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Internacional | Lunes 29 • Agosto • 2016

Otra violencia

La Justicia de Bolivia detuvo a seis mineros por el asesinato del viceministro secuestrado durante una protesta.

La Fiscalía de La Paz ordenó ayer el arresto de seis mineros imputados por el asesinato del viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, Rodolfo Illanes. El funcionario fue secuestrado el jueves mientras intentaba negociar la suspensión de un bloqueo de carreteras que mantenían los mineros cooperativistas para exigir la derogación de una ley.

Illanes se había trasladado el jueves a la ciudad de Panduro, ubicada a 180 kilómetros de La Paz, para dialogar con integrantes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), que desde el miércoles bloqueaban las carreteras de la zona para exigir la derogación de una ley recientemente aprobada que regula el funcionamiento de las cooperativas.

Una vez en el lugar, Illanes fue linchado por mineros que lo tomaron como rehén antes de matarlo, según informó la Fiscalía de La Paz, que trabaja en el caso. La autopsia del cuerpo del viceministro, que apareció el viernes de madrugada en una carretera de Panduro, reveló que Illanes murió siete horas después de ser secuestrado y que, durante ese tiempo, fue “brutalmente” torturado. El informe forense indica que el funcionario sufrió un “severo traumatismo craneal y la fractura de costillas”, fue golpeado en la cara, en el tórax, en las extremidades y que además sufrió vejaciones sexuales, de acuerdo con el fiscal general Ramiro Guerrero.

El ministro de gobierno de Bolivia, Carlos Romero, dijo que el escolta de Illanes, que fue secuestrado junto a él, se salvó porque los secuestradores lo dieron por muerto luego de golpearlo y tirarlo al costado de una carretera. Se supo que el viceministro se comunicó varias veces con funcionarios del gobierno para que negociaran su liberación, y que la comunicación se cortó cuando murió uno de los manifestantes en los enfrentamientos con la Policía. Pero el gobierno no envió ningún equipo de rescate. Romero justificó esta decisión argumentando que eso hubiera causado muchas más muertes. “Nunca hubo un plan B de la Policía para trasladar un cargamento de armamento, tampoco consideramos en ningún momento la militarización”, sostuvo el ministro.

El viernes de noche, las autoridades bolivianas ya habían detenido a más de 100 personas para tomarles declaración. Ayer, después de siete horas de evaluaciones, la jueza Ana Dorado ordenó el arresto de seis mineros. Entre los detenidos se encuentra el presidente de Fencomin, Carlos Mamani, que fue imputado por los delitos de asesinato, robo agravado, organización criminal, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado y por tenencia, porte o portación de ilícitos, de acuerdo con el texto de acusación presentado por la Fiscalía. Los otros cinco están acusados de los mismos delitos pero en grado de complicidad.

Los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía dejaron la semana pasada cuatro mineros muertos. Las autoridades aseguraron que la muerte de estos trabajadores también está siendo investigada, aunque el gobierno insiste en que los funcionarios policiales no tenían órdenes para portar armas. Tres de los mineros murieron por disparos y otro por una explosión, por una “mala manipulación de dinamita”, según dijo ayer Romero.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo el viernes que las muertes forman parte de una “conspiración política” por parte de la Fencomin y no de una verdadera “reivindicación social”. El mandatario aseguró que el gobierno “nunca ordenó a la Policía llevar armas letales” y manifestó que el pueblo boliviano vive un “profundo dolor”.

El ministro Romero, por su parte, reconoció que su país aprendió una “lección muy dura” y que Bolivia necesita “trabajar en la tolerancia” para lograr una mejor convivencia. Agregó que sólo la aclaración de todas las muertes puede “restituir un sentimiento de paz” en el país. Las carreteras fueron liberadas el viernes por los trabajadores, que se unieron al duelo nacional decretado por la muerte de sus compañeros.

Los trabajadores del sector minero intentaban entablar un diálogo con el gobierno boliviano desde hacía dos semanas y decidieron movilizarse al no obtener respuestas, según señalan medios locales. Los mineros, que trabajan en el segundo sector más grande del país, exigen la derogación de una ley que permite la sindicalización en las cooperativas, algo que rechaza el sector, que actualmente reúne a 120.000 personas.

Otro punto en debate era la posibilidad de firmar contratos con empresas privadas y acceder a la ampliación de concesiones mineras, subsidios a la energía eléctrica e importaciones de maquinaria sin aranceles.

En un comunicado divulgado el sábado, la Organización de las Naciones Unidas condenó “las protestas extremadamente violentas de los cooperativistas mineros en las últimas semanas” e instó tanto a esos trabajadores como al gobierno a entablar “un diálogo inmediato, sin condiciones, sincero, constructivo y sin recurrir a la violencia”, para alcanzar una solución duradera.


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