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Nacional | Lunes 15 • Agosto • 2016

Es tiempo de un plan nacional de educación

Si bien está instalada en nuestra sociedad la convicción de que la educación es uno de los componentes fundamentales en la construcción del futuro del país y que se le debe otorgar la más alta prioridad, no existe una cultura de planificación a mediano y largo plazo respecto de este tema.

En la actualidad, al inicio de cada período de gobierno, se discute el presupuesto quinquenal para la educación. En un clima de tensiones entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los entes autónomos de la educación, los sindicatos de trabajadores y los gremios estudiantiles, finalmente se aprueba una ley presupuestal que regula los fondos que se destinan al sistema educativo en los cinco años siguientes, aunque en este período de gobierno se ha previsto una asignación presupuestal inicial por dos años. Particularmente en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), las nuevas autoridades de cada período de gobierno asumen en el mes de marzo y se deben abocar a construir una planificación quinquenal del organismo con su consecuente presupuesto en un lapso exiguo. Se suma al escaso tiempo disponible la tendencia de cada gobierno de innovar desconociendo lo realizado en el período anterior, en una suerte de devenir ahistórico.

En conclusión, las piezas presupuestales, con su correspondiente correlato de planificación educativa, elaboradas por los organismos de la educación, distan mucho de constituir un Plan Nacional de Educación, ya sea por la extensión de tiempo que abarcan, los niveles de educación que comprenden, el modo de construcción o los recursos menores finalmente adjudicados, que implican cambios sustanciales a las propuestas originales.

Nuestro país ha carecido en su historia de una cultura de planificación educativa a largo o mediano plazo. Podríamos citar como excepción la instalación de la Comisión Interministerial de Desarrollo Económico (CIDE) a comienzos de la década de 1960. Su finalidad fue la de crear un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (1965-1974) que incluía un Plan de Desarrollo Educativo en clave economicista y que plasmaba las teorías del capital humano vigentes en la época, tal como lo refleja uno de sus informes: “La vinculación cada vez más estrecha entre la educación y la economía aconseja tener presente, al programar a la educación, las características de la evolución económica del país, sus metas de crecimiento, las posibilidades ocupacionales y los requisitos planteados a la educación para influir sobre los propuestos aumentos de productividad” (CIDE, 1965).

Entre 1995 y 2004 se implementó en Uruguay y en varios países de la región un proceso que respondía a un programa neoliberal que trascendía la educación promovido por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Mundial del Comercio. Entre las medidas propuestas por estos organismos multinacionales se encontraban el redimensionamiento del papel del Estado, la privatización de las empresas estatales que manejan los recursos naturales, la energía y las comunicaciones, la flexibilización de las relaciones laborales, la reestructura de los sistemas de previsión social, y una intervención en los sistemas de educación pública.

Es así que la planificación educativa se trasladó desde el Estado, por medio de sus organismos naturales, hacia programas financiados por agencias multilaterales de crédito. En nuestro país el BID y el BM irrumpieron en la ANEP mediante la modalidad de programas de “mejoramiento” de sus distintos niveles y modalidades (MESyFOD -Mejoramiento en la Educación Secundaria y Formación Docente-, MECAEP -Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya-, UTU-BID) que, de hecho, pasaron a planificar la educación del ente autónomo. Tampoco este es un antecedente de planificación deseable.

