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Internacional | Miércoles 10 • Agosto • 2016

Movilización contra la política de inmigración, el 30 de abril, en Sidney, Australia. Foto: Saeed Khan, Afp

Ni allá, ni acá

Amnistía Internacional y Human Rights Watch acusan a Australia de abusos contra refugiados en Nauru.

Más de 1.200 hombres, mujeres y niños solicitantes de asilo viven en condiciones aberrantes en Nauru, una isla del Pacífico en la que funciona uno de los centros australianos de detención, procesamiento y reasentamiento offshore de refugiados. Así lo denuncia un informe de las organizaciones Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) que se presentó la semana pasada.

Cuando un solicitante de refugio llega a Australia por barco es interceptado por las autoridades de control de fronteras y trasladado a alguno de los países del Pacífico con los que Australia tiene acuerdos: Papua Nueva Guinea o Nauru. Mediante un memorando de entendimiento, Australia se comprometió a cubrir todos los costos asociados con la detención en alta mar, así como el procesamiento de los solicitantes de asilo y refugiados.

La persona es trasladada a un centro de detención mientras el gobierno de Australia evalúa su caso. Esta medida incluye a hombres, mujeres y niños. Si la solicitud de refugio es rechazada, esa persona es repatriada a su tierra de origen o a un tercer país. Si la solicitud se aprueba, el refugiado debe asentarse en Nauru e integrarse a esa comunidad. Esta “solución offshore” impide a los refugiados llegar a Australia y los deja en una isla que no está preparada para recibirlos ni financiera ni culturalmente. Desde setiembre de 2012 Australia mantiene esta política.

A partir de octubre de 2015 el gobierno de Nauru ha permitido a los solicitantes de asilo mayor libertad de movimiento en la isla, una decisión ampliamente interpretada como la respuesta a las acusaciones de que la detención obligatoria australiana de solicitantes de asilo es ilegal.

Un informe elaborado por AI y HRW, presentado la semana pasada, se enfoca en la situación de los refugiados que fueron sacados del centro de detención e integrados a la sociedad en Nauru, situación que describe como “una prisión al aire libre”. Después de viajar a la isla de Nauru, los investigadores encubiertos de las dos organizaciones informaron que no sólo se cometen graves violaciones a los derechos humanos en Nauru, sino que también existe un deliberado esfuerzo del gobierno australiano para ocultar los abusos que sufren los refugiados, con medidas que fomentan el secretismo.

A pesar de los intentos de limitar la información, las dos organizaciones civiles llevaron a cabo una investigación de 12 días y descubrieron cómo los refugiados que buscan protección y libertad en Australia no sólo nunca podrán instalarse en ese país, sino que terminan viviendo en Nauru en condiciones que conducen a su revictimización.

En casi dos semanas en el lugar, los investigadores entrevistaron a 84 refugiados y solicitantes de asilo provenientes de Irán, Irak, Pakistán, Somalia, Bangladesh, Kuwait y Afganistán, incluyendo a 29 mujeres, y también a varios proveedores de servicios.

La investigación echa luz sobre el tratamiento brutal que reciben los solicitantes de asilo, incluyendo la pobre atención médica. El informe de AI afirma que la empresa proveedora de salud contratada por Australia para prestar servicios a los refugiados en Nauru en muchos casos no toma en serio los problemas que padecen. Por lo tanto, esas personas no reciben el tratamiento adecuado o no reciben ninguna atención. Algunos de los refugiados dicen haber desarrollado problemas de salud en Nauru: enfermedades cardíacas y renales, diabetes, pérdida de peso, rápido deterioro de la visión y problemas de espalda que derivaron en una reducción de la movilidad. Al ser consultado por los investigadores, los responsables de los prestadores de salud negaron enérgicamente las denuncias de mala atención médica.

Muchos refugiados también sufren graves problemas de salud mental y no reciben el tratamiento que necesitan, dice el informe de las dos organizaciones. En muchos casos estos problemas son exacerbados por las pésimas condiciones de vida. Los investigadores encontraron altos índices de daño corporal autoinfligido, ansiedad, intentos de suicidio y manifestaciones de deseos de autoeliminarse, incluso en niños. Para obtener atención psicológica infantil, los niños refugiados tienen que esperar meses hasta que la solicitud es aceptada y gestionada. Una de las mujeres refugiadas entrevistada en la isla dijo a los investigadores: “La gente aquí no tiene una vida real. Sólo estamos sobreviviendo. Somos almas muertas en cuerpos vivos. No tenemos ninguna esperanza o motivación”.

Michael Bochenek, uno de los investigadores, que además es consejero principal sobre derechos del niño de HRW, manifestó públicamente: “Empujar a adultos e incluso a niños refugiados al punto de quiebre mediante abuso sistemático parece ser uno de los objetivos de la política de Australia en Nauru”.

