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Nacional | Miércoles 07 • Septiembre • 2016

Agua y oportunidades perdidas

Recibimos y publicamos.

La situación de OSE ha vuelto estos días a la prensa a partir del conflicto de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) y de algunas declaraciones del directorio del ente. FFOSE sostiene que los recortes “afectarán los servicios y la calidad del agua que brinda OSE” y denuncia “el permanente aumento de las tercerizaciones en materia de personal que sustituyen el ingreso de personal genuino”. En tanto, en Búsqueda se destaca, en la edición del 1/9/2016, que el directorio de OSE sostiene: “Sin dudas hemos llegado al límite de lo que podemos seguir invirtiendo en infraestructura, en obras de tratamiento de efluentes”, mientras se mantienen vigentes “las exigencias medioambientales” y son necesarias obras como la construcción de nuevos filtros de carbón activado en Aguas Corrientes y Laguna del Sauce (provisión de agua para la zona metropolitana y Maldonado, respectivamente).

Seguramente ambos tienen razón. No es mi intención discrepar con lo que ambos actores sostienen. Todo lo contrario: celebro en general que las organizaciones sociales participen y reclamen espacios de incidencia en las políticas públicas. Del mismo modo, el directorio describe un estado de situación, seguramente agravado por la orientación macroeconómica que ha colocado otra vez a las empresas públicas en un rol de variable dependiente en función del equilibrio fiscal.

Sólo quiero traer nuevamente a la luz pública un puñado de ideas fuerza que impulsaron diversos colectivos, que fueron parte de la base social de los cambios que habilitaron la llegada del Frente Amplio (FA) al gobierno. Esas ideas y esos colectivos aún esperan su oportunidad de llevar a la práctica muchas de las medidas que eran la alternativa a las propuestas neoliberales de los 90, aquellas que sostenían que el Estado “no puede”; no puede con la inversión, no puede con la gestión.

Me permito recordar entonces:

En primer término, decíamos que OSE debe mantener su carácter social, brindando un servicio universal y con tarifas adecuadas a la capacidad de pago de los usuarios, y, a la vez, sostener su equilibrio financiero. La llave para cumplir todas las exigencias anteriores estaba en mejorar la relación agua facturada/agua producida; ahí está el margen de recursos con los que seguir extendiendo el servicio en forma sostenible. Este ratio es el corazón de todas las empresas de agua potable y responde a un complejo de variables técnicas y sociales, al que es necesario ajustar como un mecanismo de relojería. Es impensable lo anterior sin una gestión de recursos humanos orientada a ese objetivo.

Durante el primer gobierno del FA se elaboró en OSE un Plan Estratégico de Recursos Humanos, un intento en el sentido de contar con las personas justas y necesarias que mantuvieran “el saber hacer” del servicio (si no, ¿cómo mantener un mecanismo de relojería sin relojeros?). Este intento naufragó entre la incomprensión y la falta de apoyo político, pero no es que el Estado no sepa gestionar; sí que sabe. Creo sinceramente que tras la abortada planificación de los recursos humanos no hay un impedimento presupuestal. Valdría aquí aquella frase: “Es que lo imposible siempre tarda un poco más”.

Como segunda causa de los desequilibrios financieros señalábamos la necesidad de un cambio de paradigma de la inversión en OSE. Cuestionábamos, en aquella época, la tendencia a solucionar todos los problemas con “obras faraónicas”. Lo faraónico tenía y tiene muchas ventajas: produce titulares impactantes, del estilo “Una obra de 400 millones de dólares que cubrirá las necesidades de saneamiento para 300.000 personas en los próximos 30 años”. Suena espléndido, pero tras este tipo de obras se esconde una importante cantidad de recursos ociosos, desperdiciados, porque ¿cuál es el sentido de invertir hoy para la demanda proyectada a 30 años? Justamente, debería modularse la inversión siguiendo la evolución de la demanda. Existen diversas variables que explican esto; sólo destacaré dos.

Una de ellas nos hace volver sobre la necesidad de OSE de controlar su propio saber hacer. Los proyectos de ingeniería que luego se convertirán en inversiones los realizan habitualmente consultorías que, a su vez, están vinculadas a las empresas constructoras que serán adjudicatarias de las obras. Es obvio que las inversiones faraónicas incluyen jugosas ganancias para estas empresas, que son, para peor, no más de cuatro o cinco en nuestro mercado. En resumen, y para darle un lustre académico al comentario, podría decirse que el Estado incurre en sobrecostos como resultado del poder oligopólico de las empresas constructoras.

Una segunda variable a considerar son los tortuosos procedimientos de compra del Estado uruguayo, que, por cierto, no sirven para asegurar la transparencia, ni mucho menos la eficiencia en las compras. Así las cosas, es natural que quienes tienen la responsabilidad de cumplir con el servicio traten de cubrir el mayor número posible de objetivos por procedimiento de compra. Para el caso que estamos refiriendo, los procedimientos son funcionales a las grandes obras que cubren un largo período de tiempo, no a la inversión ajustada al crecimiento de la demanda en períodos más breves, que implicarían una sucesión diabólica de licitaciones que nadie podría resistir. Esto es parte de la reforma del Estado, la madre de todas las reformas, pendiente aún. El Estado continúa perdiendo gran cantidad de recursos en procedimientos de compra ineficientes a los que sólo se han introducido cambios cosméticos.

La tercera causa de amenaza a la sustentabilidad de los servicios de agua y saneamiento en Uruguay es la vulneración de los subsidios cruzados entre áreas geográficas rentables y no rentables. Esta amenaza nace en el 2000: cuando se privatizan los servicios de OSE en Maldonado, obviamente se privatiza un departamento que, por economía de escala, es rentable. En 2005, con el FA en el gobierno y la reforma constitucional del agua vigente, se crea un contubernio institucional (Ley 17.902) por el cual, para el departamento de Maldonado, OSE comparte la gestión con la Intendencia departamental. Fue una solución política que les daba garantías a los actores locales de que se llevarían a cabo las obras que los privados no habían hecho. Las obras prometidas, y más, ya se realizaron en estos diez años, pero lo que surgió como una solución coyuntural sigue vigente, constituyendo una amenaza al equilibrio distributivo en todo el país en materia de agua y saneamiento. Para traducirlo en términos simples, los recursos financieros producidos en Maldonado tienen como prioridad atender las necesidades de Maldonado, y recién el remanente, si lo hay, puede destinarse al resto del país. Si lo mismo se hiciera para Montevideo, se acabaría la inversión en los departamentos deficitarios, que son la mayoría.

Una última amenaza emergente, que, por cierto, no era visualizada previo a la llegada del FA al gobierno, es la presión que el incremento de la actividad productiva ha implicado sobre el medioambiente en general y sobre los recursos hídricos en particular. Las exportaciones agropecuarias se multiplicaron por siete entre 2001 y 2015; esto, por supuesto, ha sido positivo para Uruguay, pero tiene esta contracara de deterioro progresivo del medioambiente. Es claro que hay un impacto acumulado en ambiente de más larga data, pero el crecimiento inusitado en la producción de los últimos años hizo su parte.

Esto impacta en el incremento de costos operativos para OSE, así como en la necesidad de realizar inversiones en dispositivos como los filtros de carbón activado, con un costo estimado de 80 millones de dólares. Así, los usuarios de OSE se hacen cargo, a través de la tarifa, de pagar las acciones para mitigar el deterioro del medioambiente. Mientras tanto, sigue pendiente la implementación del canon por uso del agua previsto legalmente (Decreto-Ley 14.859), pero nunca reglamentado, tal como prevé la ley.

Existen oportunidades de mejora, hay suficientes diagnósticos y propuestas de solución, no hemos perdido la ventana de oportunidad. Está en el gobierno la fuerza política hija de las fuerzas sociales que impulsaron todos estos cambios.

Como decía hace poco un compañero rumbo a las elecciones internas del FA, refiriéndose a España y el movimiento de indignados como realidad emergente: “Yo quiero que Podemos surja dentro del FA”. Yo también.

Alicia Araújo