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Internacional | Jueves 11 • Agosto • 2016

El senador Antônio Anastasia (c) después de la aprobación del informe de la Comisión de Juicio Político, el martes, en Brasilia. Foto: Andressa Anholete, Afp

Por todos los medios

El PT pidió a la CIDH una medida cautelar que suspenda el juicio político contra Rousseff.

El Senado de Brasil aprobó el informe que lleva a continuar el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, suspendida desde mayo, y recomienda su destitución. Unas horas después, el Partido de los Trabajadores (PT) denunció esa decisión como un “golpe de Estado” y exigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar que “suspenda” un proceso que calificó de “ilegal”.

En un nuevo intento por frenar el juicio político contra Rousseff, que en mayo fue sustituida por Michel Temer, el PT denunció ante la CIDH las condiciones en las cuales se desarrolla el proceso. La decisión fue anunciada unas horas después de que el Senado aprobara, con 59 votos a favor y 21 en contra, el informe escrito por el senador Antônio Anastasia y aprobado antes por la comisión encargada del juicio político.

El diputado del PT Paulo Pimenta dijo que el texto presentado ante la CIDH expone “un conjunto de cuestiones que han sido identificadas en el trámite del proceso tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y hasta en el Supremo Tribunal Federal, que están en desacuerdo con tratados internacionales firmados por Brasil”. Según Pimenta, el partido de Rousseff está preparado para “pelear en todas las esferas, sean parlamentarias, judiciales, en la calle o en el exterior” para denunciar lo que considera un “golpe” y lograr que “se restablezca en el país la normalidad democrática”.

El diputado insistió en que Rousseff “no cometió ningún tipo de crimen y no responde a ningún proceso penal” en la Justicia, por lo cual el juicio en su contra tiene un carácter “exclusivamente político” que va en contra de lo establecido en la Constitución brasileña.

Con la aprobación del informe de Anastasia en el Senado, el proceso avanza hacia su última etapa, cuya fecha todavía tiene que ser fijada por el Supremo Tribunal Federal. Está previsto que esa última sesión del proceso, en la que los senadores deberán votar si destituyen o no a la presidenta, tome varios días y sea convocada para los últimos días de agosto.

Si así lo decide el Senado, Rousseff deberá abandonar su cargo definitivamente. En esa votación se requiere una mayoría calificada de 54 votos, un número con el que los aliados de Temer ya parecen contar.

La votación de ayer mostró que Rousseff perdió algunos apoyos en el Senado en los últimos meses. Según el diario Folha de São Paulo, la presidenta perdió el respaldo del senador João Alberto -del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, liderado por Temer-, que en mayo votó contra la apertura del proceso. El PT tampoco logró conquistar los votos de los senadores Eduardo Braga y Jader Barbalho, ambos del PMDB, que en la primera fase no habían votado.

Senadores cercanos al presidente interino dijeron a Folha que esperan contar con dos votos más en la etapa de votación definitiva: apuntan a obtener el apoyo del presidente del Senado, Renan Calheiros, que optó por no votar en ninguna de las instancias, y el del senador Otto Alencar, del Partido Social Democrático, que votó siempre a favor de Rousseff. Los legisladores sostuvieron que Alencar asistió ayer a un evento que promovió Temer y que hay expectativas de que cambie de bando. Calheiros, por su parte, habría recibido presiones para que adoptara una posición favorable al gobierno interino.

Distintas visiones

Rousseff, que no hizo declaraciones ayer, prepara una carta en la que propondrá la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales en caso de que recupere el poder, una iniciativa que tendría que pasar por el Parlamento. Por el gobierno de Temer habló el jefe de gabinete, Eliseu Padilha, quien dijo que recibían “con alegría” la decisión tomada por el Senado de avanzar con el juicio político. “El presidente tenía la expectativa de que el Senado continuara depositando confianza en su proyecto de gobierno”, agregó Padilha.

Estaba previsto que la sesión, que empezó el martes, durara alrededor de 20 horas. Sin embargo, duró cerca de 16, ya que el gobierno y el presidente del Senado, Calheiros, intentaron por varios medios acelerar la votación. Por un lado, el gobierno les pidió a sus aliados que “no cayeran en las provocaciones de la oposición”, para no alargar sus intervenciones, y convenció a algunos de que renunciaran a su derecho a hablar. Así, aunque había 55 senadores anotados para intervenir, la lista se redujo finalmente a 47.

Hubo otras decisiones que ayudaron: el presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que dirigía la sesión, redujo la pausa de una hora a 30 minutos. Antes, había anunciado que no se haría un corte de una hora cada cuatro horas, como estaba pautado.

Los senadores tenían diez minutos para dejar clara su posición ante el pleno del Senado. Los aliados de Temer, que fueron mayoría, centraron sus discursos en asegurar que está “comprobado” que Rousseff cometió los delitos de los que está acusada. Además, se dedicaron a enumerar las “mejoras” que vivió el país desde que la mandataria fue suspendida de su cargo.

Algunos también se animaron a defenderse de quienes los acusan de “golpistas”. El senador José Agripino, del partido Demócratas, afirmó: “Golpe es cuando tenés aviones volando, tanques en las calles, cuando ves bayonetas. Acá no tenés nada de eso”. El ex presidente y senador del Partido Laborista Cristiano Fernando Collor (ex presidente que también fue sometido a un juicio político en 1992), recordó que los “organismos de control” brasileños están alertando públicamente sobre las “infracciones” cometidas por la presidenta desde 2013.

Los defensores de Rousseff, por su parte, volvieron a insistir en la inocencia de la mandataria y acusaron a la Comisión Especial de Impeachment, que analizó el caso, de no haber mostrado las supuestas pruebas que se encontraron para culpar a la mandataria.

“No sirve de nada querer censurarnos, retirando de las notas taquigráficas las palabras ‘infamia’, ‘fraude’, porque dada la falta de bases jurídicas para comprobar la responsabilidad de la presidenta, el informe que presentó el senador Anastasia es fraudulento”, dijo la senadora del PT Fátima Bezerra.

Una de las declaraciones más fuertes surgió en la intervención del ex ministro de Justicia Eduardo Cardozo, abogado defensor de Rousseff, que comparó el informe de Anastasia con la Inquisición. “El senador Anastasia no ha hecho un informe de juicio, sino un informe de acusación. Nos llevó a la Inquisición. Con todo respeto, actuó como [el inquisidor español Tomás de] Torquemada […] mostrando situaciones que no tienen nada que ver con las pruebas”, dijo Cardozo.

Agregó, por otro lado, que Rousseff podría perder el cargo por culpa de un grupo de personas que, por una parte, no aceptaron la derrota electoral de 2014 y, por otra, se sienten amenazados por el avance del caso de corrupción de Petrobras. Finalmente, afirmó que el proceso es una “estafa” y marca una “ruptura institucional”.

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