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Nacional | Jueves 25 • Agosto • 2016

Con la diaria del lunes

Recibimos y publicamos.

Dice el matutino cooperativo que “unos 500 productores lecheros de 17 departamentos del país se reunieron el viernes [19 de agosto] en la localidad de Capurro, departamento de San José, para analizar la ‘crítica’ situación del sector”.

El miércoles 17 se le dio difusión a un comunicado de Casa Grande San José, un sector del Frente Amplio, que se titula “Sobre las dificultades del sector agropecuario”, en el que se señala: “Respecto a los precios internacionales, el frío y la lluvia, ¿qué puede hacer el gobierno?” Y a continuación se pregunta: “En épocas de vacas gordas -una década muy buena- el sector ¿tomó las previsiones adecuadas para tiempos complicados?”.

Basado en el portal de Radio 41, la diaria afirma que en la declaración final los tamberos aseguraron: “De no tomarse medidas de gran impacto, el desmantelamiento de la lechería es inminente”. La declaración establece que “se hace insostenible la grave crisis por la que atraviesa el sector agropecuario en su conjunto, como consecuencia de los problemas coyunturales del precio internacional y de mercado, los altos costos estructurales del Estado uruguayo reflejados en la carga impositiva, el costo de la energía y el combustible, que son los más caros de la región, todo lo cual provoca una gran falta de competitividad que dificulta el normal desempeño de los procesos de producción”. También plantea “el aumento del endeudamiento agropecuario” y la pérdida de capital por parte de los productores lecheros.

En el comunicado del sector de izquierda se advierte: “Un estudio reciente muestra que, para un tambo promedio, la estructura de costos es la siguiente: los combustibles son el 4%, la energía eléctrica 4%, la mano de obra asalariada un 14%, los arrendamientos 7% y la alimentación de los animales es más del 50%. Esto porque pasamos de un sistema pastoril a uno basado en el uso de alimentos concentrados. Hay que discutir el modelo productivo, vendiendo la leche a 45 centavos de dólar era negocio producir con estos costos. Con los valores actuales (25 a 30 centavos), los números se complican”. La carga impositiva del sector es muy inferior a la de otros de la economía.

En la actividad estuvo el intendente de San José, José Luis Falero, que dijo: “Hoy el campo está necesitando una mano, y creo que hay que ser duros y concretos en la solicitud. Hemos subsidiado empresas fundidas. ¿No podemos darle una solución al sector productivo?”.

Según El País, Carlos Enciso, intendente de Florida, afirmó: “Esta crisis es más profunda que cualquiera de las que ha habido. Es estructural, interna”. Pintó un panorama preocupante del sector lechero. “¿Cuántos peones rurales han ido al seguro de paro en toda la cuenca lechera en función de cierres de tambos como no se veía antes? ¿Cuántos productores han cerrado? ¿Cuántos están esperando que la leche suba de nueve a los diez pesos para irse de la actividad y que no sea la pérdida tan grande?”.

Afirmar que se cierran los tambos “como no se veía antes” sólo puede referirse a la década de 2005 a 2015, que para el sector fue excelente. En general, los tambos chicos son una actividad familiar, sacrificada, a cargo de gente con un promedio de edad alto, que se va retirando sin encontrar recambio en las nuevas generaciones. Hay muchos aspirantes a tamberos, pero no tienen el capital necesario. Tierra, animales, maquinaria, vivienda, instalaciones, capital de giro: ¿cómo se accede a eso cuando lo único que se tiene es ganas de trabajar y aptitud para la tarea?

Según El Espectador, el intendente de Florida “pidió una plataforma común para defender al sector”. Algún testigo entiende que en realidad Enciso preguntó: “En concreto, ¿ustedes qué reclaman?”.

El comunicado de los frenteamplistas acepta “los bajos precios internacionales, las condiciones climáticas adversas y los altos costos de producción” como una realidad, y recuerda: “Desde fines de 1990 hasta el 2004 las gremiales reclamaban desesperadamente la suspensión de ejecuciones, lo que indica que el endeudamiento era alto y generalizado; la leche valía siete centavos de dólar. Hoy el BROU tiene 999 clientes lecheros de los que sólo el 4% tiene un atraso de más de 60 días. Además hay 130 créditos en ‘Microfinanzas’ con menos del 4% de atraso. El 96% de los productores lecheros está al día”. Los redactores del documento sostienen que es difícil tener buena información sobre el endeudamiento con proveedores y la banca privada. Los lecheros remitentes a Conaprole se proveen, en general, en Prolesa, y los pagos se descuentan de la remisión. Su percepción es que la deuda está concentrada en pocos productores, posiblemente más vinculados a los granos que a la leche o la carne.

