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Ahora | Martes 23 • Agosto • 2016

María Julia Muñoz. Foto: Santiago Mazzarovich (archivo, junio de 2015)

Clase de conflictividad

Muñoz consultará al Codicen sobre la lectura en las aulas de una declaración que realizará Fenapes.

La decisión de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) de leer una proclama crítica del presidente Tabaré Vázquez mañana, en las aulas de clase, ya generó reacciones en las autoridades de la educación.

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo a Montevideo Portal que se pondrá en contacto con las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública respecto a la legalidad de la medida y evitó pronunciarse hasta pronto. Respecto a la eventual confirmación de que la medida es ilegal, sostuvo: “creo que los profesores, aunque haya propuestas bastante fuera de lugar, si entienden que no es correcto, no lo van a hacer. Los niños no son rehenes de ninguna situación que tengan los adultos”.

En tanto, Robert Silva (Partido Colorado), consejero del Codicen en representación de los docentes, dijo a Radio Sarandí que el artículo 58 de la Constitución, que establece que “en los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena al a función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie”. A pesar de esta mención, sostuvo que el tema está dentro de la órbita del Consejo de Educación Secundaria.

La situación se generó luego de que en el sitio web de Fenapes apareciera una encomendación a sus afiliados a dar “la más amplia difusión” de una declaración cuestionadora del gobierno de Tabaré Vázquez, según publicó el diario El País. Allí, se pide “en especial dar lectura a la misma el 24 de agosto en las aulas”. La declaración cuestiona el decreto de esencialidad en la educación firmado por Vázquez hace un año, que “no fue más que un recurso extremo del gobierno para mantener una insuficiente asignación presupuestal que nos condena a mantener edificios en pésimas condiciones, liceos con una cantidad insuficiente de funcionarios y docentes mal retribuidos”. Los firmantes de aquel decreto, dice la declaración, “se colocaron, junto a los interventores de la enseñanza de la década de los 70, como protagonistas de una de las páginas más tristes en la historia de la educación pública nacional”. La declaración se leería a un año de que se firmara dicha esencialidad.

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