El programa Justicia e Inclusión, desarrollado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) con el financiamiento de la Unión Europea, culminó ayer un proceso de cinco años de trabajo. El programa buscó apoyar la reforma integral de la política de justicia penal, a partir de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal; apoyar la implementación de penas alternativas a la prisión; capacitar al personal judicial y penitenciario desde una perspectiva de derechos humanos, y promover el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, a partir del fomento de la educación y la inserción laboral, y el cuidado de la salud. Participaron diversos ministerios, el Poder Judicial y organismos internacionales. Se invirtieron en el programa cinco millones de euros, de los cuales se ejecutó 78%, la mayoría con destino a asistencias técnicas, capacitaciones y equipamiento.

En la actividad de cierre, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, defendió las políticas implementadas en los últimos años por el Frente Amplio en materia carcelaria y dijo que el sistema “cambió sustancialmente”. “Todo lo que se ha hecho en cárceles es producto de un proceso, que a determinada altura puede evaluarse. Muchas veces encontramos en la prensa miradas sobre lo que no cambió, y se pretende hacer creer que la parte es el todo”, cuestionó. Informó que actualmente el único lugar del sistema carcelario donde hay hacinamiento grave es en el módulo 8 del Comcar -aseguró que en dos meses se logrará mitigar esa situación-, y que si se toma el promedio del resto del sistema, Uruguay se halla muy cerca de estar por debajo de la cifra que se considera hacinamiento (de 106 presos cada 100 plazas, cuando en Uruguay hay 109 presos cada 100 plazas, informó Bonomi). Respecto de las muertes en cárceles, el ministro dijo a la diaria que la cifra por año viene descendiendo, aunque agregó que al ministerio le “preocupa” la situación, independientemente de las cifras. Bonomi remarcó que en materia carcelaria no hay “abracadabras” ni “actos de magia” que puedan revertir “añares de malas políticas, de situaciones inenarrables, de corrupción y una cantidad de cosas”.

En sus años de implementación, y según consta en un informe de sistematización elaborado por Ignacio Salamano y Luis Pedernera, el programa Justicia e Inclusión capacitó a 592 magistrados y defensores públicos para la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, y se adquirieron insumos, equipamiento y software para instalar en juzgados y oficinas fiscales de cara a la implementación del nuevo código. En materia de salud, se elaboraron protocolos de atención, por ejemplo de enfermedades como VIH y tuberculosis. Se aumentaron los cupos educativos en la cárcel de Las Rosas y se implementaron talleres de vestimenta industrial en la Unidad de Internación Nº 5 (cárcel de mujeres) a cargo del Sindicato de la Aguja. Se realizó además el primer censo nacional de adolescentes privados de libertad.

El coordinador del Programa, Pablo Álvarez, destacó que se logró “colocar el tema en la agenda pública”. Recordó que muchas de las personas privadas de libertad comenzaron trayectorias educativas que luego abandonaron, y tienen experiencias previas de trabajo remunerado. “No es cierto que son gurises que no tienen más nada que iniciarse en la senda del delito”, manifestó.

Álvarez mencionó la mayor incidencia de los intentos de autoeliminación y de uso de medicación entre los internos en centros de reclusión, y también la brecha de género en el sistema de visitas: a los hombres los visitan sus parejas, mientras que a las mujeres no las visitan sus parejas, sino sus hijos o su familia. “Los hombres abandonamos a nuestras compañeras si caen presas”, señaló el coordinador del programa.

Según concluye el informe de sistematización del programa, este dejó “una abundante producción en el terreno de la recopilación, generación y producción de información y conocimiento”, pero “el éxito de ello sólo podrá apreciarse si nuestro país logra avanzar en el desarrollo de una política criminal seria, que frene el ingreso de presos al sistema y desarrolle verdaderas alternativas a la composición de los conflictos”. “Es necesario generar en las instituciones involucradas mecanismos de evaluación de sus políticas”, sostienen los redactores del informe, y advierten que en Uruguay “se toman decisiones que se ponen a funcionar y son pocas las situaciones en las que luego de transcurrido un tiempo se evalúa su impacto y afectación en las poblaciones sobre las que se desarrolla”. “Una política sin datos y sin evaluación no es una política seria”, concluyen.