El momento más candente de la interpelación fue cuando Rodríguez se puso una cinta negra en los ojos para “ponerse en el lugar” de los no videntes, y quiso distribuir cintas entre los parlamentarios presentes para que hicieran lo propio. La bancada del Frente Amplio votó en contra de distribuir el material. La coordinadora de la bancada oficialista, Orquídea Minetti, cuestionó que se utilizara una interpelación “para hacer una actividad político partidaria” y pidió que se leyera el reglamento de las sesiones, que establece que los asistentes a las barras tienen prohibido hacer manifestaciones de aprobación y desaprobación. “Uno no sale del asombro: la diputada Gloria Rodríguez no ha hecho ninguna referencia político partidaria”, comentó la diputada colorada Graciela Matiaude. “Es insólito, no sabía que en el Parlamento no se podía hacer política partidaria”, manifestó la diputada nacionalista Graciela Bianchi.

La frenteamplista Susana Pereyra redobló la apuesta y calificó la propuesta de Rodríguez como “un hecho de absoluta demagogia”. “Nosotros no necesitamos ponernos una cinta en los ojos, porque sabemos ponernos en el lugar de todos aquellos que están pasando por una situación difícil. No somos demagogos. Es una falta de respeto ponerse una cinta. Vamos a dejarnos de bastardear este acto”, solicitó, y fue interrumpida por el grito de “atrevida” propinado por un legislador de la oposición. “Más atrevido será usted”, le contestó Pereyra, y el presidente de la cámara, Gerardo Amarilla, tuvo que poner orden pidiendo silencio a los legisladores que intercambiaban acusaciones.

Desde las barras varias personas del público, muchas de ellas de organizaciones de personas ciegas o con baja visión, se colocaron las vendas negras.

Administrar recursos

Rodríguez comentó en su exposición que “muchas veces nos rasgamos las vestiduras con el tema de la discapacidad”, pero “eso no se vio reflejado en el caso del centro Tiburcio Cachón”, en el que no se quiso “escuchar” a los usuarios. Pidió a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, que reconociera “su error” y aclaró que no solicitaba su renuncia, sino que quería formular un pedido de diálogo.

Rodríguez calificó como una “violación a los derechos humanos” el traslado del centro Tiburcio Cachón al Instituto Artigas. Dijo que además de perjudicar a los usuarios, “es un despilfarro”. “Esto va a generar que haya una rehabilitación para ricos y otra para pobres”, comentó. “Yo vengo de un hogar pobre y me duele cuando vienen a hablar de los pobres, cuando no saben lo que es la pobreza y se llenan la boca”, manifestó.

Cuestionó el lugar donde está ubicado el Instituto Artigas, rodeado de “descampados” y veredas en mal estado, con poca locomoción y pocos peatones circulando que puedan ayudar a los no videntes. “El Ministerio del Interior lo ha catalogado como zona roja”, apuntó. Sostuvo que el desalojo del centro no se produjo de forma pacífica, sino que fue un “atropello” propio de una “democracia autoritaria”.

Arismendi recordó las políticas adoptadas por los gobiernos del Frente Amplio en beneficio de la población no vidente; enumeró la coordinación de más de 2.000 cirugías en Cuba y luego, la creación del Hospital de Ojos que, además de potenciar la formación de recursos humanos, ha hecho más de 64.000 cirugías. “Si esto no se hubiera hecho, tendríamos 64.023 ciegos más”, dijo. La jerarca remarcó que no se trata del cierre del centro Tiburcio Cachón, sino de un traslado, y alegó que la decisión se tomó con el objetivo de “potenciar los recursos” y “tener un centro único para todo el país”. “Acá no se niega a nadie la rehabilitación. Queremos más y mejor rehabilitación, y queremos rehabilitación en todo el país”, destacó. Cuestionó que la diputada interpelante sólo se estaba refiriendo a la rehabilitación en Montevideo, porque la diferencia se centraba entre un barrio u otro de la capital, y puso énfasis en que el Mides apunta a la rehabilitación en todo el país. Ejemplificó que en Vichadero (Rivera) hay muchas personas ciegas y con baja visión que necesitan rehabilitarse y que no se las hará venir a Montevideo: “Tenemos que formar equipos que vayan a hacer rehabilitación a Vichadero”, aseveró. Agregó que el problema “fundamental” que se tiene no es edilicio, sino de recursos humanos.

De todos modos, la ministra reconoció que también se estaba “con las tijeras cortando” y agregó que “claro que pesó” el hecho de que se pudiera compartir el lugar físico del centro con otras instituciones del Estado, para eliminar el pago de alquileres. “Eso es utilizar recursos, por los cuales respondemos también ante este Parlamento”, afirmó.

Se pretende crear el Centro Nacional de Discapacidad Visual en el Instituto Artigas, anunció Arismendi. Adelantó que se apunta a sensibilizar a la comunidad, capacitar recursos humanos y ampliar la cobertura de rehabilitación visual a todo el país, apoyándose en el trabajo intersectorial. Comentó que se verá en cada caso dónde se hará la rehabilitación, y que puede ser en la propia casa de la persona, para ayudarla en las actividades de su vida diaria; luego de un proceso se saldrá al barrio y más allá.

