La aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, marcados por la Organización de las Naciones Unidas con el primer objetivo de eliminar la pobreza en todo el mundo, tomando el legado de los Objetivos del Milenio, dio paso a la necesidad de modificar también las estadísticas. En un taller convocado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un experto presentó los nuevos indicadores, y la cartera, por su parte, presentó una primera edición sobre estadísticas laborales, que cubría los departamentos del norte del país: Artigas, Paysandú, Salto y Rivera.

El gobierno actual definió la “cultura del trabajo para el desarrollo” como una de las directrices estratégicas del mandato actual, que tiene como objetivos “continuar y profundizar en lo avanzado en el proceso de trabajo decente”, al tiempo de “priorizar la calidad del trabajo”. En la publicación Estudios sobre el trabajo y la seguridad social Nº 1, el economista Federico Araya y la socióloga Leticia Lado profundizan particularmente en el primero y en los principales indicadores sugeridos por la OIT para medir este fenómeno.

Según los analistas, se observa “claramente” una “evolución favorable” de estos en “la mayoría de las dimensiones consideradas” entre 2006 y 2015. Si bien advierten de la eventual influencia del contexto de crecimiento sostenido del país en estos indicadores, concluyen que “no es el único factor, ya que las políticas destinadas a mejorar los indicadores sociales y de empleo también han incidido positivamente en los resultados alcanzados”.

Dan cuenta de los “importantes” avances que ha habido en materia de oportunidades de empleo, reflejado en el crecimiento de la tasa de empleo y el descenso del desempleo. No obstante, también sostienen que en 2015, ante la desaceleración económica registrada, se produjo una caída de un punto en el caso del empleo y el incremento de la desocupación en igual magnitud.

También se resaltan el aumento del empleo formal y la consecuente caída en la proporción de trabajadores sin cobertura de seguridad social, “incluso en el último año”. Según la nueva definición de trabajo informal presentada por la OIT, la proporción de trabajadores asalariados informales sería de 28,8% mientras que con el viejo método era de 32,4%.

Por otro lado, se aprecia un aumento de la estabilidad laboral, así como en la organización de los diversos actores relacionados con el mercado de trabajo. “Por el lado de los trabajadores se incrementó el número de sindicatos así como los afiliados a estos, y por el de los empresarios ha crecido la afiliación a las distintas cámaras”. Asimismo, se mantiene que ha habido una “tendencia creciente” en materia de productividad laboral y de los salarios reales, que “se ajustan a los niveles de crecimiento del producto”.

Aun así, más allá de estas evoluciones favorables, se advierte de las “importantes heterogeneidades” por grupos poblacionales, regiones y sectores de actividad, lo que colocaría a la equidad como uno de los grandes retos. “En cuanto a igualdad de oportunidades y de trato en el empleo se hallaron resultados diferenciales para mujeres, jóvenes, población afro y habitantes de los departamentos al interior del país, en particular los fronterizos con Brasil, en lo que refiere a informalidad”.

En efecto, un segundo análisis, de Alejando Castiglia, Marina Ferrer, Leticia Lado y Tania Echague, recorre los indicadores del mercado laboral en los departamentos del norte del país en los que se realizaron Consejos de Ministros en el correr del año: Artigas, Paysandú, Rivera y Salto.

En términos generales, en Artigas hubo un descenso en el empleo, principalmente producto de la disminución de personas en edad de trabajar, mientras que el desempleo se mantuvo casi estable, en 8%. Entre los ocupados, sólo 6% son pobres, mientras que entre los desocupados representan alrededor de la cuarta parte. También se consigna que el nivel educativo de los ocupados es inferior al del promedio del país, y la mayoría se dedica a actividades vinculadas con la agricultura, la forestación y la pesca, aunque se observa también una reducción de empleos poco calificados, que “fue absorbida mayoritariamente por empleos vinculados a las ventas y servicios”. La mayoría tiene un trabajo, y sólo 10% trabaja en dos empleos.

En Paysandú la tasa de empleo disminuyó 2%, también producto de un descenso en la cantidad de personas en edad de trabajar, mientras que el desempleo aumentó 0,5%. Los desocupados constituyen 2,7% de la población del departamento, un guarismo similar para hombres y mujeres. En este caso, la pobreza aumentó notoriamente en el último año, de 5,8% a 8,3%, afectando en mayor medida a adolescentes y niños.

En estos últimos años hubo en el departamento un aumento de las actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, administrativas y de servicio de apoyo, al tiempo que disminuyeron significativamente la industria y la producción agropecuaria. 22% de los ocupados de desempeña en servicios y ventas, mientras que 21% lo hace en empleos no calificados y 32% se encuentra en condiciones de informalidad, en un total de 6.216 empresas.

En Rivera se constata una baja del empleo, producto de una disminución en la desocupación, ya que la oferta de trabajo se mantiene constante, lo que produjo un aumento significativo del desempleo a 7,6%. En este departamento se destaca particularmente el alto porcentaje de informalidad, que afecta a unas 20.000 personas (42,4% de los ocupados), con mayor peso en el sector del comercio, principalmente en las actividades administrativas y en la construcción.

En Salto también cayó el empleo 1,8%, con mayor magnitud en los hombres. El desempleo, que representa 11,6% de los activos, muy por encima del promedio nacional, afectó mayoritariamente a los jóvenes, aunque disminuyó en las mujeres. La mayoría de los desempleados estaban vinculados al sector privado (85,5%) y 8,1% eran trabajadores por cuenta propia.