Ya hay una fecha y un lugar: será entre el 31 de agosto y el 2 de setiembre en la sala de conferencias de la Intendencia de Montevideo. También hay un objetivo: repensar los discursos en materia de seguridad y cambiar las prácticas, a partir de los aportes que se generen desde las organizaciones sociales. También podría leerse como una primera reacción: los jóvenes que participaron en el movimiento No a la Baja entienden que la comisión interpartidaria de seguridad no interpretó correctamente el resultado del plebiscito de octubre de 2014; por el contrario, opinan que el sistema político sigue dando, puertas adentro, las mismas respuestas simplistas y cortoplacistas de siempre, que nada aportan al problema de la seguridad y en algunos casos hasta empeoran la situación, por ejemplo, en la emergencia carcelaria.

A propósito de esta convocatoria abierta hablamos con Julián Reyes (Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay), Santiago Stancieri (departamento de jóvenes del PIT-CNT), Emilia Pérez (Proderechos), Ignacio Estrade (No a la Baja interior) y Leonel Rivero (colectivo Catalejo). Todos comparten un diagnóstico: el No a la Baja los juntó generacionalmente y siempre es importante arrancar con un triunfo, pero eso no significó un cambio de paradigma en materia de seguridad en Uruguay: “Si bien ganamos ese plebiscito, a nivel de la disputa hegemónica queda mucho por hacer, porque ese paradigma punitivo está presente todos los días, y está muy instalado en el ámbito de partidos políticos y de las instituciones. El plebiscito tal vez fue un puntapié inicial, pero hay que seguir trabajando”, dijo Julián.

Para Santiago, el No a la Baja sirvió para aglutinar a actores sociales y ahora el desafío es mantener esa coordinación. Emilia coincidió: “Este debate es también una continuación; hay cosas que siguen pasando y tenemos que buscar otras respuestas, no podemos dar siempre las mismas”. Para Leonel, otra enseñanza del No a a la Baja es que a los uruguayos les interesa opinar sobre la seguridad pública. “También fue importante por lo que generó en la militancia juvenil, que además de oponerse a una propuesta dejó abierta la posibilidad de reflexionar en torno a un tema”. Al respecto, Ignacio agrega: “Y no fue una negativa vacía, sino que se sustentó en determinados argumentos que muchos han tomado como bandera. Esos argumentos, lamentablemente, no han estado reflejados en las instancias político-partidarias de discusión sobre la seguridad, como la comisión interpartidaria. Decíamos que la baja iba a ser peor, entre otras cosas, porque el sistema carcelario adulto no estaba dando resultados. La necesidad de discutir este punto sigue estando presente, porque el problema sigue y se ha agravado”.

La representante de Proderechos dijo que el triunfo del No a la Baja ha servido apenas “para evitar que la realidad sea peor, pero eso no significa que la realidad sea buena”. “No cambiamos de paradigma y el encierro sigue siendo la única solución que dan las instituciones y el gobierno. La comisión interpartidaria mantiene y reproduce esa lógica de que el endurecimiento de las penas va a solucionar el conflicto; es un ámbito que refleja exclusivamente la posición de la clase política y excluye la visión de la sociedad civil y de todos los agentes que están investigando el tema [en este punto corresponde aclarar que esta entrevista se hizo antes de que la comisión finalizara su trabajo]”. Según Emilia, de esa manera se simplifica un problema que es sumamente complejo. “Si tomamos en cuenta las políticas que ha tomado el gobierno y los informes que han surgido de esta comisión, estamos lejos de modificar ese paradigma. Por eso es importante que la sociedad civil otra vez se reúna para intentar hacer aportes en un debate complejo, que hoy no contempla ninguna posición contrahegemónica. La principal apuesta sigue siendo el endurecimiento de las penas y a la cárcel como principal solución, con una situación carcelaria y niveles de reincidencia que son cada vez más complicados; seguimos estando en un escenario en el que nadie está planteando nuevos modelos”, agrega.

Leonel, por su parte, piensa que esas simplificaciones apelan rápidamente a la búsqueda de culpables; la propuesta de la baja, por ejemplo, intentó responsabilizar a los jóvenes, pero quizás otras traten de colocar la responsabilidad en otros lugares. “Sin embargo, la realidad indica que la inseguridad pública es un problema serio, que requiere soluciones serias y profundas; el principal objetivo de este debate nacional es empezar a transitar ese camino, buscando nuevas luces y nuevos enfoques”. Más allá de posiciones críticas, los organizadores del debate apuestan a que la discusión marque rumbos programáticos; para eso habrá seis mesas centrales que generarán insumos para el debate y el último día se convocará una discusión ciudadana abierta que elaborará un decálogo de “caminos posibles”. “Creemos que el fortalecimiento de la sociedad civil también depende de su capacidad de elaborar una plataforma de propuestas sobre el tema”, explicó Emilia.

Otro tema que atraviesa estas discusiones es la gestión del Ministerio del Interior (MI). Ignacio consideró que en estos años el MI ha llevado adelante un paquete de medidas, algunas más exitosas que otras, pero advirtió que no es correcto pensar que los niveles de violencia en la sociedad dependen exclusivamente de esas políticas. “Tanto el MI como el Poder Judicial son, en realidad, los últimos eslabones de toda una secuencia en la que estamos inmersos. No hay mejor política en seguridad que aquella que tienda a una mayor integración social, a la prevención del delito y a lazos comunitarios más fuertes. Está muy arraigada la idea de que en determinados barrios no existe el Estado; tal vez sea cierto, pero en realidad el desafío es que antes que presencia del Estado exista comunidad”.

Para el representante del PIT-CNT, en tanto, los problemas de convivencia están relacionados con la generación de oportunidades: “Es importante dar esta discusión en el movimiento sindical, convencer a los compañeros en las asambleas, analizar los fenómenos desde la globalidad y tratar que no permeen los discursos más conservadoras entre los trabajadores”. En esa misma línea, Julián recordó que el movimiento estudiantil ha planteado iniciativas para la formación de las personas privadas de libertad, por ejemplo a nivel de la Comisión Sectorial de Extensión de la Universidad de la República. Ignacio, para terminar, puso el acento en la reinserción: “La privación de libertad también hay que asociarla con lo que pueda pasar el día después. Hace unos días una persona salió del Penal de Libertad y no tenía plata para renovar la cédula; entonces fue y robó un comercio. Los índices de reincidencia en las semanas posteriores a la salida de la cárcel son altos, porque la persona no cuenta ni siquiera con las herramientas mínimas, le faltan cosas básicas y es importante tener políticas para eso”. Los organizadores del debate coinciden en otra cosa: esta discusión recién arranca.