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Nacional | Lunes 08 • Agosto • 2016

Puntos de vista

Obispos catalogan de “nuevo golpe a la libertad de enseñanza” la exclusión de universidades privadas del régimen de donaciones.

La inclusión en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas del artículo que excluye a las universidades privadas del régimen de donaciones con exoneraciones fiscales dará que hablar durante los 45 días en que el Senado discuta el proyecto, que cuenta con media sanción.

El viernes la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) se reunió en asamblea extraordinaria y, entre otros temas, reflexionó sobre el proyecto de ley aprobado por Diputados. Los obispos apoyaron al Consejo de Rectores de las Universidades Privadas del Uruguay, que la semana pasada calificó la decisión de “inconsulta, arbitraria y discriminatoria”. El comunicado de la CEU transmite que los obispos “lamentan este nuevo golpe a la libertad de enseñanza”.

El cardenal Daniel Sturla declaró ayer a la radio Montecarlo que espera que en el Senado “prime el sentido común” al discutir el artículo en cuestión. Sturla opinó que se trata de “un palo en la rueda” para las universidades privadas y, según anunció la emisora, expresó que en caso de que se apruebe este proyecto, podría ser el comienzo de una serie de ataques a la educación privada.

Cumplir con la laicidad

En la vereda de enfrente, organizaciones defensoras de la laicidad emitieron una declaración, a la que adhieren Apostasía Colectiva Uruguay, Asociación Civil Trazos, Asociación Civil 20 de Setiembre, Asociación Internacional del Libre Pensamiento, Asociación Uruguaya de Libre Pensadores, Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional, Círculo Escéptico Uruguay, Club Teresita Garibaldi, Mujer y Salud en Uruguay y la Sociedad de Amigos de la Educación Laica. Las organizaciones apoyan la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados y expresan que “la legislación vigente otorga a los donantes privados la posibilidad de exonerar el 83% de su contribución al Estado (renuncia fiscal) por lo que, en realidad, es el Estado el que fundamentalmente realiza la donación”. Además, consideran que el Estado “sólo debe sostener y financiar instituciones educativas públicas” y que se vulnera “la legitimidad de las instituciones republicanas” porque “son las autoridades legítimamente constituidas las que deben decidir respecto a la asignación de recursos y no la voluntad privada, que persigue intereses particulares”. La declaración agrega que “si una empresa privada tiene verdadera voluntad de colaborar no necesita del apoyo del Estado para cumplir sus propósitos”.

Luego, consideran a la educación pública un “pilar de la integración social, el desarrollo del pensamiento crítico y la emancipación de las personas”, y por eso rechazan las propuestas que “promueven la fragmentación y la segregación social”. Van más allá del artículo aprobado y alientan la exclusión de las instituciones de educación primaria y media del régimen de donaciones con exoneraciones fiscales, porque entienden que muchas “practican la selección de alumnos en función de la composición familiar y la escolaridad, segregando de esa forma a los jóvenes más vulnerables”.

Recuerdan que la Constitución establece que “El Estado no sostiene religión alguna” y señalan que mediante esta renuncia fiscal el Estado “está sosteniendo financieramente” a instituciones que pertenecen a cultos religiosos. Por último, alientan a debatir para buscar “una educación de calidad” que integre a aquellos “que han quedado al margen de la sociedad”.

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