La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo en el Parlamento que la única ley para “terminar de fortalecer el cambio de ADN en la educación” que el gobierno quiere impulsar es la creación de la Universidad de la Educación, “ya que si queremos cambiar el ADN de la educación, también debemos cambiar el ADN en la formación de nuestros docentes”. La subsecretaria del ministerio, Edith Moraes, explicó que se enviará al Parlamento un proyecto de ley orgánica para la Universidad de la Educación.

En declaraciones ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores el jueves 18, según consta en la versión taquigráfica, Muñoz dijo también que no se han logrado políticas de Estado en la educación porque “hay partidos políticos que entienden que cuanto peor, mejor”. Opinó que se manejan “mitos alejados de la realidad” y se aborda “casi sin datos” la situación de la educación. “Sucede lo mismo que pasaba antes cuando muchos sectores se lamentaban de la infraestructura del país y no hacían más que boicotear el turismo”, afirmó. Sostuvo que hay un convencimiento general de que en educación “antes todo era maravilloso”. “Pero en realidad, cuando vemos que se tardó un siglo para universalizar una meta, podemos decir que los logros alcanzados en estos últimos 30 años son verdaderamente una revolución”, destacó.

La jerarca hizo hincapié en los avances en términos de inclusión. “Se han logrado metas que muy pocos países han alcanzado. La educación inicial, con la población de cero a cinco años, en 1980 tenía 40.000 niños, mientras que en el sistema actual cuenta con más de 180.000. La educación terciaria para la población de 18 a 23 años en 1980 tenía 34.000 jóvenes, ahora son 180.000. En la educación media -la más cuestionada-, los alumnos de 12 a 17 años en 1980 llegaban a 170.000, y hoy son 340.000”, resaltó. “En la Universidad de la República, 54% de los estudiantes proviene de familias en las que ninguno de sus integrantes había logrado acceder a la educación superior. Esto es una democratización, es trabajar por una enseñanza para todos”, agregó.

Muñoz admitió que el desempeño de los distintos subsistemas ha sido diferente, pero consideró que decir que todo el sistema educativo está peor que hace 30 años sólo basándose en un tramo -la educación media- les hace “mucho daño a nuestros niños, niñas y adolescentes”. “Cada uno de nosotros es padre, madre, abuelo, vecino de algún niño, niña o adolescente que está cursando estudios en este país. Decirles a todos ellos que lo que reciben es malo, es un perjuicio nacional. En realidad, creemos que le estamos haciendo muy mal a nuestro país”, insistió. Consideró que antes la educación secundaria estaba pensada “como una carrera de vallas, porque no importaba que todos llegaran, sino que los que llegaban eran los que iban a subir al podio”. “Hoy creemos que ese podio es colectivo, que ese podio les pertenece a todas y todos los jóvenes uruguayos. Hoy nos planteamos que todos los jóvenes de tres a 17 años deben llegar a esa meta, deben subir ese podio, y ese es el nuevo ADN de la educación”, manifestó.

La ministra consideró que la educación en Uruguay “no tiene la calidad que todos deseamos”, porque “ser de izquierda es ser inconformistas” y porque “queremos ir a más también en educación”. Pero enfatizó que Uruguay “no es el país que está peor en las pruebas PISA; al contrario”. “Está debajo de Chile, que es uno de los países que están mejor. Lean los últimos informes”, solicitó. Se refería a las pruebas PISA de 2012, en las que Uruguay se posicionó como el tercer país en la región, detrás de México y Chile.

Por otra parte, la ministra dijo que todavía no se ha empezado a trabajar en la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Exoneraciones en veremos

La ministra evitó opinar sobre la propuesta que introdujo la bancada de diputados del Frente Amplio en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que excluye a las universidades privadas de la lista de instituciones beneficiarias del régimen de donaciones especiales. Dijo que es un asunto que debe resolver el Parlamento. De todos modos, recordó que las exoneraciones de impuestos a las instituciones privadas con fines educativos y culturales están establecidas en la Constitución. “Nos parece que aportan al sistema nacional de educación, tanto pública como privada”, consideró, y acotó que estas exoneraciones representaron en 2012 una renuncia fiscal de 195 millones de dólares, mientras que el monto donado por las empresas a las universidades privadas entre 2012 y 2015 fue algo menor a los cinco millones de dólares. “Otras consideraciones son propias del Parlamento, por lo tanto, no vamos a dar nuestra opinión con respecto a lo que ha sido presentado en este ámbito, y simplemente cumpliremos lo que se resuelva”, manifestó.

Los senadores Rafael Michelini (Nuevo Espacio) y Daniela Payssé (Asamblea Uruguay) dijeron que quieren discutir con mayor profundidad la disposición incluida por los diputados -Michelini incluso se manifestó en contra-, pero hasta el momento no han hecho un planteo formal en la bancada del Senado como para desglosar el punto o eliminarlo, explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el frenteamplista Marcos Otheguy.