El juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, avanzó otro paso ayer, cuando la comisión del Senado encargada de ese proceso elevó al Plenario un informe que recomienda su destitución. El martes, el Plenario de la cámara decidirá si acepta los cargos contra la mandataria suspendida desde mayo.

El debate en la comisión se desarrolló el miércoles y enfrentó a una minoría de defensores de Rousseff con una mayoría decidida a condenarla. Entre los 21 integrantes de la comisión hubo ayer 14 votos que respaldaron el informe y sólo cinco que se pronunciaron en contra de las conclusiones del instructor del proceso, Antônio Anastasia. De acuerdo con este senador, Rousseff cometió un “delito de responsabilidad” porque manipuló las cuentas fiscales para presentarlas saneadas y contrató préstamos con bancos estatales sin pasar por el Congreso. Con esas conclusiones, Anastasia recomendó la destitución.

Los partidarios de Rousseff en la comisión niegan los cargos y argumentan que el impeachment no es más que un golpe de Estado encubierto. Por su parte, el abogado que defiende a la presidenta, José Eduardo Cardozo, reiteró en la comisión que los cargos que enfrenta no son más que “faltas administrativas” y dijo que Anastasia “ignoró” en su informe diversas pruebas a favor de Rousseff.

Parte del debate en la comisión se refirió a los tiempos en que se desarrollará este proceso. El senador Cássio Cunha Lima, del Partido de la Social Democracia Brasileña, pidió que se acelere, porque “ya cansa a la población”. Según citó la agencia de noticias Efe, Cunha Lima dijo que “hay un país que sangra, en crisis económica, que ya no soporta más este juicio”.

Para quienes se oponen al impeachment, los intentos de acelerarlo responden a intereses del presidente interino, Michel Temer. El senador Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores, dijo que Temer “presiona” y “maniobra” para que termine lo antes posible, y lo hace con la expectativa de que la destitución lo confirme en el cargo a tiempo para “viajar a la Cumbre del G20”.

Farias agregó: “Es el presidente usurpador quien en realidad quiere que se acelere este juicio, para perpetuarse en el poder ilegítimo que ejerce ahora”. Tal como suele repetir la presidenta suspendida, el senador dijo que sus defensores “lucharán hasta el fin” para evitar lo que consideran un golpe de Estado.

Cuando el martes el Senado trate el informe de la comisión se necesitarán 41 votos en un total de 81 para que el juicio pase a la siguiente etapa, la de la votación definitiva que puede determinar la destitución. Se prevé que esa sesión del Senado se convoque para fines de agosto y tome varios días. En esa instancia se requieren 54 votos para que la destitución de la presidenta sea un hecho. Los partidos contrarios al gobierno de Rousseff dicen que ya superaron esa cantidad de senadores favorables a la destitución, y lo mismo concluyen sondeos publicados por medios brasileños.