos que han sido prorrogados y podría acabar con la negociación con el Poder Ejecutivo”, agregó.

Si bien el preacuerdo “tiene un montón de beneficios”, Pévere sostuvo que hay un “elemento distorsivo” para la gremial: la extensión de la jornada laboral de seis horas y media a ocho. Por este motivo, el plan consiste en realizar reuniones con “directorios de algunos bancos”, a efectos de buscar una redacción sobre este punto y llevarla para que se discuta en la próxima asamblea. “La actitud del Poder Ejecutivo no se ha modificado, entonces estamos buscando alternativas”, explicó Pévere.

En principio, se establecerán reuniones con el directorio del Banco de Seguros del Estado y del Banco Hipotecario del Uruguay -“donde está el núcleo más duro del tema de la extensión horaria”-, posiblemente con la presencia de delegados del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para definir más concretamente para qué y dónde se pretende esta ampliación horaria como mejora de la gestión y de la competencia, y qué cantidad de trabajadores se necesitaría para llevarla a cabo.

“Lo que queremos evitar es que ese punto se incluya en el convenio abierto, que sea para todos los bancos y que se deje a criterio de las empresas; por el contrario, queremos que se discuta con el sindicato, en la medida en que se necesite la extensión horaria”, explicó. Pévere considera que ese sería “un avance importante a considerar en asamblea en los próximos 30 o 45 días”.