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Internacional | Miércoles 24 • Agosto • 2016

Que no se diga

Un movimiento contra el “adoctrinamiento ideológico” en las escuelas inspira una ola de proyectos de ley en Brasil.

El movimiento Escuela sin Partido empezó en 2004 a partir de la reacción de padres y estudiantes que estaban en desacuerdo con lo que se escuchaba en clase y que empezaron a recolectar como evidencias los testimonios de personas que hubieran vivido el “adoctrinamiento” por parte de sus docentes o de los de sus hijos. La página de la asociación se ha inspirado en una iniciativa semejante de Estados Unidos, llamada No Indoctrination. En Brasil, el grupo clama por una “educación sin adoctrinamiento” y por “una ley en contra del abuso de la libertad de enseñar”. Defensores del programa insisten con que “el profesor no es educador”.

Más de 373.000 brasileños votaron en una consulta pública online del Senado Federal sobre el más reciente proyecto de ley presentado, inspirado en el movimiento Escuela sin Partido. Bajo el argumento de que la educación nacional debe atender a principios como la “neutralidad política, ideológica y religiosa del Estado”, la propuesta prohíbe a los profesores “aprovecharse de la audiencia cautiva de los alumnos para promover sus propios intereses, opiniones, concepciones o preferencias ideológicas, religiosas, morales, políticas y partidarias”. Entre otros puntos, también se les prohíbe “incitar a sus alumnos a participar en manifestaciones, actos públicos y marchas”.

Resaltando el “derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, el proyecto agrega una observación: “El Poder Público no se inmiscuirá en la opción sexual de los alumnos ni permitirá cualquier práctica capaz de comprometer, precipitar o direccionar la natural maduración y el desarrollo de su personalidad, en armonía con la respectiva identidad biológica del sexo, siendo vedada, especialmente, la aplicación de postulados de la teoría o ideología de género”. Para asegurar el cumplimiento de esas y otras instrucciones, la propuesta determina que se fijen en las paredes de los salones de clase afiches para informar a los estudiantes sobre su “libertad de conciencia y creencia”. Además, establece que el Ministerio de Educación y sus equivalentes estaduales cuenten con un canal de comunicación para recibir “reclamos” por el incumplimiento de la ley, con la garantía del “anonimato”. También se especifica que “los profesores, los estudiantes y los padres o responsables serán informados y educados sobre los límites éticos y jurídicos de la actividad docente”.

Por último, complementa los artículos de la propuesta un texto tomado de la propia página web del movimiento Escuela sin Partido como justificación para el proyecto legislativo de autoría del senador Magno Malta, del Partido de la República (PR). En un video publicado en la página de la consulta popular, el parlamentario evangélico argumenta que lo que hay hoy en Brasil, “a partir de esos 13 años de ese gobierno que está siendo alejado, es una predicación ideológica partidaria, ideologías políticas”. Agrega que “ni un alumno tiene que estar a merced de la posición ideológica de su profesor” y enumera: “Doctrinas marxistas, feministas y hasta la enseñanza de religión”.

Inspirador

Ante la proliferación de proyectos de ley presentados en diferentes instancias legislativas en los últimos dos años, inspirados en Escuela sin Partido, otros movimientos sociales reaccionaron en contra del contenido de esas propuestas, a las que apodaron “Ley de la mordaza”. Argumentan que se trata de un instrumento para censurar a los profesores y que atenta contra la libertad de expresión, garantizada en la Constitución.

En julio, una ONG del estado de Santa Catarina, el Instituto de Desarrollo y Derechos Humanos (IDDH), denunció la situación a los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Educación y para la Libertad de Expresión. En su informe, el IDDH contabilizó las propuestas parlamentarias similares presentadas en 15 ciudades del país, ubicadas en diez estados y en el Distrito Federal. Seis de ellas son capitales, incluidas Río de Janeiro y San Pablo.

Una de las propuestas presentadas a la Cámara de Diputados el año pasado tipifica la figura del “acoso ideológico” para criminalizar determinadas prácticas docentes. En el noreste brasileño, la Asamblea Legislativa del estado de Alagoas aprobó un proyecto llamado “Escuela libre” y, luego de derogar el veto de su gobernador, Renan Filho, la ley entró en vigor a fines de abril. Tres meses después, la Defensoría General de la Unión (AGU, por su sigla en portugués, órgano que representa el Estado en demandas judiciales) emitió un pronunciamiento ante la Suprema Corte de Justicia en el que declaró inconstitucional esa ley. De acuerdo con el informe, la Asamblea Legislativa y el gobierno de Alagoas no tienen la competencia para intervenir en las directrices y bases nacionales de la educación.

