Ir al contenido

Internacional | Miércoles 24 • Agosto • 2016

Mauricio Macri. Foto: Iván Franco (archivo, enero de 2016)

Se entendió mal

El gobierno argentino negó que haya decidido dejar de apelar las prisiones domiciliarias de los represores.

Muchos de los militares que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad en Argentina superan los 70 años. Por eso se conjetura que habrá un incremento significativo de los pedidos de prisión domiciliaria, que seguramente serán avalados por la Justicia. En este contexto, algunas declaraciones de integrantes del gobierno de Mauricio Macri hacen pensar que el Poder Ejecutivo no hará el esfuerzo de apelar las eventuales decisiones de otorgar ese régimen a los militares condenados. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dijo al diario Clarín la semana pasada que el gobierno “se ajustará a derecho” y no apelará las decisiones judiciales. Pero ayer el diario La Nación citó declaraciones del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en las que este funcionario negó que exista una orden del gobierno para que los abogados de la Secretaría de Derechos ya no apelen las prisiones domiciliarias dispuestas para los represores.

El 18 de agosto Clarín citó a una fuente de la Secretaría de Derechos Humanos que dijo que “es el tiempo que nos toca vivir”, en referencia a la avanzada edad de los 1.056 detenidos que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad registraba hasta el 30 de junio. El Ministerio Público contaba en esa fecha 462 detenidos por crímenes de lesa humanidad con arresto domiciliario.

La Secretaría de Derechos Humanos negó que el número de represores que accedieron a ese régimen para cumplir su condena haya pegado un salto desde la asunción de Mauricio Macri. De acuerdo con Clarín, en setiembre de 2015 el número de represores presos en sus casas era de 441. “Los números demuestran que no se abrieron las cárceles de par en par, como dicen desde el kirchnerismo, y que durante el anterior gobierno también hubo beneficiados en ese sentido”, dijo a ese diario una fuente del Ministerio de Justicia.

Desde febrero, varios juzgados federales han concedido prisión domiciliaria para un total de 50 ex militares y policías que estaban encarcelados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En todos los casos eran presos mayores de 70 años y sus abogados argumentaron razones de salud para solicitar la salida de la cárcel. Sin embargo, un pedido de este tipo no implica que el beneficio sea automático, sino que depende del criterio de los jueces.

Cambiemos

Además de un cambio en las orientaciones del Poder Ejecutivo, la doctrina de los tribunales judiciales ha variado respecto de la época en que el tema de los derechos humanos era una bandera de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Otro de los cambios respecto a la gestión kirchnerista es que el actual ministro de Defensa del gobierno de Macri, el radical Julio Martínez, habilitó la posibilidad de que los condenados por los delitos de lesa humanidad pudieran volver a atenderse en hospitales militares, lo que había sido prohibido por su antecesor, Agustín Rossi, luego de que dos condenados se fugaran del hospital Militar Central en julio de 2013.

También de acuerdo con Clarín, el Ejército -que en los años kirchneristas cortó los lazos con los ex jerarcas represores- está haciendo cambios. Semanas atrás, el jefe del Estado Mayor, Diego Suñer, envió a un coronel de la fuerza a relevar la situación en las cárceles, y transmitió que pondrá su empeño en que los mayores de 70 y los enfermos puedan acceder a la prisión domiciliaria.

Por su parte, el titular del Episcopado, monseñor José María Arancedo, visitó dos meses atrás a algunos represores encarcelados. La noticia se filtró y desde el máximo organismo de la Iglesia católica argentina se explicó que había sido un gesto por el Año de la Misericordia.

El gobierno de Macri ha tenido desde su asunción, en diciembre, una relación tensa con las principales organizaciones de derechos humanos en Argentina, entre ellas con las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. En mayo, la organización encabezada por Estela de Carlotto denunció que una decisión del Ministerio de Seguridad “desarticuló” el Grupo Especializado de Asistencia Judicial, que había sido creado para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial a fin de permitir la identificación de los hijos de desaparecidos durante la dictadura.

Cuando el presidente evitó precisar la cifra de desaparecidos que hay en Argentina, durante una entrevista con el portal BuzzFeed, de Carlotto dijo que Macri quiere “cambiar la historia a su manera, a su gusto, diciendo que no sabe”. La dirigente agregó: “Si el presidente cree que vamos a dejar de buscar a los bebés desaparecidos, está muy equivocado”.

Sin embargo, en medio de la polémica por este cambio en la política de derechos humanos, el gobierno de la alianza Cambiemos anunció ayer que evalúa objetar la decisión de la Justicia que otorgó la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz, quien cumple condena por ser responsable de diversos crímenes cometidos durante la dictura: asesinatos, secuestros, desapariciones y sustracción de identidad. “Estamos revisando el caso Etchecolatz y analizando toda la situación para ver qué se puede hacer”, declaró Avruj a La Nación.

Etiquetas