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Nacional | Martes 09 • Agosto • 2016

Ricardo Pérez Manrique y Laura Dupuy, ayer, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Foto: Pablo Vignali

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Entre 30% y 40% de los médicos invoca objeción de conciencia para no interrumpir embarazos.

Tras presentar a mediados de julio el 8º y 9º informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social recibió ciertas recomendaciones del órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de las políticas públicas relativas a este tema, y las compartió ayer con la ciudadanía y las organizaciones sociales. Comentaron las recomendaciones representantes del Poder Judicial y el Legislativo.

La presidenta de Inmujeres, Mariella Mazzotti, introdujo el tema mediante la institucionalidad, ámbito en el que se valoró la implementación del Consejo Nacional de Género, aunque se recomendó fortalecer el rango institucional del instituto mediante “recursos financieros apropiados”.

En otro orden, el Cedaw también manifestó su “preocupación” ante la “persistencia” de “actitudes patriarcales y estereotipos discriminatorios en la familia y en la sociedad, [de] los prejuicios racistas y [de] la exclusión social que sufren las mujeres afrouruguayas”, pese a las leyes generales destinadas a combatir la discriminación racial. Se recomienda el desarrollo de una estrategia integral que aborde “la familia, el sistema educativo, el lugar de trabajo y la sociedad en general”, así como capacitar a quienes trabajan en los medios de comunicación para evitar discriminaciones de género en la prensa. 

También en relación con la educación se sugirió implementar “estrategias” para abordar las altas tasas de embarazo adolescente y de deserción escolar, “intensificar” actividades de orientación profesional para alentar a las mujeres a elegir carreras no tradicionales y “concientizar” en igualdad de género a docentes de todos los niveles de la educación, al igual que promover medidas específicas para promover la representación de mujeres en cargos de decisión de la academia e incrementar el número de profesoras en las universidades.

En cuanto a la trata de mujeres y niñas, se recomendó adoptar un plan integral y establecer un sistema de recolección de datos, al tiempo que se continúa con los esfuerzos dirigidos a la prevención y persecución y se desarrollan “programas de salida para mujeres que desean dejar el trabajo sexual”.

El tema de la recopilación de información y elaboración de indicadores para monitorear la implementación de la legislación y las políticas públicas fue recurrente entre las recomendaciones. En este sentido, la senadora Mónica Xavier (Partido Socialista, Frente Amplio) manifestó su deseo de que “el Parlamento tenga un observatorio para seguir los resultados de lo que legislamos”.

Los códigos

En términos de violencia contra las mujeres, si bien se valoran los avances tendientes a la aprobación del Plan de Acción 2016-2019 y la creación de la Oficina Nacional de la Violencia Doméstica y de Género, así como de 47 unidades especializadas en la Policía, también se invitó a modificar la legislación -“especialmente el Código Penal y el Código Procesal Penal”- para eliminar la discriminación basada en género y aprobar una ley integral sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, “asegurando la inclusión de las figuras de femicidio y violación en el matrimonio”.

El presidente de la SCJ manifestó que el tema está siendo estudiado en la Corte “en profundidad”.

Entre las recomendaciones también se hace hincapié en “simplificar” el proceso penal, establecer plazos “razonables” y “proporcionar directrices a los fiscales y agentes de Policía sobre las cuestiones de género y técnicas de investigación”.

Ante esto, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, consideró deseable tratar de resumir el proceso legal a una sola instancia judicial, “y no como lo hacemos hoy, que sometemos a las mujeres víctimas de violencia de género a una verdadera carrera de obstáculos que comienza en una comisaría, sigue en un juzgado de violencia doméstica, luego en uno penal, le puede seguir uno de familia y, en caso de buscar una reparación, terminar en un juzgado civil”; algo “inhumano”, consideró. También dijo que preocupan a la Fiscalía los “conceptos arcaicos que siguen siendo parte de nuestra legislación”. “Sin sensibilización y sin capacitación es imposible cambiar el chip cultural que es necesario cambiar”, agregó.

Por otro lado, el comité felicitó al país por la legislación que protege a las mujeres contra la discriminación por razones de nacionalidad, pero manifestó su preocupación por “la falta de una legislación para que las mujeres apátridas tengan igual acceso a la documentación y a los servicios básicos”.

Persecución y pena

Otra recomendación de la Cedaw refiere a adoptar una estrategia de “persecución y pena” para los perpetradores de violaciones de derechos humanos de las mujeres en el marco del régimen militar, así como “compensar y reparar” a las mujeres víctimas de dichas violaciones.

En otro orden, se dejó en claro la inquietud acerca del uso “indiscriminado” de la objeción de conciencia en los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, se sugirió introducir “estrictas justificaciones” para prevenirla como barrera y se llamó la atención sobre la falta de acceso de las mujeres rurales a los servicios de salud sexual y reproductiva.

La subsecretaria de Salud, Cristina Lustemberg, dijo que se está estudiando la disponibilidad nacional de los servicios de salud sexual y reproductiva, identificando las desatenciones por departamentos y municipios. “Tenemos entre 30% y 40% de médicos objetores de conciencia, lo cual nos ha desafiado a hacer un relevamiento lugar por lugar. Sabemos que es el desafío más grande que tenemos como sistema de salud”, afirmó.

El peor de los casos

Consultado por la prensa acerca del caso de abuso sexual de una menor por parte de su padre, en Rivera, archivado en 2011 y recientemente abierto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, consideró que “se conjuntaron una serie de elementos”. “Me llaman la atención las tremendas demoras que hubo en el tema, y luego hubo errores de orden técnico, en cuanto a tipificar la conducta que estaba planteada y haber reaccionado en consecuencia, cuando en realidad la conducta a tipificar era otra”, agregó. Dijo que la SCJ ha pedido informes a los dos magistrados que intervinieron, pero todavía no han recibido respuestas. “Tenemos que tomar más de una decisión; una de ellas es si este caso, del que se tomó conocimiento tantos años de después de sucedido, habilita o no a una reacción disciplinaria”, sostuvo.

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