Ayer, tras demoras administrativas, se concretó uno de los objetivos que la Fiscalía se había propuesto en agosto, cuando abandonó la órbita del Ministerio de Educación y Cultura para pasar a ser un servicio descentralizado: la creación de la Unidad Especializada en Género. “El género es una causal de discriminación histórica en todos los grupos culturales, en todos los países a lo largo de la historia. Además, afecta a la mitad de la población. Las instituciones, las normas, las prácticas están imbuidas en el modelo patriarcal, que es discriminatorio; poder modificarlo implica revisar las prácticas, la normativa, los lineamientos de trabajo, los presupuestos, los planes, las líneas de capacitación”, dijo a la diaria Diana González, flamante directora de la unidad y abogada especializada en temas de género e infancia.

“A la mujer que es víctima de violencia de género la sometemos a un peligro desde el punto de vista judicial, porque concurre muchas veces a una seccional policial, luego es derivada a un Juzgado de Familia especializado, y sin siquiera resolver muchas veces su situación debe ir a un Juzgado de Familia y luego a un Juzgado Penal por si se investiga algún delito. Y si se le ocurre obtener una reparación, aun así tiene que ir a un Juzgado Civil. Es decir que es una verdadera carrera de vallas y obstáculos que la realidad es que nadie puede cumplir”, dijo en la presentación de ayer el fiscal de Corte, Jorge Díaz.

La violencia doméstica, dice González, es sólo uno de los temas de los que se ocupará la unidad, con el ojo puesto en lo que implicará para los casos de violencia doméstica el cambio del modelo inquisitivo al modelo acusatorio, que comenzará a regir en febrero de 2017: “Es mucho mejor que el anterior, sin duda; da muchos derechos a las víctimas y es mucho más igualitario, pero en realidad, si uno no le transversaliza el género, es igualmente patriarcal”, dice la futura directora de la unidad. “Es imposible negar la realidad de las dificultades que hoy tienen las víctimas, y muy especialmente las de violencia basada en género, para el acceso a la Justicia. No quiere decir que no tengan un abogado o un juzgado; es bastante más complejo que eso. Cuando hablamos de acceso a la Justicia, hablamos de justicia oportuna, eficaz, en tiempo, especializada, restaurativa, y ese es un desafío muy importante”, agrega.

Para empezar a trabajar, la unidad está colaborando con el Programa de Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, para “hacer un diagnóstico de la situación de igualdad de género en la institución y en los servicios”. “Lo más importante es que se haya definido la igualdad de género como una prioridad en la institución y en los servicios”, valora González; “que no sea un punto a considerar y nada más, sino que se entienda como un tema de derechos humanos, que es responsabilidad del Estado garantizar”.