En agosto del año pasado, el entonces diputado del Partido Comunista Óscar Andrade presentó a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de representantes un proyecto de ley para legislar el trabajo de las personas con discapacidad en el sector privado. Gerardo Núñez -el diputado que suplió a Andrade cuando este renunció- sacó del cajón el proyecto, y ayer la comisión aprobó por unanimidad enviarlo al plenario de Diputados, que lo votará el primer o segundo miércoles de octubre. El proyecto establece que 4% de las vacantes que se generen en empresas privadas con 25 o más trabajadores se llenen con personas con discapacidad certificada. Actualmente hay 6.900 personas mayores de 16 años inscriptas en el Registro Laboral de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad.

Uno de los redactores del proyecto fue Pablo Marrero, abogado del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), quien explicó a la diaria que el “espíritu” del proyecto era “no ser una piedra en el zapato de los empresarios” sino, al contrario, “trabajar en conjunto” para “demostrar que las personas con discapacidad pueden cumplir las mismas tareas que cualquier persona”. Por eso se acordó que los privados no tengan gastos económicos. Marrero señaló que una de las cuestiones a resolver en la reglamentación de la futura ley es si habrá o no incentivos para las empresas que cumplan con la normativa, por ejemplo, exoneración de impuestos. La Comisión Nacional de Inclusión Laboral será creada en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y estará encargada de controlar el cumplimiento de la ley y gestionar el dinero de las multas que se apliquen a las empresas.

A su vez, el proyecto prevé que se utilice una metodología específica de inserción laboral, para que las personas con discapacidad puedan “acceder, sostener y promoverse en un empleo remunerado”. Se trata del llamado “empleo con apoyo”, que pretende que quien ingrese a trabajar cuente con el seguimiento de un “operador laboral”: un “técnico” que debe “garantizar un buen proceso de preparación, obtención y mantenimiento del empleo, y ser una guía tanto para el empleado como para el empleador”. Al respecto, el artículo Nº 5 del proyecto estipula que quienes “requieran apoyo para el cumplimiento de las obligaciones laborales podrán solicitarlo a la empresa y esta deberá autorizarlo. Los apoyos abarcarán aspectos tales como adaptaciones, identificación de compañeros mentores o apoyos naturales, entre otros”. Marrero sostuvo que en la reglamentación se verá de dónde salen los fondos para pagarles a los operadores y para generar las adaptaciones necesarias del entorno laboral para que la persona con discapacidad pueda desempeñarse sin problemas. En ese sentido, contó que actualmente Pronadis cuenta con dos técnicos que están a disposición gratuita de las empresas que decidan ocupar a personas con discapacidad, pero que actualmente no hay carreras que formen operadores laborales, cuestión que se irá resolviendo “sobre la marcha” del proceso de aprobación y reglamentación del hoy proyecto de ley.

Según dice el artículo 4º, se parte de la base de que “los individuos deben percibir un salario acorde al trabajo realizado en el mercado laboral” y “deben ser empleados regulares con los mismos salarios y condiciones que los demás empleados”.

En el debe

En 2010 se aprobó la Ley Nº 18.651, de Protección Integral a las Personas con Discapacidad, que estipula que todo organismo público debe completar 4% de sus vacantes con personas con discapacidad, pero la realidad es que el año pasado sólo se alcanzó 0,4%. La directora del Pronadis, Begoña Grau, explicó que “no se está incumpliendo por desconocimiento de la ley, sino por el desconocimiento de la temática: no saben cómo incluir a las personas con discapacidad”. Contó que una de las posibles líneas de acción es “sensibilizar” y “capacitar” a los encargados de recursos humanos para trabajar en los “perfiles” y “entorno” que tienen y quieren para el puesto de trabajo; “no es que hay un llamado y entra cualquiera, hay que trabajar en las inclusiones y entender que una persona con discapacidad se puede desempeñar como cualquier otro”, aseguró.

Contentos

La central sindical difundió un comunicado en el que manifiesta su “enorme satisfacción, en tanto la aprobación de este proyecto de ley significará un avance sustancial en el camino de superar la discriminación que supone la exclusión de un sector importante de la población del mundo del trabajo”.