El incidente se produjo ayer, poco después del mediodía. “Fue en la calle. Yo iba caminando, él pasó en el auto, dio marcha atrás, se bajó, cruzó la ruta, fue hasta donde yo estaba en el auto, me dio un manotazo, me agarró el teléfono, me empujó, me amenazó de muerte, me tiró el teléfono”, contó a la diaria Adriana Pascual, vecina de Paso Picón (Canelones). Pascual ha liderado las denuncias que han presentado desde hace tres años los vecinos de esta zona rural, ubicada a cuatro kilómetros de la capital canaria, por las fumigaciones que hace Máximo Castilla, médico y productor rural. Cuando vio que Castilla se le acercaba, intentó filmarlo. “Puta, hija de puta, conchuda, te voy a matar”, le decía el doctor. El celular cayó al suelo pero no se rompió; Pascual alcanzó a tomar una foto y le dijo que lo iba a denunciar. Castilla tomó el atajo: “Él me denunció a mí y yo a él”.
Se encontraron en la Seccional 1ª de Canelones; según Pascual, Castilla siguió insultándola. A ella de inmediato la llevaron a su mutualista y allí estuvo algunas horas; sólo tenía la muñeca roja del manotazo. Horas después, volvió a la Seccional 1ª para concluir la denuncia, y hoy irá al Juzgado Letrado de Canelones de 1º Turno.
Pascual lloraba al hacer el relato. Tal vez por miedo -no es la primera vez que Castilla la amenaza de muerte-, tanto y más por bronca. Cuestionó que sea “tan impune” y preguntó: “¿Quién le va a poner el límite? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? No puedo ser yo”.
La exposición que hará hoy Pascual en el juzgado se sumará al expediente iniciado por la Intendencia de Canelones (IC), que en setiembre de 2015 denunció penalmente a Castilla por no respetar las distancias mínimas definidas para fumigar; la zona de Paso Picón fue redefinida en mayo de 2015 como “perímetro rural con asentamiento urbano”, pero, de todos modos, antes de eso el médico había incurrido en infracciones por fumigar con viento, provocando deriva de agroquímicos en los predios linderos (por alguna de esas infracciones recibió multas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, además de las cobradas por la IC).
La causa está a cargo del juez Luis Alberto Sobot, que si bien no ha citado a los vecinos denunciantes, tiene mucho para estudiar. En enero, el Ministerio de Salud Pública (MSP) le presentó al juez un informe a partir de la evaluación de las historias clínicas de los vecinos denunciantes, tal como lo consignó el semanario Brecha el 22 de julio. El MSP pidió a las instituciones de salud una copia de las historias clínicas -también buscó evaluar el propio registro de las instituciones-, y en tres casos constató la relación entre los síntomas de tos, mareos, vómitos, cefaleas y malestar que manifestaban los vecinos por estar expuestos a la aplicación de plaguicidas; en otros no pudo constatarse, en parte debido a un registro inadecuado. De acuerdo con el informe, hay reiteradas afecciones, algunas de ellas graves, provocadas por la “exposición crónica” a los plaguicidas aplicados a los cultivos de soja y trigo.
Desde el domingo los vecinos convocan a una reunión que se hará en la Escuela Rural Nº 34, de Paso Picón, para intercambiar sobre los informes que el MSP presentó al juez Sobot; se anuncia la presencia de autoridades nacionales y departamentales. El encuentro está fijado para el jueves a las 16.00 y no parece que se vaya a suspender por amenazas.