“Ahora que estamos hablando de montar la tercera planta de celulosa en el país -cuestión con la que estamos de acuerdo-, habría que ver cómo se podría agregarle valor acá en Uruguay. Con un porcentaje muy mínimo de lo que exportan UPM y Montes del Plata podríamos tener una política de Estado de cartón y papel que por lo menos les permita la supervivencia a las fábricas que están en Uruguay”, dijo ayer a la diaria el presidente del Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa (CUOPYC), Marcelo Olaverry, después de ser recibido por la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados. El CUOPYC es el sindicato de los trabajadores de Fanapel, fábrica ubicada en la localidad de Juan Lacaze, departamento de Colonia, que el 10 de agosto envió a 90% del personal a seguro de paro. Según Olaverry, la medida tomada por la empresa alcanzó a 200 operarios directos de Fanapel y a 170 más si se tiene en cuenta “el trabajo indirecto” que genera esta industria. Además, recordó que la Papelera Mercedes Sociedad Anónima (Pamer), ubicada en la capital de Soriano, tiene actualmente 65 trabajadores en seguro de paro. “Son cuestiones de política de Estado, de complementación. A estas inversiones [UPM, Montes del Plata] se les otorgan muchos beneficios y facilidades, ¿por qué no pensar en que también se beneficien las industrias locales, como alternativa a no perder estas fuentes de trabajo?”, se preguntó el dirigente sindical.

En cuanto a la situación de Fanapel, el jueves se llevó a cabo una reunión tripartita en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en la que los mediadores del Poder Ejecutivo propusieron que los trabajadores levantaran una medida sindical adoptada tras los envíos a seguro de paro y liberaran 1.000 toneladas de papel, para que la empresa pudiera comercializarlas y obtener el dinero para pagar los ajustes salariales que adeuda. Esta fórmula fue aceptada por ambas partes el lunes; en el caso del CUOPYC, después de una reunión del congreso de delegados. Según explicó Olaverry, llevan “liberadas al día de hoy [ayer]” unas 550 toneladas de papel. Mañana al mediodía se realizará una nueva tripartita en el MTSS en la que la empresa debería “llevar dos respuestas: cómo y cuándo va a volver a arrancar a producir, y la otra, cómo va a pagar los aumentos salariales” retroactivos a enero, que debe, explicó el dirigente. “El mes que viene, si esto sigue, va a haber más comercios que envíen personal al seguro de paro. Incluso hay alguna empresa que le presta servicios sólo a Fanapel y que este mes se aguantó, pero el que viene no se sabe qué va a hacer”, agregó. La empresa aduce que el mercado argentino ya no adquiere la misma cantidad de papel, debido a la apertura comercial decretada por el nuevo gobierno de Mauricio Macri, y ahora los importadores de ese producto están comprando a fábricas de China.

El diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez, integrante de la referida comisión, explicó a la diaria que propusieron “citar a Fanapel” a ese ámbito legislativo, y afirmó que están “interpretando que hubo una represalia” de la empresa, “fruto de un reclamo de incumplimiento salarial” que generó los envíos a seguro de paro. “Nos parece un acto de profunda gravedad, que merece ser analizado por el Parlamento y por los demás organismos competentes, y estudiar aquellas alternativas que existen en el ámbito del Estado, ya que Fanapel es proveedora de muchos organismos estatales. Hay que revisar todos esos elementos y estudiar iniciativas parlamentarias para que se establezca un espacio de negociación que termine en el reintegro de todos los trabajadores y, si es necesario, como plantea la empresa, en una reestructura, pero nunca en base a la flexibilización laboral o la rebaja salarial”, concluyó Núñez.