Por su parte, el Ministerio Público Federal envió al Congreso otro pronunciamiento en el que también aboga por la inconstitucionalidad de la iniciativa. De acuerdo con la procuradora federal de los derechos de los ciudadanos, Deborah Duprat, responsable del documento, el programa pone al docente bajo constante vigilancia, confunde educación escolar con la que brindan los padres y niega la libertad de cátedra, entre otros argumentos.

Para el referente del movimiento y autor del anteproyecto que ha inspirado a las propuestas legislativas en trámite, el abogado paulista Miguel Nagib, los juristas que están en contra de su iniciativa confunden los principios constitucionales de la libertad de expresión y de la libertad de cátedra, es decir, la libertad de enseñar. “Si el profesor disfrutara de esa libertad en clase -es decir, en el ejercicio de su cargo-, no podría ser obligado a transmitir a los alumnos el contenido de su disciplina”, opina. En un artículo de su autoría publicado en la página de la asociación, Nagib considera que esos expertos “suponen que la libertad de enseñar le otorga al profesor el derecho de aprovecharse de la presencia obligatoria de los alumnos para promover sus propios intereses, opiniones [...]; el derecho de omitirles el otro lado de cuestiones controvertidas; y el derecho de decirles a los hijos de los otros lo que es la verdad en términos de religión y moral”.

En otro texto, el líder del movimiento Escuela sin Partido opina que la idea defendida por profesores de que la misión de la escuela es despertar la conciencia crítica de los estudiantes es “grave” porque “consiste en martillar ideas de izquierda en la cabeza de los alumnos”. Uno de los juristas cuestionados por Nagib, el coordinador del libro Comentarios a la Constitución de Brasil, Lênio Streck, dijo a la diaria que es “evidente” que un profesor no puede decir lo que quiera. “Él no puede inventar hechos, porque estaría falseando”, explicó. Sin embargo, resaltó que “la ideología siempre estará presente, incluso en su propio discurso [el de Nagib]”. “Aquello que él quiere desideologizar es ideologizante, es la paradoja en persona”, afirmó.

“¿Cómo voy a explicar lo que pasó en 1964 en Brasil en una clase de historia?”, problematizó Streck, quien alertó sobre una “criminalización del pensamiento”. Consideró sobre esta iniciativa: “Crea el crimen de interpretación cuando el mundo es interpretable. Si yo veo el mundo de una forma y alguien me dice que no lo puedo interpretar así, hay una prohibición, una censura que le quita al profesor la capacidad de ejercer su oficio. El Estado vigila todo, se obtiene un control total. Es un proyecto totalitario”. Otras declaraciones en contra de la iniciativa la comparan con la pedagogía nazi, en la que los docentes eran entrenados y fiscalizados en clase, mientras que padres y alumnos eran incentivados a denunciar cualquier conducta considerada fuera de las normas. A su vez, el IDDH compara el proyecto con la represión de la dictadura militar que se extendió en Brasil de 1964 a 1985.

En la vereda opuesta a Escuela sin Partido, el diputado federal Jean Wyllys, del Partido Socialismo y Libertad (Psol), presentó la semana pasada a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para asegurar “la libre manifestación del pensamiento” en la enseñanza pública y privada. El texto se contrapone a varios tópicos de las propuestas que han sido llamadas “Ley de la mordaza” y veta, “en los salones de aula o afuera, en todos los niveles y modalidades de educación de la Federación, las prácticas de cualquier tipo de censura de naturaleza política, ideológica, filosófica, artística, religiosa y/o cultural a estudiantes y a docentes”. Además, postula la “educación contra el prejuicio [...] o cualquier otro pretexto discriminatorio”.

En internet el debate es intenso y, según el Senado Federal, ninguna otra consulta pública sobre un proyecto de ley en trámite ha atraído tanta participación. Hasta ayer, 181.298 personas habían votado a favor de la propuesta del senador Malta y otras 192.797, en contra. En las redes sociales, muchas discusiones se mezclan con el contexto del juicio político contra la presidenta suspendida en el cargo, Dilma Rousseff. Por lo general, los que apoyan al movimiento Escuela sin Partido defienden la destitución de la mandataria, mientras que los que rechazan el programa están en contra del juicio político.

Consultada por la diaria, la Agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- afirmó que “la oferta de educación de calidad presupone, entre otros factores, la existencia de pluralidad de visiones y de respeto a la diversidad en escuelas y salas de aula”. En ese sentido, evocó su informe de 2016 en el que reflexiona que la escuela “es el primer paso en el aprendizaje institucionalizado y en la socialización fuera de la familia, así como es un componente esencial del aprendizaje social: aprender a ser y aprender a vivir juntos. Aprender no debería ser meramente un proceso individual. Como experiencia social, requiere aprendizaje con y mediante los demás -a través de la discusión y del debate tanto con pares cuanto con profesores-”; Para finalizar, concluye que “la UNESCO en Brasil ve con preocupación cualquier iniciativa que cercene la pluralidad y la diversidad en el proceso educacional”.

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