En los últimos años, con un clima benigno y el impulso de un modelo altamente productivista, se aumentó mucho la carga animal en los campos. Este año, con un invierno muy duro, se generan problemas productivos y sanitarios, lo que se traduce en una merma en la producción y en un aumento del descarte de animales.

Hay muchos pequeños y medianos productores que no están mal, que no se quejan y viven mucho mejor que hace 20 años.

Casa Grande recuerda: “Cuando el Frente Amplio asumió el gobierno, para sacar a los productores del endeudamiento tomó, entre otras, las siguientes medidas: Se pararon las ejecuciones. Se canceló la deuda a los productores más chicos. Los más grandes fueron considerados caso por caso, con quitas hasta del 70%. A lo largo de los gobiernos del Frente Amplio hubo planes de apoyo a la producción, por ejemplo: Proyecto Uruguay Rural, Proyecto Producción Responsable, Proyecto Ganadero, Desarrollo Rural, Descentralización, etcétera. Esto significó un aporte no reembolsable al sector agropecuario de US$ 35.000.000. Y no estamos contabilizando el aporte de Colonización y MEVIR [Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural], por ejemplo”.

“Ante la situación de dificultad el gobierno recientemente dispuso: Exoneración de Iemba [Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios] por un año a los pequeños productores lecheros. Aplazamiento del pago de amortizaciones de los créditos en el BROU. Se postergó, por un año, el pago de las raciones distribuidas cuando la seca del 2015. Nuevo financiamiento que utiliza como garantía a las terneras y vaquillonas de reposición”.

El comunicado concluye: “Para Casa Grande, como para todo el Frente Amplio, la producción lechera es de suma importancia económica y social. Nunca en la historia del Uruguay hubo un gobierno que apoyara más la producción rural. Consideramos que no hay crisis pero sí dificultades, en particular incide un invierno severo y el modelo productivista que impone una estructura de costos insostenible frente a la baja de los precios internacionales”.

Consejo Nacional de Gobierno 1963-1967

Durante el segundo período de gobierno blanco (1963-1967) fue ministro de Ganadería y Agricultura Wilson Ferreira Aldunate. Sus ideas no pudieron concretarse, por la oposición de los sectores conservadores, que conformaban una amplia mayoría parlamentaria. Lincoln Maiztegui Casas, en su obra Orientales: una historia política del Uruguay, lo resume así: “[...] se confeccionó un mapa de suelos de todo el país, se realizó un relevamiento aerofotográfico [...] y sobre la base de ese conocimiento, se formuló un ambicioso plan de recuperar la estancada producción agropecuaria que se tradujo en 7 leyes: de Semillas, de Forestación, de Conservación de suelos y aguas, de Fertilización, de Cooperativas, de Procedimientos y sanciones para infractores a las disposiciones sobre comercialización y la más importante y removedora de todas ellas: la Ley de Reforma de las Estructuras Agropecuarias, que entrañaba un cambio fundamental. [...] Su texto alertaba respecto a que de las 16.500.000 hectáreas productivas que poseía el país, 13.900.000 estaban afectadas por problemas de estructura [...]”. (Problemas de tenencia que afectaban la explotación).

La ley “establecía un impuesto a la baja producción y a la acumulación de tierras. [...] dicha medida fiscal podía llegar hasta el 80% del valor del fundo sobre el que se aplicaba”. Se pretendía que el impuesto a la renta establecido por el gobierno anterior fuera otra forma de desalentar la tenencia improductiva. Las medidas contra el latifundio tendrían, en el proyecto de Ferreira Aldunate, un correlato en políticas para solucionar el problema del minifundio, al que consideraba muy grave. ¿La tierra para el que la trabaja? El potencial transformador de estas y otras medidas importantes que impulsó el ministro se vio limitado por la sequía de 1965, pero mucho más por la oposición de los intereses a los que afectaba. Las leyes fueron aprobadas en el Consejo de Gobierno, pero no en el Parlamento.

Los líderes blancos de ahora no son como los de antes.

David Rabinovich

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