En mayo, un hombre de 23 años, de origen iraní, murió después de prenderse fuego a sí mismo. Todos los refugiados entrevistados por AI dijeron haber sido intimidados y se consideran víctimas de violencia directa o testigos de violencia infligida a sus familiares. Fuera del centro de detención, se sienten acosados por la comunidad. Los escupen, los insultan, les lanzan botellas y piedras, y rompen las ventanas de sus casas.

De los entrevistados, 20% dijeron haber sido atacados físicamente por residentes de Nauru. Un refugiado de Bangladesh sufrió traumatismo craneal en mayo luego de un ataque grupal. Una mujer somalí dijo que varios locales de Nauru atacaron a su marido en marzo, golpeándolo en la cabeza con un machete.

El informe ejemplifica el temor y la inseguridad que los refugiados sienten en Nauru con varios casos. Uno es el de una mujer joven que al salir del centro de detención se casó con un hombre mucho mayor que ella para obtener protección. Los investigadores también observaron el comportamiento de los niños refugiados, muchos de los cuales comenzaron a mojar la cama, sufrir pesadillas, además de cambiar su comportamiento y su forma de vincularse incluso con su propia familia.

Los refugiados y los solicitantes de asilo reiteraron que la Policía de Nauru hace caso omiso de sus quejas, y por lo tanto desisten de denunciar las agresiones de las que son víctimas.

El informe de AI y HRW titulado “Australia: abusos terribles y negligencia con los refugiados en Nauru”, publicado la semana pasada en Australia, es el último de una serie de documentos que denuncian esta situación. En febrero la Comisión de Derechos Humanos de Australia publicó el informe “Expertos revelan el impacto alarmante de la detención en los niños”, y dos años antes, su “Investigación nacional sobre los niños en centros de detención de inmigrantes”.

En marzo de 2015, la Agencia de la ONU para los Refugiados publicó un documento muy crítico sobre la situación en Nauru, y en agosto de ese año el Parlamento de Australia elaboró otro, “Asumiendo la responsabilidad: condiciones y circunstancias en el centro de procesamiento regional de Australia en Nauru”.

Secretismo oficial

Para los periodistas y las organizaciones de derechos humanos es casi imposible obtener una visa para viajar a Nauru. La solicitud toma tiempo e implica un pago de 8.000 dólares australianos, no reembolsables si la solicitud es rechazada. Desde enero de 2014 Nauru ha concedido visas a sólo dos medios de comunicación.

La falta de información sobre lo que ocurre allí no sólo se debe a las limitaciones de acceso a los periodistas; las autoridades de Nauru han llegado a negar la entrada al país a funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esa carencia de información ha empeorado desde que el gobierno prohibió a los médicos, asistentes sociales, psicólogos y a todo personal que trabaje con refugiados hablar públicamente sobre supuestas violaciones a los derechos humanos. Para consolidar el manto de silencio, las políticas y gestiones de los refugiados en Australia pasaron de ser un asunto del Ministerio de Inmigración a ser responsabilidad de Protección de Fronteras, convirtiéndose de esta manera en un tema de seguridad nacional.

La radicalización de la rigurosidad de la política oficial antirrefugiados se vio en marzo de 2015, cuando el entonces primer ministro, Tony Abbott, dijo que estaba “harto de recibir lecciones de la ONU”, después de que un informe de esa organización concluyera que el tratamiento de los solicitantes de asilo de Australia incumple la convención internacional contra la tortura.

El informe de la ONU, escrito por el relator especial sobre la Tortura, afirma que Australia está violando los derechos de los solicitantes de asilo en muchos aspectos, si se compara con lo establecido en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La solución del Pacífico

El procesamiento de solicitudes de refugio fuera del territorio australiano (en la isla de Manus y en Nauru) ha sido la respuesta oficial desde 2001 para gestionar los casos de solicitantes de refugio que llegan a Australia en embarcaciones precarias. El argumento del gobierno es que el procesamiento offshore ayuda a desestimular los arribos irregulares de solicitantes de asilo, y de esta forma minimizar las muertes de refugiados que llegan a Australia en embarcaciones inseguras, en particular provenientes de Indonesia, Birmania y Bangladesh. Otras interpretaciones entienden que el procesamiento offshore es sólo una medida que busca reducir el número de refugiados y trasladar a otros países el desafío de recibirlos. Una crítica más amplia cuestiona la política de Australia de privar de libertad a hombres, mujeres y niños solicitantes de asilo, que son trasladados a centros de detención por largos meses o incluso años, práctica que no respeta el derecho universal a asilo y que criminaliza a los refugiados. Este procesamiento y reasentamiento offshore lleva el nombre de “solución del Pacífico”, una política de inmigración creada en 2001 por el gobierno liberal de John Howard, que se extendió hasta 2007. En 2012 el procesamiento de solicitantes de asilo fuera de fronteras fue reinstalado en Australia y continúa vigente.

Florencia Melgar

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