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Nacional | Jueves 04 • Agosto • 2016

Da igual

Beraca recibe “derivaciones” de personas de instituciones públicas, a pesar de que carece de control estatal.

La Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) fiscalizó dos empresas de los hogares Beraca gestionados por la organización civil Esalcu, el “brazo social” de la iglesia Misión Vida para las Naciones, a raíz de dos denuncias que se presentaron por violación de la normativa laboral. Gerardo Rey, director de la Inspección, no constató que las personas allí empleadas estuvieran trabajando al margen de la ley, sino que había un “vacío” normativo respecto de los límites de la Ley de Voluntariado, legislación en la que se ampara Beraca para llevar adelante los emprendimientos productivos. Además, Rey aseguró que, “de alguna manera”, “las actividades” de Beraca están “legitimadas” por “sentencias judiciales”, y puso un ejemplo: “Un menor entró en conflicto con la ley, va al juzgado y el juez dispone su internación en el ex Sirpa [actual Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente], el defensor ofrece como alternativa que vaya a Beraca”. Los hogares Beraca no son supervisados ni fiscalizados (a menos que sea a raíz de una denuncia) por ningún organismo estatal; sin embargo, tal como dijo Rey, reciben “chicos” derivados de la Justicia, pero también del Ministerio de Desarrollo Social, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), del Ministerio de Salud Pública y del hospital Vilardebó, aseguró a la diaria el coordinador de los hogares, Mario Pirán. También confirmó que por cada derivación hay “un referente” que pone el organismo y que “sigue” el caso en particular, pero no supervisa a la organización. “Cuando llega una derivación se entrevista [a la persona], si evaluamos que su perfil se adapta al nuestro, lo ingresamos y hacemos un informe que va a la gente que lo derivó para que haga el seguimiento”. Además, aseguró que tienen documentación que ratifica cada derivación, que presentarán ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, que comenzó a analizar el “tema Beraca” a raíz del programa del 1º de junio de Santo y seña, en el que se realizaron varias denuncias de violaciones a los derechos humanos. La presidenta de la comisión, Bertha Sanseverino, dijo ala diaria que “el Estado los avala mandándole gente [...] y el Estado incumple” con garantizar el ejercicio de derechos.

Las personas que llegan a Beraca generalmente tienen problemas de consumo abusivo de drogas, están en situación de calle o sufren violencia sexual, doméstica, son personas “vulnerables” que llegan a las puertas de la organización para “sanar” mediante el amor a Dios, la contención “familiar” y el trabajo. Pirán especificó en qué sentido “ayudan” a la persona que llega por una derivación: “Pongamos el caso de uno que cometió un delito por primera vez, alguien que robó, pero su problema no es que sea ladrón, sino que robó para consumir; entonces, el juez considera mejor que se interne en Beraca a que vaya al Comcar”. Aclaró que Beraca no es un “centro de rehabilitación”, sino “una institución que está para ayudar a la sociedad”; también dejó en claro que no tienen ningún tipo de “convenio” o “protocolos” para llevar a cabo un tratamiento de desintoxicación, por ejemplo.

Los únicos convenios que Beraca tiene con el Estado son por dos Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) en Bella Italia, Montevideo, y otro en Pan de Azúcar, Maldonado. Por otro lado, Esalcu tiene varios comedores en todo el territorio nacional, y tiene convenios con intendencias que financian, en parte o totalmente, alquileres de locales donde funcionan los hogares o comedores, que patrocinan eventos cuya recaudación va para Beraca, etcétera.

Raúl Oxandabarat, vocero del Poder Judicial, explicó a la diaria que efectivamente existe la posibilidad de que los jueces impongan a la persona enjuiciada medidas de “internación” en organizaciones sociales, como Beraca, “que le permitan superar sus problemas”, pero aclaró que no son sentencias de condena. Oxandabarat desconoce si hay resoluciones que avalen la internación en Beraca; dijo que para conocer a ciencia cierta si existen resoluciones de ese tipo, habría que preguntarle a cada juez del país, ya que la información no está sistematizada. Sin embargo, le consta que “hay muchas organizaciones que le avisan a la Justicia que están en condiciones de prestar tal servicio, entonces los jueces pueden tomar la decisión de transferir la responsabilidad a estas”, afirmó.

Historias de vida

Pirán contó que cuentan con casos de, por ejemplo, gente en régimen de arresto domiciliario, y que la Justicia determinó que terminara de cumplir la medida alternativa a la prisión en Beraca. “Pasó con un señor que estaba cumpliendo el arresto en la casa de la hermana, y la hermana se mudaba a un apartamento donde el hombre no entraba, no tenía con quién quedar; entonces lo trajeron para acá”. También contó que el INAU, en coordinación con el Poder Judicial, les “mandó a una mujer a la que le sacaron los hijos porque estaba en la droga y estaba vulnerando los derechos de los hijos. La mujer vino, se está recuperando, y la Justicia resolvió devolverle a los hijos mientras esté con nosotros”. En ese sentido, Pirán afirmó que en el último año su organización y el INAU han mantenido “muchas reuniones” en busca de un acuerdo para “trabajar en conjunto” y elaborar un convenio. Alrededor de 70 niños viven en los hogares Beraca de forma irregular, aunque no ilegal.

Pirán aseguró que Beraca y el Estado se “complementan”: el Estado “necesita algo y estamos nosotros para ayudar. Igual que una familia que llega y no saben qué hacer con el pibe, cómo ayudarlo, vienen acá y nosotros nos hacemos cargo, los ayudamos; pasa por ahí la cosa”, aseguró.

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