“En la Ciudad Vieja, durante esta semana, se está entregando a quienes realizan tareas de clasificación de residuos en cualquier tipo de carro (con caballo o birrodado) información para recordarles que tienen prohibido el ingreso a la zona”, comunicó el martes la Intendencia de Montevideo (IM). Dos semanas después, está previsto que comience un período intenso de fiscalización que podrá incluir requisa de carros o denuncias para que se aplique la Ley de Faltas. La comuna agrega que continuará con sus instancias de capacitación para convertir a los clasificadores en transportistas de residuos de comercios.

La medida no cayó bien en la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), que integra el PIT-CNT; su presidente, Carlos Silva, declaró a la diaria que en el Municipio B -y particularmente en Ciudad Vieja-, donde operan unos 400 clasificadores (de un total de 9.000 que se calcula en Montevideo) está la mayor riqueza de materia prima, pero es también donde están los nuevos contenedores, los cerrados. Actualmente, también está prohibido que los carros se detengan en ramblas y avenidas, aunque pueden cruzarlas.

El comunicado que UCRUS difundió ayer dice que “ante la falta de trabajo, la intendencia responde con represión y exclusión”; que “ya hace tiempo que la Policía está amenazando y reprimiendo carros en zonas que no están prohibidas para la circulación” y que “otros infractores con más plata -como Uber y las empresas de delivery- siguen tan campantes por la ciudad”. “Si ha aumentado el número de clasificadores en la calle, no es porque haya más gente que le guste vivir de la basura, sino porque la desocupación aumentó y eso obliga a muchos trabajadores a buscar la subsistencia de alguna forma. Al reprimirlos, la intendencia los quiere poner en la misma bolsa de los que roban o venden droga”, agrega. Para el sindicato, esas medidas de la IM son “excluyentes para los pobres”.

También hay otros desencuentros entre la IM y UCRUS. Silva denuncia que la comuna les pidió que se registraran con carnés y chapas -que tramitaban en la Usina Nº 2- pero que ahora se cerró el registro y no sólo no se pueden sacar nuevos carnés, sino que tampoco se están reponiendo aquellos que los clasificadores extravían. “Ahora cuando nos paren nos van a pedir ese documento que nosotros no tenemos”.

Silva habla de algunos de los problemas que tienen los clasificadores: “Tenemos gente que tiene trabajo con sueldos muy bajos, los mínimos nacionales, que después de hacer sus horas -incluidos los compañeros de las plantas de clasificación, que ganan 15.000 pesos por mes por un convenio que conseguimos con el Ministerio de Trabajo [y Seguridad Social]- tiene que salir a clasificar en la calle porque no les da el sueldo [...] Hay tres sueldos que tiene el clasificador: lo que rescata para vender en depósitos, lo que trae para su casa -ropa, comida, vestimenta, calzado, juguetes, electrodomésticos que te da la gente-, y el tercero, hacer feria los fines de semana”.

Silva identifica a los nuevos clasificadores como trabajadores del mercado formal que perdieron sus puestos: “Está volviendo más gente a la calle; vuelven a la torta frita y al mediotanque, a vender ropa. Y hay una porción muy grande de gente que tiene trabajo con sueldos mínimos nacionales y después de sus horas de trabajo tienen que salir a clasificar en las calles”. Si la IM quiere “sacar carros de la calle”, afirma, tiene que ofrecer una alternativa. Pero tampoco parecen interesarles los planes de capacitación que ofrece la intendencia. “La persona que mete la mano en la volqueta y la bolsa de basura tiene un oficio. Yo no quiero reconvertirme en barrendero y sacarle el trabajo a ADEOM [Asociación de Empleados y Obreros Municipales]. Quiero mejorar”.

El secretariado de UCRUS tiene pensado pedir para octubre una reunión con los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados en la que plantearán sus reclamos y hablarán sobre un proyecto de ley sobre el reconocimiento de su profesión. En paralelo, están trabajando con la Dirección Nacional de Medio Ambiente en la elaboración de un proyecto de ley sobre residuos “que tenga como base la inclusión social”. También pedirán ayuda a gremios “más pesados” como el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, para darles fuerza a sus reclamos, y solicitarán una reunión tripartita con la IM y el Ministerio de Desarrollo Social para tratar sus diferencias.