La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado terminó de aprobar ayer el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, con dos cambios importantes: hubo reasignación de recursos para asegurar el presupuesto educativo y cambios en el polémico artículo 186, que eliminaba a las universidades privadas del régimen de donaciones con exoneraciones fiscales.

Entre los senadores del Frente Amplio (FA) no había acuerdo en sacar del régimen a las universidades privadas (Católica, de Montevideo, ORT, de la Empresa y el Claeh), y se propuso disminuir el máximo que las empresas que donan pueden descontar por impuestos. Actualmente quienes donan a las instituciones determinadas por la ley pueden descontar hasta 75% de ese monto por impuestos; el restante 25% de lo donado lo computan como gasto, que a su vez recibe 25% de exoneración fiscal, por lo que el monto total de renuncia fiscal llega a 81,25%.

La propuesta aprobada en Diputados, planteada en la interna del FA por el sector Ir, implicaba que quienes donaran a las universidades privadas no tuviera exoneración fiscal, eliminando a las universidades de la lista de instituciones beneficiarias establecida en el artículo 79 de la Ley 18.083; ayer se acordó mantenerlas en el régimen pero reducir el monto que pueden exonerar los donantes. Un grupo de trabajo integrado por senadores y diputados del FA resolvió aprobar el agregado de un inciso en el artículo 78 de la Ley 18.083 que establezca que en el caso de las universidades privadas, las empresas donantes podrán descontar como impuestos hasta 40% de lo donado. Como el restante 60% también recibe una exoneración de 25%, el total de renuncia fiscal pasará de 81,25% a 55% en el caso de las universidades privadas.

Martín Couto, diputado suplente de Ir, explicó a la diaria que su sector planteó que no estaba de acuerdo con esta fórmula, y propuso que si se quería votar una fórmula “progresiva”, se añadiera que de aquí al final del período el porcentaje máximo de exoneración se reduciría a cero, lo que no fue aceptado. Por eso, Ir adelantó que cuando la Rendición de Cuentas vuelva a la cámara baja votará los cambios “por disciplina partidaria”. “Si uno lo ve en términos generales, hay un avance, porque además está el compromiso de formar una comisión que estudie este tipo de mecanismos de exoneraciones fiscales y se reformen en profundidad”, consideró Couto, que añadió que partiendo de la base del cuestionamiento al mecanismo, por el que los privados direccionan parte del gasto estatal, “que el Estado ponga menos es mejor”. De todas formas, reivindicó que lo que su sector había planteado “no era en términos de porcentajes, sino en que no era correcto aplicarlo a universidades privadas”. También dijo que hoy “todo el mundo está debatiendo el tema públicamente”.

La oposición manifestó su molestia con la reducción del porcentaje máximo a descontar, porque prefería que el artículo se eliminara de la Rendición de Cuentas. Couto explicó que propusieron comenzar por las universidades privadas “porque son instituciones que no dependen presupuestalmente de esto; hay otras, por ejemplo instituciones de salud, que es cierto que están prestando un servicio que el Estado no brinda, entonces si lo modificás debés tomarte más tiempo para ver cómo lo sustituís”.

De aquí y de allá

La bancada de legisladores del FA también resolvió qué recursos se reasignarán para asegurar el presupuesto educativo. En total, se buscaba cubrir 860 millones de pesos para destinar a los aumentos presupuestales que recibirán en 2017 la Universidad de la República (649 millones de pesos), la Universidad Tecnológica (100 millones de pesos) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP, que si bien tendrá 111 millones de pesos de aumento el próximo año, sufrirá un recorte de 682 millones respecto de lo previsto en la Ley de Presupuesto). Cuando se discutió la Rendición de Cuentas en Diputados se acordó que 328 millones se obtendrían del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, la Agencia Nacional de Desarrollo Económico y otros fondos de ANEP.

Ahora, el Senado resolvió que los restantes 532 millones de pesos saldrán del Ministerio del Interior (106 millones de pesos), Presidencia de la República (60 millones), el Ministerio de Defensa Nacional (MDN, 60 millones), el Ministerio de Economía y Finanzas (20 millones), el Poder Legislativo (36 millones), el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC, 40 millones) y de distintos rubros de todos los incisos de la administración central: 180 millones por la reducción de 1% en el rubro cero, que implicará el no llenado de vacantes, 20 millones de reducción en gastos y diez millones por ahorros en viáticos y viajes.

El Partido Comunista planteó su desacuerdo con que se volviera a recortar el presupuesto del SNIC (que durante la discusión de la Ley de Presupuesto, en 2015, ya había sufrido una reducción de los montos asignados), pero “no hubo margen” para lograr una alternativa. La senadora por Casa Grande Constanza Moreira también manifestó, durante la discusión en la bancada de senadores, que hubiera preferido que el MDN aportara 100 millones de pesos en lugar de quitarle 40 al SNIC. Por su parte, el senador de Compromiso Frenteamplista Marcos Otheguy aseguró que la disminución se aplicará a gastos de funcionamiento y otros rubros del SNIC, “pero no en el corazón de la implementación del sistema, que son los cuidadores”. Además, aseguró que la medida se resolvió en coordinación con el Poder Ejecutivo “en todo momento” . El SNIC tenía un aumento presupuestal en 2017 de 822 millones, que ahora disminuirá a 782; en total, tendrá un presupuesto de 1.600 millones de pesos.