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Nacional | Jueves 08 • Septiembre • 2016

Barrio La Quinta, en la zona de Maroñas. Foto: Javier Calvelo (archivo, mayo de 2016)

Derecho a ser baldío

Vecinos del barrio La Quinta y Junta Departamental buscan parar desalojo para intentar acceso a planes de la Intendencia.

Una decena de vecinos del barrio La Quinta, que mantienen ocupado un terreno baldío en la calle Pantaleón Pérez, a dos cuadras de Veracierto, en el límite entre los barrios Maroñas e Ituzaingó, fueron citados el martes a presentarse en la Seccional 16ª de la Policía. Sin embargo, los efectivos les dijeron que se presentaran ayer “directamente en el juzgado”, por lo que hicieron eso, pero acompañados por varios de los demás vecinos de las 27 familias del barrio. Según informó a la diaria la secretaria de la Comisión Vecinal La Quinta, Yandira Aquino, cuando se presentaron ante la magistrada que supuestamente los había citado, se enteraron de que en realidad el expediente pertenece a la ocupación del Parque Guaraní, un asentamiento que fue en parte desalojado por orden judicial y que, incluso, terminó con ocho procesados por el delito de usurpación. En ese predio, de propiedad fiscal, vivían unas 42 familias que debieron dejar el lugar.

El barrio La Quinta es una ocupación de un predio privado que pertenece a la fábrica de vidrio Vicry SA y que está en los fondos de la planta industrial, donde esta empresa desecha residuos de vidrio. Los vecinos de La Quinta no se consideran similares a los de otros asentamientos, porque desde el inicio de la ocupación pretendieron adquirir el terreno, al que dividieron prolijamente en 50 solares iguales, de 14 por 12 metros. “Hasta ahora no lo hemos conseguido. Trabajamos como una cooperativa de vivienda. Queremos llegar a un acuerdo para pagar el terreno en cuotas, que es como podemos hacerlo. Somos todos trabajadores. No queremos que el Estado nos dé nada para construir, queremos pagar el terreno, arreglar con la UTE y pagar la luz, y con OSE y pagar el agua, y que cada familia se haga su casa. Después también con la Intendencia de Montevideo [IM], porque el saneamiento llega hasta las viviendas de al lado. Ya tenemos una bloquera manual y vamos a comprar una eléctrica, para que cada familia se pueda hacer sus bloques”, contaba a la diaria Stephanie Silveira, tesorera de la Comisión Vecinal, en la edición del 3/5/2016. La situación no ha cambiado demasiado desde entonces, salvo por la mediación de la IM, que está negociando con el propietario la posibilidad de que las familias permanezcan en el predio hasta que se consiga otro terreno.

“Lo que queremos ahora es que se nos separe de la causa de Parque Guaraní. Nos pusieron en el mismo expediente porque la Policía entró por Pantaleón Pérez y lo primero que vio fue La Quinta. Como estamos dentro de la misma causa, nos vemos perjudicados todos”, dijo Aquino. Según ella, no se va a poder adquirir el predio porque “el dueño no nos quiere vender”, pero “por intermedio de abogados” quieren “conseguir prórrogas” hasta que la IM les “consiga un terreno”. Aquino informó además que la IM les exige que conformen “una cooperativa”.

Los vecinos también fueron a tocar las puertas de la Junta Departamental de Montevideo (JDM), donde fueron recibidos por la Comisión de Asentamientos. La edila del Frente Amplio Graciela Villar, que preside ese ámbito, explicó a la diaria que después de conocer el caso “se intentó hacer alguna negociación con el dueño del predio”, pero esta “fue rechazada”, por lo que ahora se está tratando de “detener el desalojo que está iniciado” para “buscar alguna alternativa más racional, más civilizada”. “Ellos están bastante organizados, están tramitando una personería jurídica como cooperativa; la idea es que puedan entrar en la propuesta de la IM, que se llama Plan Lotes. Se trata de pequeños lotes donde las personas tienen que participar en la autoconstrucción. De lo contrario, deberían presentarse como cooperativa para ver si pueden acceder a algún lote”, agregó Villar.

La edila sostuvo que la JDM actúa como mediadora: “Hemos facilitado las instancias. No tenemos potestad para resolver ni a favor ni en contra. Estamos buscando una salida, poniendo al cuerpo como garantía, en la medida en que ellos están organizados, son gente que trabaja y que tiene voluntad de hacerse sus casas”.