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Internacional | Miércoles 24 • Agosto • 2016

Ronald dela Rosa (centro), director general de la Policía de Filipinas, durante una audiencia por una serie de ejecuciones extrajudiciales, ayer, en el Senado en Manila. Foto: Ted Aljibe, Afp

Vive nuestro amigo Marcos

En Filipinas se impone una política antidrogas manejada por la Policía y los escuadrones de la muerte.

Rodrigo Roa Duterte, conocido como El Castigador, nació hace 71 años en Mindanao, Filipinas, y fue durante 20 años alcalde de la ciudad de Davao, en la que se hizo conocido por su política de “guerra sucia” a la delincuencia. Se ha declarado admirador del ex dictador de su país Ferdinand Marcos, cuyos restos pretende trasladar al Cementerio de los Héroes. Se ha enfrascado en varias polémicas por insultar al papa, al embajador de Estados Unidos y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A pesar de todo, Duterte goza de una impresionante popularidad en su país. Se impuso con una amplia ventaja en las elecciones presidenciales de mayo, lo que asegura que continuará su particular campaña para erradicar el tráfico de drogas.

“Vienen con una propuesta muy estúpida”, dijo respecto de las críticas realizadas por el director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), Yury Fedotov, quien condenó los “asesinatos extrajudiciales” de las personas acusadas de ser traficantes de drogas. Fedotov pidió a Duterte que llevara a los sospechosos “ante la Justicia, con las garantías jurídicas apropiadas de acuerdo con los estándares y las normas internacionales”.

En un discurso pronunciado con motivo del 115º aniversario de la Policía filipina, Duterte volvió a acusar a la ONU de “interferir en los asuntos de la república” y relativizó las preocupaciones del organismo sobre su política represiva diciendo que eran “sólo 1.000 muertos”. En junio, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, había condenado el plan antidroga iniciado en Filipinas, del que dijo que es “ilegal y vulnera los derechos y libertades fundamentales”.

La UNODC también mostró su desacuerdo con la campaña y manifestó que poseía informes de ejecuciones extrajudiciales, no sólo de grandes narcotraficantes, sino de pequeños vendedores y consumidores. Duterte, cuya administración ha indicado que el número de adictos a las drogas en Filipinas asciende a 3,7 millones, ha dicho varias veces que las críticas internacionales no le interesan. El gobernante afirma que los derechos humanos de los traficantes “le dan igual” y justifica usualmente la cantidad de muertos diciendo que se trata de una medida necesaria para proteger al resto de los filipinos.

“No podemos construir una nación sobre los huesos de nuestras personas, nuestros ciudadanos. Pero en el momento en el que se llama a la acción para proteger a toda la nación, especialmente a los jóvenes, me he colocado al frente, por mi honor, por mi vida, incluso si pierdo la presidencia”, dijo Duterte, cuya popularidad se sitúa en 91% en las encuestas, el nivel más alto que haya tenido un jefe de Estado filipino.

A inicios de agosto, el controvertido presidente dio a conocer en televisión una lista con 158 nombres entre los que se incluía a militares, congresistas, jueces y fiscales a los que acusa de favorecer a los narcotraficantes. Llamó a estas personas a comparecer ante la Justicia, aunque después de leer la lista dijo que él no tiene nada que decir de ese proceso. Justificó la lectura de esa lista de nombres de personas sospechosas, a las que no se les ha probado judicialmente ningún delito, afirmando que había jurado que informaría al público del estado de los narcopolíticos en el país.

Luego de enumerar a esas 158 personas, anunció que había dado la orden de tirar a matar a los narcotraficantes y a quienes los ayudan, y que dicha decisión se mantendría “mientras él estuviera vivo y gobernando”.

Duterte busca además reinstaurar la pena de muerte e implementar el pago de “primas” a los policías que traigan cadáveres de narcotraficantes. Asimismo, aseguró que permitirá y premiará a los filipinos que maten o arresten a sospechosos por su cuenta.

Cuando lanzó su candidatura, en noviembre, Duterte trató al papa Francisco de “hijo de puta” por haber causado embotellamientos en las calles de Manila durante su visita al país, en el que la mayoría de las personas son católicas. Ocho meses después del incidente, que lo llevó a pedir disculpas, Duterte volvió a causar problemas al llamar “homosexual” y, nuevamente, “hijo de puta” al embajador de Estados Unidos en Filipinas, Philip Goldberg.

En poco más de un mes de mandato, 600 sospechosos de ser narcotraficantes han perdido la vida a manos de la Policía o de patrullas civiles de vigilancia (o escuadrones de la muerte) que cuentan con el beneplácito del aparato policial. Ayer el jefe de la Policía filipina, Ronald dela Rosa, informó al Senado que más de 670.000 personas se habían entregado a las autoridades y que 11.000 habían sido detenidas en el marco de esta política.

Filipinas es uno de los países más próximos a Estados Unidos en el sureste asiático, especialmente en el contexto de las diferencias territoriales con Pekín en el mar de China.


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