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Dínamo | Lunes 19 • Septiembre • 2016

El nuevo gobierno brasileño quiere cambiar mucho en poco tiempo

Con la ruptura institucional del 31 de agosto comienza una nueva etapa en la política brasileña. Michel Temer, hasta ese entonces presidente interino, actuará como presidente efectivo hasta 2019. La tarea que tiene por delante no es simple. El proceso político que viene desde las elecciones de 2014 expuso una fractura política e ideológica de Brasil en la búsqueda de su futuro. Aparentemente, va quedando cada vez más atrás la etapa de concertación política y del “ganar-ganar” económico en la primera década de este siglo. Se va haciendo más clara la necesidad de definiciones estratégicas para que el país pueda seguir adelante, y eso pone en juego incluso derechos y principios garantizados por la Constitución.

No sorprende el énfasis que han puesto Temer y su ministro de Relaciones Exteriores, José Serra, en el intento de retomar de modo angustioso las negociaciones de tratados de comercio. Ese proceso ya lo había comenzado en cierta forma la presidenta Dilma Rousseff, que aceleró el cierre de una serie de acuerdos con países vecinos (Chile, Perú, Colombia) y con México. En los ya firmados hay capítulos sobre inversiones (los llamados acuerdos de cooperación y facilitación de inversiones -ACFI- con Angola, Mozambique, México y Malaui, aunque sin las famosas cláusulas de resolución de controversias “inversor-Estado”), e incorporación de temas como propiedad intelectual y compras gubernamentales (como en los acuerdos con los países sudamericanos). Lo que parece nuevo en el gobierno de Temer es que se acepta negociar acerca de servicios, compras de gobierno, propiedad intelectual e inversiones en los términos típicos de los acuerdos “de nueva generación” que se discuten actualmente. Estos términos se imponen aún en situaciones de evidente asimetría entre las partes, lo cual aumenta mucho su potencial de impacto sobre los derechos de las poblaciones de cada país, y pone gigantescas y casi perennes limitaciones al desarrollo de políticas públicas de interés social y económico por parte de los Estados firmantes.

Mediante estos acuerdos, el poder de las grandes corporaciones transnacionales y del 1% más rico del mundo se impone a las grandes mayorías sociales, poniendo en riesgo no sólo derechos conquistados mediante legislaciones nacionales, sino la propia democracia, ya que, a partir de esta nueva estructura institucional, prevalece el poder de la riqueza y de la propiedad. Si el gobierno de Temer avanza en esta dirección, podría dejar establecida una serie de derechos para el gran capital nacional y, principalmente, el transnacional.

El apuro por presentar resultados a corto plazo en negociaciones complejas puede conducir a una fragilidad aún myor de los resultados. Una señal de alerta en este sentido fue que el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Marcos Pereira, anunció el 20 de junio (cuando aún era interino) que Brasil intentaría integrarse formalmente a las negociaciones multilaterales del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), que se vienen desarrollando en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y son conducidas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), en un ambiente de profundo secretismo (los contenidos de las negociaciones se conocen sólo gracias a Wikileaks). Más grave aún es que el gobierno estadounidense quiere cerrar antes de noviembre de este año ese acuerdo, que involucra áreas muy sensibles como salud, educación, energía, telecomunicaciones, servicios financieros, transportes y desplazamiento de personas para prestar servicios. Entrar en ese juego ya casi sobre el cierre de las negociaciones significa, de hecho, aceptar los términos del TISA tal cual estén. Eso representa un enorme riesgo para los derechos conquistados por la población brasileña referentes a servicios, así como para las posibilidades de desarrollo del país.

Con respecto a algunas de las negociaciones que ya estaban en marcha, como las del Mercosur con la UE, los términos propuestos por el nuevo gobierno brasileño implicarían reorientar todo lo que se venía diseñando a partir de los mandatos negociadores del Acuerdo Marco de Cooperación Interregional de 1995, anterior a que apareciera el formato de los acuerdos de nueva generación. Sin embargo, quizás el punto más crucial en ese nuevo formato sea crear un ambiente de seguridad jurídica para los inversores internacionales, pero el confuso y controvertido proceso político que llevó a Temer al gobierno genera una enorme inseguridad jurídica en las negociaciones con Brasil, e incluso con el Mercosur (en cuyo marco, además, las actitudes del gobierno de Temer han agudizado contradicciones). Los negociadores brasileños ven afectada su legitimidad y confiabilidad en la arena internacional.

Ocurre algo similar en otras áreas. Por ejemplo, a fines del año pasado, en la Ministerial de Nairobi de la OMC, Brasil no colaboró para consensuar una propuesta sobre la política de almacenamiento de alimentos de India dentro del “G20 de la OMC” (un grupo de países en desarrollo reunido para actuar en el proceso negociador de ese organismo a partir de la Reunión Ministerial de 2003 en Cancún, y centrado especialmente en el tema de la agricultura). Así, tensionó la alianza estratégica con India, que constituye la base del propio surgimiento del G20 de la OMC, un instrumento esencial para el protagonismo de Brasil en ese marco. En suma, el nuevo gobierno intenta desarmar a las apuradas algo más de una década de política exterior que el ex canciller Celso Amorim caracterizó como “activa y altiva”.

Los puntos en discusión implican una fuerte y explícita conexión entre el proyecto económico que el gobierno de Temer intenta poner en marcha, con fuerte sesgo a favor de los grandes intereses económicos y empresariales, y su estrategia en las relaciones internacionales.

Quizá la gran cuestión sea definir si un un gobierno cuestionado jurídicamente, con una base parlamentaria conflictiva, un mandato corto y problemas de legitimidad internacional, podrá llevar adelante una agenda de cambios conservadores con definiciones tan profundas, o si sus propias contradicciones -políticas internas y con aliados internacionales- van a hacerlo tan frágil que quedará a la vista su imposibilidad de consolidar tal agenda y hacer estragos estratégicos. El gobierno de Temer actúa con el apuro de quienes quieren cambiar mucho en muy poco tiempo, y quizás así esté haciendo demasiado visible que en realidad sigue siendo interino.

Adhemar S Mineiro Economista y asesor de la Red Brasileña para la Integración de los Pueblos (Rebrip)

Temer quiere

• Ponerle techo al gasto social. Prohibición de aumentarlo en el futuro y eliminación del porcentaje mínimo para salud y educación. • Edad mínima de retiro de 65 años. Hoy no existe tal límite, y las mujeres se pueden jubilar a menor edad que los varones. • Flexibilizar normas laborales. Acuerdos de empresarios y trabajadores serían reconocidos aunque reduzcan derechos legales. • Fin del control social de la comunicación pública. Se eliminó el Consejo con 15 representantes de la sociedad civil de la Empresa Brasil de Comunicación. • Privatización petrolera. Petrobras ya no debería ser la única operadora de los yacimientos suboceánicos ni participar con por lo menos 30% en su exploración y producción. • TLC. El canciller José Serra quiere acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Afirmó que la solidaridad con los países del Sur dependerá de la relación costo-beneficio.