La bancada del Frente Amplio (FA) aprobó el sábado por unanimidad la propuesta del sector Ir de excluir a las universidades privadas de los beneficios de exoneraciones fiscales a las donaciones establecidos en el Texto Ordenado 1996. El artículo -que tiene el número 185 en el proyecto de Rendición de Cuentas que discute la Cámara de Diputados- generó polémica incluso dentro del FA. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori, adelantó el domingo que no estaba de acuerdo con la propuesta; el diputado Gonzalo Civila (Partido Socialista) explicó ayer a Telemundo que el planteo se había discutido en la bancada, con la presencia de autoridades del MEF, las que transmitieron que introducir ese cambio “no era una dificultad y que era potestad del Parlamento decidir qué instituciones están en la lista” de beneficiarios.

Los rectores de las cinco universidades privadas -Católica, de Montevideo, ORT, de la Empresa y el Instituto Universitario Claeh- se reunieron con el subsecretario del MEF, Pablo Ferreri. Al término de la reunión, Juan María Gutiérrez, rector de la Universidad de Montevideo, transmitió a la prensa que los representantes del MEF “no entienden la razón del planteo”. Según Gutiérrez, Ferreri les transmitió que él y el MEF “entienden que el sistema ha funcionado muy bien [...] y que no hay razón ni mérito para modificarla ni para realizar ningún cambio”. El rector calificó a la propuesta de “insensata”. “No hay una razón que apoye esto; algunos dijeron que eran razones ideológicas, pero no parece serio plantear una reforma de este tipo por razones ideológicas”, consideró. Alegó, además, que el dinero que las empresas no donen a las universidades se destinará a otras instituciones, y que se trata de un monto anual de 1.400.000 dólares.

Según consignó El País, Gutiérrez comentó que Ferreri les había dicho que el MEF “se contactará con los legisladores de los sectores más afines al ministro Astori, para explicarles la postura de la cartera de Estado y explicarles las ventajas del sistema, para que procedan ‘como les parezca’”. la diaria consultó a legisladores del Frente Liber Seregni (FLS) si cambiarán su postura respecto del artículo 185; “nosotros seguimos con la posición de la bancada”, respondió la diputada de Asamblea Uruguay Bertha Sanseverino.

El tema fue debatido ayer en el plenario. “El sistema universitario necesita de lo público y de lo privado”, fundamentó el diputado nacionalista Rodrigo Goñi. Señaló que “la ideología no es un fundamento suficiente” y vaticinó que, de aprobarse el artículo, “será dañino” para las universidades privadas, para familias y jóvenes, para el sistema universitario en su conjunto y para la competitividad del país. “Lo único que estaremos comprando y obteniendo es un pasaje directo a la mediocridad”, anunció.

Por su parte, Martín Couto (Ir) defendió la propuesta. “No compartimos que se hable de competencia cuando se habla de educación”, expresó en respuesta a quienes reprochan que las universidades privadas quedarán en desventaja respecto de instituciones como la Universidad de la República y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que se mantendrían en la lista de instituciones beneficiarias de las exoneraciones fiscales. Acotó, no obstante, que si se habla en términos de competencia “la que está en desventaja es la Udelar”, porque paga millones de dólares anuales por aportes patronales, algo de lo que están exoneradas las privadas. Justificó que el planteo apunta a las privadas porque “pueden soportar una caída menor en su presupuesto”. Agregó que 83% de la donación de las empresas termina aportándolo el Estado.