En lo que refiere a la planificación supranacional de los sistemas educativos, organismos internacionales una y otra vez proyectan agendas educativas regionales y aun mundiales, cuyas metas se reiteran, incumplen y postergan cíclicamente. Podemos mencionar en las últimas décadas: “Educación para Todos-EPT” (1990-2015), iniciativa mundial aprobada en Jomtien y ratificada en Dakar, organizada por UNESCO, UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el BM; “Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC)” (2002-2017); “Programa Interamericano de Educación” (1994-2010), acordado en la I y II Cumbres de las Américas (Miami 1994 y Santiago 1998) coordinadas por la Organización de Estados Americanos y lideradas por Estados Unidos; “Objetivos de Desarrollo del Milenio-ODM” (2000-2015), iniciativa mundial aprobada en la Cumbre del Milenio (Nueva York, setiembre de 2000), Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el FMI y el BM. Agregamos finalmente las “Metas 2021: La educación que queremos para la generación de los bicentenarios” (2011-2021), de la Organización de Estados Interamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Secretaría General Iberoamericana y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

No obstante, los verdaderos actores del sistema educativo -docentes, estudiantes y comunidades educativas- permanecen ajenos a la formulación de estas metas y acuerdos que se firman en cumbres internacionales.

Para avanzar en un acuerdo nacional sobre el tema creemos necesario que el Sistema Nacional de Educación Pública, en el marco del respeto de la autonomía de los entes autónomos que lo integran, cuente con un Plan Nacional de Educación a mediano y largo plazo que permita lograr ciertos acuerdos nacionales.

Evidentemente un plan de estas características no es un acuerdo interpartidario en torno a la educación, ni una pieza estratégica delineada por las autoridades del sistema, y no es tampoco una reforma educativa. Su característica principal es que debe cimentarse sobre amplios pilares de participación ciudadana y organizaciones vinculadas al tema. Un buen ejemplo de plataforma para la discusión de las características y contenidos de este plan lo constituye el Congreso Nacional de Educación previsto en la Ley N° 18.437. La experiencia del Debate Nacional sobre Educación y posterior Congreso de 2006, que contó con 713 asambleas territoriales con sus 19.070 asambleístas, constituye un muy buen antecedente, aunque no se puede decir lo mismo del Congreso oficial realizado a fines de 2013, que resultó un pálido reflejo del anterior. Podría ser adecuado, entonces, que el próximo Congreso Nacional tuviera esta temática como eje vertebrador del debate.

El Grupo de Reflexión sobre Educación (GRE) presentó en junio de este año su Documento N° 8, que plantea en el título: “Es tiempo de un Plan Nacional de Educación”. En el mencionado documento (1) se explicita que un plan con dichas características “es un documento con visión comprehensiva, racional y compleja de lo educativo a partir de la situación actual y de su proyección a futuro en relación con el todo social nacional, regional y mundial, lo que habilita a delinear la educación que tendrán las generaciones futuras. Lo anterior sirve de encuadre para la definición de fines, objetivos, políticas educativas y estrategias acordes para su logro”.

En él se plantea que la construcción de un Plan Nacional de Educación “supone una ecuación equilibrada compuesta por varios factores: los apoyos político-partidarios, los respaldos de los actores sociales y de los profesionales ligados a la educación, la implicación directa de estos en la elaboración del plan y en su implementación y los saberes y destrezas técnicas necesarios para plasmar los acuerdos en un plan viable y pertinente para que el mismo logre una amplia legitimidad ciudadana y social”.

No somos ingenuos en cuanto a que en una sociedad de clases, como la nuestra, los proyectos de cómo organizarla y, en consecuencia, cuál debería ser la educación que se imparta a las futuras generaciones, esté sujeta a tensiones dialécticas provenientes de intereses -muchas veces contrapuestos- de los más diversos sectores de la sociedad. No existen proyectos educativos asépticos; todos ellos están concatenados a un proyecto político de sociedad que subyace en su matriz. No obstante, es posible hallar ciertos puntos de intersección de acuerdos conjuntos, que nos indiquen cómo avanzar en forma consensuada y dinámica hacia estadios del sistema educativo más elevados. Un Plan Nacional de Educación es un instrumento apropiado para tal fin.

Walter Fernández Val (Profesor de Matemática de enseñanza secundaria, integrante del Grupo de Reflexión sobre Educación)

(1) Dicho documento, al igual que los restantes siete, pueden conseguirse en http://www.polomercosur.org/grupoeducacion/

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