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Internacional | Jueves 08 • Septiembre • 2016

Impunidad quebrada

Diez militares fueron condenados por la masacre de Accomarca, cometida hace 31 años en Perú.

Desde 1980, con el atentado cometido en Chuschi (Ayacucho) por Sendero Luminoso, hasta el año 2000, Perú estuvo sumergido en un cruento conflicto interno, que -de acuerdo con estimaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)- se saldó con un número aproximado de 69.280 muertos. Según esos datos, Sendero Luminoso habría sido el causante de 46% de esas muertes; los agentes del Estado serían responsables de 30%, mientras que 24% habrían muerto a manos de otros agentes o circunstancias (el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, Comités de Autodefensa, paramilitares, agentes no identificados) o en situaciones de enfrentamiento o combate armado.

El Estado peruano en general, y las Fuerzas Armadas en particular, han señalado que en sus acciones durante el conflicto armado se respetaron los derechos humanos, afirmación que es cuestionada por la CVR, la cual señala, dentro de sus conclusiones, que “la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario”.

Es dentro de estas prácticas que el 14 de agosto de 1985 tuvo lugar, durante el primer gobierno de Alan García, en el distrito de Accomarca -provincia de Vilcashuamán, región de Ayacucho, en la sierra central del Perú- uno de los casos emblemáticos de violación de derechos humanos por parte del Estado durante el conflicto interno. El saldo final de aquella incursión fue de 69 campesinos muertos: 23 niños y adolescentes, 27 mujeres y 19 hombres. Los familiares de las víctimas manifiestan, sin embargo, que los muertos fueron 71.

De acuerdo con el Informe de la CVR, los altos mandos militares de Ayacucho tenían la certeza de que sectores de la población de Accomarca tenían lazos con el grupo armado Sendero Luminoso (cuyo nombre oficial es Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso), debido a sospechas de que se había instalado allí una de las denominadas “escuelas populares”. Esta certeza se fundamentaba principalmente en la información brindada por el “camarada Genaro”, integrante del grupo capturado en una de las intervenciones del Ejército en el distrito.

En esta situación, el general de brigada Wilfredo Mori ordenó al Estado Mayor Operativo de la Segunda División de Infantería, conformado por el coronel Nelson Gonzales, el teniente coronel César Gustavo Martínez y el teniente coronel Carlos Delgado Medina, elaborar un plan con el objetivo expreso de “capturar y/o destruir a los elementos existentes en la Quebrada de Huancayoc”. El plan acordado recibió el nombre de “Plan de Operaciones Huancayoc”, y para la coordinación de los detalles de la ejecución estaban a cargo el jefe de la Base Contraguerrillas de Vilcashuamán, capitán de Infantería Helber Gálvez, el jefe de la Compañía Lince, mayor de Infantería José Daniel Williams, el teniente de Artillería Juan Manuel Elías Rivera Rondón y el subteniente Telmo Hurtado.

Aquellas muertes

El 14 de agosto de 1985 los militares llegaron a la Quebrada de Huancayoc y Lloqllapampa y cercaron el lugar con el fin de evitar la fuga de posibles terroristas. Revisaron choza por choza en busca de material subversivo, pero no encontraron nada que pudiera vincular a los pobladores con Sendero Luminoso. Las personas -hombres, mujeres y niños- que se encontraban en las chozas fueron llevadas hasta un espacio abierto conocido como Hatunpampa. Los hombres fueron golpeados y las mujeres, violadas.

Todos fueron trasladados más tarde a la casa de uno de los pobladores. Una vez encerrados allí, el subteniente Hurtado dio la orden de disparar contra la casa. Él mismo, a su vez, confiesa haber lanzado una granada, que provocó una explosión y un incendio, con la finalidad de calcinar los cuerpos y evitar su identificación.

Una vez que la masacre tuvo repercusión mediática, se organizó una Comisión Parlamentaria con el fin de investigar los hechos; es así que, en setiembre de ese mismo año, soldados del Ejército regresaron a la zona con el fin de asesinar a los posibles testigos de los hechos, intentando con ello silenciar a la población y mantener la impunidad.

