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Nacional | Jueves 01 • Septiembre • 2016

Vecinos de Paso Picón, ayer, en el Juzgado Penal de Canelones. Foto: Andrés Cuenca

Ante la ley

Vecinos de Paso Picón declararon ante la Justicia contra el productor multado por la intendencia.

Cerca de tres horas duró la declaración de Adriana Pascual, vecina de Paso Picón (Canelones), ante el juez Luis Alberto Sobot, del Juzgado Letrado de 1ª Instancia en lo Penal de 1° Turno de Canelones. Pascual y otros cuatro vecinos de la zona concurrieron a declarar ayer por una serie de denuncias que están formulando desde 2013 ante la Policía y distintos organismos del Estado contra el productor de la zona -médico de profesión- Máximo Castilla. Castilla también estaba citado a declarar, pero no concurrió. Cuando Pascual salió del juzgado ya era de noche y hacía rato que se habían cerrado las puertas. La extensión de su declaración determinará que el juez vuelva a citar a los vecinos que no llegaron a dar sus testimonios. El productor también será citado, dijo Pascual.

El juez tiene varios expedientes sobre el caso de Paso Picón. Además del que iniciaron los vecinos, denunciando agresiones del productor, está el que interpuso la Intendencia de Canelones (IC) a fines de 2015 porque el productor no respetó la distancia mínima de 300 metros en torno “al perímetro rural con asentamientos humanos Paso Espinosa-Paso Picón” para fumigar (por ese incumplimiento, la comuna resolvió, además, aplicarle al productor multas por un millón de dólares). A ese expediente, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anexó en enero el análisis de historias clínicas que constatan la afectación de la salud de vecinos de la zona por la aplicación de agroquímicos.

El intercambio con Sobot repasó los distintos episodios de estos cuatro años. Pascual dijo a la diaria que el juez iba preguntando y anotaba en el expediente que correspondía. El magistrado no indagará en uno solo, sino que buscará “todos los hechos de violencia que se corresponden con las denuncias ante los organismos públicos correspondientes”. En otras palabras, se intenta establecer si antes de cada episodio de violencia denunciado por los vecinos hubo una denuncia de ellos ante instituciones públicas -Policía, IC, Dirección Nacional de Medio Ambiente, Dirección General de Servicios Agrícolas, MSP, Institución Nacional de Derechos Humanos-.

Hoy Pascual deberá concurrir al forense con su historia clínica, que demuestra que su salud resultó afectada por la fumigación efectuada por el productor. En cinco días (a partir de ayer) deberá presentar en el juzgado las fotos que ella le ha tomando a él fumigando. Lo que le interesa al juez es corroborar que era Castilla quien fumigaba, y que Pascual tomaba la foto desde su predio, sin ingresar al del productor, explicó la vecina. Según dijo Pascual a la prensa, en las denuncias Castilla los acusa de haber entrado a su propiedad, de tomar fotos y de tirar piedras.

Afuera del juzgado esperaba también Alberto Gómez, abogado especialista en derecho ambiental que sigue el caso junto al Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur). Días atrás, Ielsur emitió un comunicado de prensa en el que manifestó preocupación por los episodios de contaminación, y pidió a las autoridades “dar una respuesta adecuada que proteja los derechos de los vecinos afectados”. Alertó, además, al Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial sobre “la necesidad de brindar protección a quienes ejercitan el legítimo derecho de denunciar afectaciones a sus derechos”.

Gómez deseó que el caso “sirva para aleccionar a la autoridad, porque es una omisión contumaz y lo que hace es una negligencia”.