Ir al contenido

Internacional | Lunes 01 • Agosto • 2016

Legiones urbanas

Brasil tuvo ayer nuevas protestas a favor y en contra del juicio político.

Miles de personas participaron ayer en protestas en 14 ciudades brasileñas, unos a favor de la presidenta Dilma Rousseff y otros en defensa del juicio político que la apartó del cargo. Los militantes a favor del impeachment reclamaron que ese proceso termine con la destitución de la presidenta y expresaron su apoyo al juez Sérgio Moro, que se convirtió en un referente de los opositores al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) debido a sus citaciones, allanamientos y escuchas telefónicas contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Según el diario Folha de São Paulo, en Brasilia los manifestantes contra Rousseff se concentraron frente al Senado para presionar a los integrantes de esa cámara que todavía no tienen definido su voto en el juicio político. Este proceso llegará a un día clave el 29 de agosto, según acordaron el sábado los titulares del Supremo Tribunal Federal y de la cámara alta. Ese día se abrirá la etapa en la que los senadores votarán si la presidenta será o no apartada del cargo. Para destituirla sería necesario el voto de 41 senadores en una primera votación y de 54 o más en una segunda sesión. Sin esos votos, Rousseff sería absuelta y volvería a la presidencia.

En caso de que sea apartada del cargo -aunque hay voces que reclaman elecciones anticipadas-, el presidente interino, Michel Temer, se propone gobernar hasta el final del mandato, que termina el 1º de enero de 2019, cuando debería asumir un presidente electo en 2018. El viernes, Temer dijo a corresponsales extranjeros que cree que Rousseff será destituida y agregó: “Pienso que el Senado evaluará las condiciones políticas de quien está en el gobierno y de quien estuvo antes”.

Los manifestantes que ayer pedían la salida definitiva de la presidenta, suspendida el 12 de mayo, no se pronunciaron sobre el gobierno de Temer ni lo mencionaron en sus consignas. Sí lo hicieron quienes salieron a las calles en repudio al juicio político en distintas ciudades del país y también en Lisboa, la capital de Portugal, donde decenas de brasileños organizaron su propia manifestación y calificaron de golpista al presidente interino.

Para que Rousseff sea apartada del cargo, los senadores deben concluir que la presidenta es responsable de maquillar las cuentas del Estado mediante maniobras fiscales que debieron contar con la autorización del Congreso, y que esas maniobras califican como un “delito de responsabilidad”, motivo que habilita a la destitución. El defensor de la presidenta, José Eduardo Cardozo, presentó el jueves sus alegatos finales ante la comisión del Senado que procesa el juicio político. Argumentó que las acciones que se le atribuyen a Rousseff fueron sólo “faltas administrativas” que son habituales en los gobiernos nacionales y estaduales en Brasil. Además, informó la agencia de noticias Efe, Cardozo agregó un informe de la Fiscalía según el cual los cargos que se imputan en este juicio no son delitos penales, aunque sí pudieron implicar “abuso de poder” o “falta de probidad administrativa”. La defensa también afirma que el juicio fue una “venganza” del titular de la Cámara de Diputados de entonces, Eduardo Cunha, que actuó contra Rousseff porque el PT no le dio su apoyo en un proceso que él mismo enfrentaba en el Congreso y que le podía costar el cargo.

Otro proceso

El viernes el juez federal Ricardo Leite aceptó iniciar una investigación contra Lula por obstrucción de la Justicia. Aceptó una denuncia según la cual el ex presidente intentó sobornar a uno de los implicados en el caso de corrupción de Petrobras, el ex director de la petrolera estatal Nestor Cerveró. La denuncia afirma que el soborno estaba destinado a evitar que Cerveró aceptara un acuerdo por el cual colaboraría con la Justicia y delataría a otros involucrados en el caso. Por el mismo motivo se abrió también un proceso contra el ex senador del PT Delcídio Amaral y otras cinco personas.

Fue justamente Amaral quien, en el marco de su propio pacto con la Justicia, dijo que Lula le pidió que le pagara a Cerveró unos 77.000 dólares para “comprar su silencio”. El viernes los abogados de Lula manifestaron que “la acusación se basa exclusivamente en una delación de un reo confeso y sin credibilidad”.

Cuando Lula se enteró de la decisión del juez Leite, afirmó: “Tengo que probar que no tengo un apartamento o una finca que la prensa y la Policía dicen que yo tengo. Son ellos los que tienen que presentar documentos y probar que son míos, porque si no me los van a tener que regalar”. Aludía a dos propiedades que según la hipótesis de la Justicia son suyas, aunque figuran a nombre de otras personas.

Un día antes, Lula había llevado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su denuncia de que enfrenta una “persecución política y judicial” en Brasil. Para el ex presidente, esto quedó confirmado cuando en marzo fue llevado por la fuerza a declarar a una comisaría, sin que antes hubiera sido citado a hacerlo por su propia voluntad, como es el procedimiento habitual. El caso de Lula fue llevado a Ginebra por un abogado australiano especialista en derechos humanos, Geoffrey Robertson, quien denunció que el ex presidente “vio su privacidad escandalosamente invadida”, su “teléfono, los de sus familiares y los de sus abogados fueron intervenidos” y se divulgó el contenido de muchas de las conversaciones que mantuvieron. El abogado, que aludía a distintas actuaciones del juez Moro, argumentó que “todo eso contraría leyes internacionales y las reglas básicas que protegen la privacidad individual”.

Etiquetas