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Nacional | Jueves 08 • Septiembre • 2016

Patricia Rodríguez, Washington Abdala, Juan Miguel Petit y Washington Migliónico, ayer, en el Radisson. Foto: Santiago Mazzarovich

Lejos del antídoto

PIT-CNT está trabajando en una reglamentación para funcionarios de las cárceles.

No existe la “nueva Policía” que promueve el Ministerio del Interior (MI), está la “Policía de siempre” que tiene “nuevos” problemas, dicen quienes ayer presentaron los nuevos “padecimientos” de los policías que trabajan en cárceles y que a esta altura ya son “viejos”. La jornada que organizaron para reflexionar sobre el tema se tituló “La cárcel: ¿rehabilitación o castigo?”, y la organizó el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), uno de los dos gremios policiales. Además de la voz que representa una relación “inestable” con el MI, también se escucharon voces que, aunque no contrarias, propusieron otro abordaje de la problemática de la violación de derechos humanos de funcionarios y reclusos en las cárceles, como la del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, y la del psicólogo jurídico y forense Gustavo Álvarez. Lo concreto: el sindicato va a proponer reglamentar la actividad policial en las cárceles y reclama mejoras laborales “urgentes”.

Sin garantías

Antes de reproducir un video filmado por policías que trabajan en la cárcel más grande del país, la Unidad Nº 4 de Santiago Vázquez, ex Comcar (Complejo Carcelario), Patricia Rodríguez, del Sifpom, contó que varios de los suyos trabajan en condiciones “deplorables” que les generan enfermedades y accidentes de todo tipo: desde caer en una fosa séptica por la oscuridad, pasando por licencias de dos días por estrés, amenazas de internos, hasta infecciones contraídas por los basurales que hay en algunos módulos. Después de reproducir el video que mostró a reclusos peleando con cortes carcelarios en medio de un campo lleno de inmundicias, basura en los pasillos y celdas, y otros tipos de violencias, como el ruido de los disparos de los guardias que relevan los turnos de la noche -para “dispersar” a los que andan “sueltos”, fuera de sus módulos-, Rodríguez concluyó que “primero hay que solucionar lo primero”: garantizar un trabajo seguro y digno; después, atender las condiciones de reclusión.

De los 3.000 policías nucleados en el Sifpom, 70% trabaja en cárceles. A ellos les preocupa que el nuevo director del ex Comcar, Gonzalo Larrosa, no haga lo que “tiene que hacer”, dijo Rodríguez. “Empezó con la idea de abordar más el tema de la educación y la parte técnica, que es del civil, pero si él no aborda el tema que vimos, no se va a poder construir mucho de lo otro.[...] Si no solucionás lo primario... ¿qué vas a solucionar con una escuela? Nada”, sostuvo. Así “la rehabilitación no es posible [...] El castigo no es sólo para los internos, también es para los funcionarios que ejercen su labor en esas condiciones”, agregó. Rodríguez pidió “garantías mínimas” de trabajo: que en el ex Comcar funcionen los handies, donde hay módulos con 700 personas encerradas y dos guardias de noche; que en la cárcel de Canelones, donde hay tazas turcas donde los reclusos generalmente esconden cosas, se disponga de guantes para realizar las requisas. “Estamos hablando de que vamos a pintar y vamos a construir cárceles y sí, todo muy lindo, ¿pero al policía no le comprás un guante?”, preguntó.

A raíz de la situación de extrema violencia en la que trabajan algunos policías, Rodríguez reconoció que “a veces sucede que el propio policía tiene códigos carcelarios, el comportamiento de los propios internos... es como que en vez de salir del círculo te hacen entrar, porque es tanta la demanda que a veces vos vas a la cárcel y no sabés cuál es cuál”. Rodríguez opina que la situación cambiaría con condiciones adecuadas para la labor y mejores capacitaciones a los policías: “Es importante la educación en esto, porque vas a trabajar con personas, y tenés que tener cierta inteligencia para determinar que tu rol no trascienda de forma negativa ante determinada situación violenta”, afirmó la integrante del sindicato.

Como un bombo

Además, aseguró que el MI de por sí es uno de los organismos estatales “más complicados” en cuanto a niveles de estrés, intentos de autoeliminación y suicidios, violencia doméstica y divorcios, y que estas complicaciones se agravan en los funcionarios penitenciarios. “En el Comcar y el Penal de Libertad casi todos [los policías] son del interior, de Artigas, Salto, Rivera; trabajan una semana y descansan otra. Esa semana que vuelven a sus hogares dicen que les molesta todo lo que sea ruido, la demanda de los hijos que no los vieron y quieren jugar. Lo que ellos quieren es estar en silencio y tranquilos, porque se van con la cabeza hecha un bombo, y después terminan en situaciones violentas en sus hogares”, contó. “El régimen enferma a cualquiera”, sostuvo. A su vez, aseguró que están “cansados” de ir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para ver cómo el MI “saca nota” de sus planteos pero luego no hay ningún cambio tangible, “real”: “Es lamentable”, afirmó.

Por otro lado, el sindicato está de acuerdo con que el rol de la Policía tiene que ser custodial, no técnico, por eso apoyan que el Instituto Nacional de Rehabilitación salga de la órbita del MI y pase a depender del Ministerio de Educación y Cultura, algo que no termina de concretarse.

Borrar con el codo

En ese sentido, Walter Migliónico, representante del PIT-CNT ante la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, dijo que “cuando se habla de derechos humanos hablamos mucho de los presos, no de los trabajadores, pero los derechos humanos son para todos. Este tema no se quiere discutir”. Agregó que “el preso está privado por el ordenamiento jurídico pero el funcionario está tan privado como la persona que cometió un delito [cuando] se somete a condiciones que vulneran sus derechos”, opinó. En ese sentido, dijo “lamentar” que el MI no haya participado en la jornada, a la que fue invitado, porque aseguró que si bien no tienen “recetas, sí está la convicción de que conociendo la forma de trabajo podemos sentarnos a pensar, todos juntos, una reglamentación”.

The Law

Algunos dicen que la responsabilidad penal no puede ir en detrimento del Estado, otros que sí, por eso los policías sindicalizados que trabajan en cárceles demandaron, hasta hoy, una sola vez al MI, contó Rodríguez. Esa vez entendieron que las condiciones de trabajo eran inadmisibles y violaban la ley de responsabilidad empresarial, pero la denuncia fue desestimada por la Justicia. En otras palabras: no se presentan denuncias contra el MI porque no está la costumbre instalada, porque se respeta una autoridad, y el verticalazo pretende que sean visibles sólo los abusos y malos tratos entre personas presas y de estas a oficiales, no al revés; el revés es la violencia institucional legitimada e instaurada como modus operandi del “más fuerte”, por eso sólo se presentan denuncias contra reclusos.

Otras voces

El psicólogo jurídico y forense Gustavo Álvarez aseguró que “si a los reclusos se les da más de lo que ya traen no se soluciona nada”, sino que, por el contrario, se genera una “espiral de violencia que nos va a impactar nuevamente, porque no hay pena de muerte ni cadena perpetua”. Álvarez dijo que está convencido de que los efectivos de la Policía que trabajan en las cáceles sienten que su tarea es “inútil”, que es parte de algo “que no pueden manejar” porque su experiencia no se tiene en cuenta.

El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, dijo que desde que asumió ha presentado cuatro denuncias por abuso policial, y que aunque las cárceles “son institutos pensados para pasarla mal”, “con gasoil no se apaga el fuego”, en alusión a las condiciones de reclusión y laborales.