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Internacional | Miércoles 24 • Agosto • 2016

Dilma Rousseff durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, el 18 de agosto, en la residencia presidencial Palacio de Alvorada, en Brasilia. Foto: Andressa Anholete, Afp

El último paso

Brasil se prepara para la etapa final del juicio político contra Dilma Rousseff.

Mañana empieza en el Senado brasileño la fase decisiva del proceso contra la mandataria Dilma Rousseff, que fue suspendida en mayo y sustituida de forma interina por quien era su vicepresidente, Michel Temer. Esta última etapa, que podría culminar con la destitución de Rousseff, será dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski. En una primera instancia, el Senado escuchará entre mañana y el viernes a los testigos presentados por la parte acusadora y también a los que presente la defensa de la líder del Partido de los Trabajadores (PT). El proceso se reanuda el lunes, día en que la propia Rousseff dispondrá de 30 minutos para presentar su defensa, de la que se hará cargo personalmente, antes de darles lugar a los 81 senadores brasileños para que hagan sus preguntas. La mandataria tiene derecho a no responder.

Una vez que hayan hablado Rousseff, la acusación y la defensa, las tres partes tendrán una nueva oportunidad para dirigirse al Senado. Finalmente, se procederá a la votación, cuya duración dependerá del desarrollo del proceso, aunque se prevé que tendrá lugar entre el martes y el miércoles. Rousseff será destituida si así lo deciden 54 senadores o más.

Cuando quedan pocas horas para que empiece el juicio político, 48 legisladores declararon públicamente que votarán contra la mandataria, según informó el diario brasileño Folha de São Paulo, aunque el gobierno interino asegura que el número llega a 61. Mientras tanto Temer, una de las caras más visibles a favor de la destitución de Rousseff, aprovecha para captar los votos de los indecisos. El presidente interino, que en sus anuncios ya se proyecta a sí mismo como el presidente de Brasil hasta enero de 2019 -fecha en que Rousseff debería terminar su mandato-, recibió ayer a tres senadores que todavía no habían manifestado su postura en el juicio para discutir sobre proyectos que podrían suscitar su interés, según publicó Folha.

En tanto, las autoridades de Brasilia volvieron a instalar una valla metálica frente al Senado para separar en los próximos días a los manifestantes que se concentren a favor de Rousseff por un lado, y a los que quieren que sea separada de su cargo por el otro. Además del vallado, las autoridades de la capital anunciaron que, a partir de mañana, la Policía desplegará a unos 4.000 funcionarios para asegurar el predio.

Ayer, el Parlamento brasileño manifestó a la Organización de Estados Americanos (OEA) que el juicio político contra Rousseff se ajusta a la Constitución, después de que el PT denunciara ese proceso días atrás ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un intento de golpe de Estado. Tras la denuncia, la comisión le pidió explicaciones al gobierno, que delegó la respuesta en el Parlamento. Los senadores y diputados enviaron a la OEA una serie de documentos en los que explican cómo se desarrolló el juicio y exponen qué garantías de constitucionalidad fueron aplicadas. El proceso cumplió con “todos los preceptos constitucionales y legales” previstos en la Constitución de Brasil, defiende el documento que preparó el Senado.

En el mismo sentido se manifestó la Cámara de Diputados, que en un comunicado enviado a la OEA dice que “no se puede hablar de ninguna irregularidad o inconstitucionalidad” en un proceso que fue realizado por el Parlamento y estuvo supervisado por la Corte Suprema, en su carácter de tribunal constitucional.

En sus informes, ambas cámaras repasan con lujo de detalle los trámites realizados, aseguran que se respetó el “debido proceso” y destacan que, antes de la votación final, Rousseff tendrá derecho a presentar una vez más su defensa. El presidente de Diputados, Rodrigo Maia, dijo que frente al “estricto respeto a la Constitución” con que se desarrolló el juicio político, la solicitud del PT a la CIDH “no tiene cabida”, es “improcedente, impropia y carece de fundamento constitucional, legal o de jurisprudencia”.

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