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Internacional | Viernes 19 • Agosto • 2016

Cuenta nueva

La Corte Suprema de Justicia argentina anuló el “tarifazo” en el gas impuesto por el gobierno de Macri.

En un fallo unánime, la Corte Suprema de Justicia de Argentina anuló el aumento en las tarifas de gas que el gobierno del presidente Mauricio Macri impuso en abril y estableció que para la fijación de nuevos precios son obligatorias las audiencias públicas. La medida, que supone un revés para el gobierno, se aplica únicamente a usuarios residenciales.

La Corte Suprema argentina invalidó ayer el aumento en las tarifas del gas que estableció el gobierno de Macri en abril. El fallo establece que las tarifas de los usuarios residenciales deben “retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto por las resoluciones que se invalidan”, establece el texto, difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ). Esto significa que las tarifas del gas deberán volver a los valores vigentes al 31 de marzo.

La medida no abarca a usuarios comerciales e industriales, porque la corte entiende que “deben existir intereses individuales homogéneos”, según informó el CIJ. “En el caso, el único grupo homogéneo que reúne los elementos definidos es el de los usuarios residenciales”, porque son “ciudadanos a quienes les resulta difícil hacer una demanda por sí mismos y por eso se afecta el acceso a la Justicia y pueden ser representados en una sentencia colectiva”, explicaron los jueces.

Con la decisión anunciada ayer, el máximo tribunal confirmó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que declaraba, para todo el país, la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía que establecieron las nuevas tarifas.

La otra gran parte de este fallo refiere a las audiencias públicas, una instancia de participación ciudadana prevista por la Constitución y que el gobierno se salteó cuando impuso el “tarifazo”. Al respecto, los jueces argumentaron que la audiencia pública es “un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas”. Al incluir este punto, la corte coincide con la recomendación elevada el miércoles por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien insistió en que las audiencias públicas previas son necesarias para garantizar “el derecho constitucional de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores”.

El fallo de la Corte Suprema “no es el escenario más negativo que se podía haber dado”, dijo ayer el jefe de gabinete argentino, Marcos Peña, en una conferencia de prensa que brindó para manifestar la postura del gobierno ante la sentencia. Anunció que hoy mismo el gobierno convocará a audiencias públicas “en el plazo mínimo que permite la ley”, y adelantó que esa instancia podría tener lugar en tres semanas.

Por otra parte, Peña dijo que, con este fallo, los fondos previstos para “reducir el déficit” fiscal habrá que “sacarlos de otros lugares”, como la “obra pública y otros gastos”. En la conferencia también habló el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien aseguró que “de ahora en más” el gobierno convocará a audiencias públicas. Adelantó que tomarán la misma medida con el aumento de las tarifas en la electricidad.

La oposición argentina, en tanto, celebró en los medios y en las redes sociales el anuncio de la Corte Suprema. “Estoy satisfecho con el fallo. No va a haber excusa, deberán cumplir la resolución. Es imperativo, no es un consejo”, dijo al canal América el jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria (FPV), Héctor Recalde. La decisión “termina con la angustia del pueblo argentino”, agregó. Por su parte, el diputado por el Frente Renovador José Ignacio de Mendiguren declaró a la radio Belgrano que el fallo era lo que estaba esperando. “Este tema era de una decisión política, no técnica ni jurídica. En varios aspectos esto es muy confuso y está mal manejado. Incluso en la misma audiencia de Aranguren en el Congreso, hasta el mismo oficialismo reconoció que hubo impericias técnicas y políticas”, concluyó el legislador massista.

El kirchnerista Fernando Navarro, referente del Movimiento Evita, dijo que la decisión de la Corte Suprema de “frenar el tarifazo” supone una “derrota para el gobierno de Macri” y el “triunfo de la movilización y lucha del pueblo argentino”. Navarro agregó en Twitter: “Ahora el desafío lo tenemos la oposición. El Congreso, donde tenemos mayoría, debe resolver la crisis de las tarifas priorizando los intereses de nuestro pueblo y no los de [la multinacional petrolera] Shell”.

Antes de que el máximo tribunal anunciara su decisión, la diputada de Generación para un Encuentro Nacional, Margarita Stolbizer, criticó al gobierno por elegir el camino de la “ilegalidad” en este asunto. “El aumento de las tarifas no sólo es brutal, sino ilegal. Sobre todo en el gas”, dijo. A su entender, se debe a una actitud terca que se haya mantenido la situación “en la ilegalidad que significa que no se hayan hecho audiencias públicas”, según citó el diario La Nación. Stolbizer cuestionó además la actitud de algunos miembros del gobierno, que “vienen ejerciendo una presión sobre la Corte que es peligrosísima”.

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