Diálogo y negociación

Ya entrada la tarde, Rodríguez entendió que Arismendi aceptaba conformar un ámbito de diálogo, integrado por usuarios del centro Cachón, legisladores, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y autoridades del Mides, para conversar sobre el traslado del centro. “Realmente, señora ministra, me quedo muy satisfecha con su respuesta y le agradezco muchísimo”, dijo. “Nosotros estuvimos dialogando, estamos dialogando y seguiremos dialogando por el plan de rehabilitación”, aclaró Arismendi, que sostuvo que no se constituirá un nuevo ámbito, sino que se seguirá dialogando como se ha hecho hasta ahora. Le respondió, también, que el tema no será el centro Cachón, sino el Plan Nacional de Rehabilitación que se está gestando, y que el ámbito no sería la Comisión de Derechos Humanos de Diputados; recordó que durante la ocupación del centro, el Mides estaba dispuesto a crear una mesa de diálogo en la INDDHH -“que no está partidizada”, subrayó- y que los usuarios habían rechazado esa propuesta.

Entonces Rodríguez volvió a discrepar, porque el Mides no estaba dispuesto a negociar el traslado. “Las decisiones de gobierno no son delegables”, afirmó la ministra. La diputada interpelante arremetió: “La ministra se mantiene en la misma intransigencia”, acusó, y afirmó que Arismendi “no tiene voluntad de diálogo, el centro Cachón va a ser desmantelado, se traslada sí o sí”.

A su intervención le siguió la larga lista de oradores. La diputada colorada Graciela Matiaude expresó que “no existe un motivo real para el traslado” y manifestó que es una “vergüenza” que el se deba al costo del alquiler. Acusó que “[el vicepresidente Raúl] Sendic y sus cómplices gastaron” en tres días más en viajes que lo que podría gastar el centro Cachón en años. Así como Rodríguez, Eduardo Rubio (Unidad Popular) cuestionó qué tenía que ver la Operación Milagro (cirugías en convenio con Cuba) con la interpelación. Machacó por la decisión del traslado, la “actitud de soberbia y autoritarismo” con que fue llevado el tema y que no se conversara la propuesta con los usuarios. “No puedo entender por qué el Parlamento no es un lugar adecuado y por qué complica que haya muchos partidos, por qué no podemos instalar una mesa de diálogo”, agregó. También el representante del Partido Independiente, Daniel Radío, cuestionó la decisión; preguntó por qué se deja de lado un centro que es de referencia internacional y que hace más de cinco décadas que está siendo refaccionado.

Varios diputados oficialistas cuestionaron a Rodríguez por hablar de violación de derechos humanos; “es un atropello”, señaló José Carlos Mahía.

Las horas siguieron pasando. Cuando iban diez horas de debate y hacía uso de la palabra, el nacionalista Federico Casaretto expresó que iba preparado para escuchar a una ministra con su “ironía política”, pero que la vio “apagada y concreta en su tema”; “capaz que es lo que dice el doctor Vázquez, que a todos nos llega la biología”, apuntó. La hilaridad de sus colegas obligó a crear un cuarto intermedio. Al volver, deslizó que Arismendi no quería formar una mesa de diálogo en el Parlamento porque había “intereses cruzados”, y lo atribuyó a “la ideología que históricamente la señora ministra ha abrazado, donde hay parlamentos que tienen un solo partido”.

Al cerrar la interpelación Arismendi respondió que “decir que soy vieja o decir que soy comunista es un dato de la realidad” y que para ella no significaba una ofensa. Expresó que “sería interesante repasar las actas y contar cuántas veces se utilizó la palabra ‘insensible’ o ‘sensibilidad’, o la palabra ‘intransigencia’; se habló de falta de diálogo, de soberbia, de prepotencia”. Compartió con Rodríguez que “fue muy doloroso el abandono de la ocupación” y recordó que no cumplió el mandato del juez que la mandó aplicar el decreto de desocupación.

Enfatizó que la rehabilitación seguirá haciéndose en el centro Tiburcio Cachón hasta que el Instituto Artigas esté en condiciones, y una vez más, remarcó que las reformas se vienen haciendo de acuerdo con las normas UNIT.

Se presentaron dos mociones. La propuesta por diputados oficialistas obtuvo 50 votos entre 84 legisladores. Respaldó los lineamientos políticos del gobierno nacional en su conjunto y al Mides en particular, así como su compromiso con los planes para personas ciegas y de baja visión.

La moción presentada por los diputados de la oposición reiteró la propuesta de Rodríguez de crear un ámbito de diálogo integrado por representantes de usuarios del centro Tiburcio Cachón, la INDDHH, la Cámara de Representantes y autoridades del Mides para establecer mejoras en la rehabilitación y para el plan de traslado.