Por décadas

Los procesos judiciales que se siguieron después, en el fuero militar, estuvieron llenos de irregularidades, tendientes siempre a “limpiar” a las Fuerzas Armadas de toda responsabilidad en la violación de derechos humanos. Hasta 1992, sólo el subteniente Hurtado fue condenado por el delito de abuso de autoridad, y se anuló la petición de que se declarara culpables de homicidio calificado tanto a él como a los integrantes de su patrulla. La sentencia argumentaba que Hurtado no podía ser juzgado como si hubiera estado en circunstancias normales y, por lo tanto, se igualaban las muertes a las que pueden darse en combate. Aprovechando las leyes de amnistía (26.479 y 26.492), aprobadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, Hurtado salió en libertad y permaneció en el servicio activo.

Posteriormente, debido a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 11 de enero de 2002, en la cual se declaraban nulas las leyes de amnistía, los familiares de las víctimas volvían a tener esperanzas de obtener justicia. Ese mismo año, Hurtado huyó de la Justicia con destino a Estados Unidos, y debido a problemas de orden migratorio fue detenido en 2006. En forma paralela, familiares interpusieron una nueva demanda ante el Poder Judicial para solicitar su extradición a Perú para continuar el juicio, lo que se concretó recién en 2011.

Finalmente, el 31 de agosto de 2016, la Sala Penal Nacional dictó sentencia definitiva. Consideró autores mediatos de esas muertes al general Mori (condenado a 25 años de prisión), al teniente Rivera Rondón (24 años) y al subteniente Hurtado (23 años). Condenó como autores materiales al coronel Gonzales (25 años) y al teniente coronel Delgado Medina (25 años). Asimismo, fueron condenados a diez años los ex soldados Clider Venancio Ramírez, Vicente Chupan Herrera, Pedro Amaya Miranda, Daniel Salas Arenas y Francisco Marcañaupa Osorio, mientras que seis procesados, entre ellos el general José Daniel Williams, fueron absueltos por falta de pruebas. Los sentenciados, además de la condena a prisión, deben pagar una reparación civil de 150.000 soles (unos 43.000 dólares) a cada uno de los deudos.

Después de 31 años de ocurridos los hechos, las familias de las víctimas han obtenido justicia, aunque la sociedad nacional e internacional esperaba penas más duras para los culpables -más aun si tomamos en cuenta que la espera fue mayor a los años de cárcel-. Lo cierto es que por primera vez se ha juzgado no sólo a los autores materiales de los hechos, sino también a la cadena de mandos militares (autores mediatos), por delitos de lesa humanidad, ocurridos durante un gobierno elegido democráticamente.

Asimismo, por primera vez se da una sentencia que confirma las sospechas sobre el modus operandi del Estado respecto de la población civil en la lucha contra el terrorismo, principalmente en las zonas donde Sendero Luminoso tenía mayor presencia. Este tipo de actuaciones se ha visto también en otros conflictos, por ejemplo el salvadoreño, donde se consideraba a la población como potenciales terroristas, o colaboradores, con lo que el método más efectivo de lucha era tomar acciones contra ella.

Accomarca ha logrado romper el velo de impunidad, en un país en el cual, de acuerdo con una encuesta de Ipsos Apoyo, en 2015 sólo 21% de la población tenía confianza en el Poder Judicial. Todavía nos queda el sinsabor de aquellos que no fueron castigados, incluyendo a los responsables políticos, quienes ocultaron y obstaculizaron la búsqueda de la verdad, así también por los delitos no juzgados, como los casos de violación sexual a las mujeres campesinas posteriormente asesinadas. Queda encontrar a los culpables y que cumplan su condena. Pero no nos equivocamos si afirmamos que el Perú es, hoy, más justo que ayer.

Alfonso Bermejo

Es graduado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Piura, Perú. Magíster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Magíster en Desarrollo Rural por la Universidad Politécnica de Madrid. Candidato a doctor en Economía y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid.