Ir al contenido

Dínamo | Lunes 12 • Septiembre • 2016

Ilustración: Ramiro Alonso

Por una política criminal de izquierda

El debate sobre la seguridad es político y es ideológico. Es político en un sentido general, porque tiene que ver con la política criminal del Estado, es decir, uno de los aspectos de la política (así como hay una política económica, también hay una política criminal). Es ideológico porque la cuestión de la seguridad nos remite a un sistema de creencias o ideas acerca de una cuestión determinada. Desde este ángulo, resulta pertinente preguntarse si es posible encarar este debate en el marco de las coordenadas “izquierda-derecha”. ¿Es posible hablar de una política criminal de izquierda y una de derecha? ¿Es útil plantear el debate en estos términos?

Sabido es que en todas las latitudes la derecha resiste esa dualidad. En parte para no cargar con el lastre peyorativo del término “derecha”, pero también porque, al disolver la dualidad derecha-izquierda, “todos son parte de lo mismo”: la política empieza y termina con la elección del mejor administrador dentro de una oferta variada de propuestas entre las que solamente habría matices, pero no sesgos ideológicos. Es una visión donde no hay confrontación de ideas, sino una elección entre los jugadores más hábiles y eficaces para cumplir con los mismos objetivos. Es la no-política, o, más bien, la negación de la política desde la política.

Sin embargo, afortunadamente la política sigue gozando de buena salud. Los objetivos de la derecha y la izquierda siguen siendo diferentes, porque tienen visiones del mundo diferentes. Norberto Bobbio(1) lo ha planteado de un modo simple: mientras la derecha busca privilegiar la libertad a toda costa, la izquierda coloca a la igualdad como valor central. En los extremos se protege la libertad sin igualdad y del otro lado, la igualdad es capaz de sacrificar cualquier libertad. En la práctica, los modelos puros son propios de las tiranías, mientras que los mixtos son propios de sociedades democráticas.

Si analizamos los discursos y las prácticas punitivas bajo esta lupa, observamos que el momento de la igualdad ha sido prácticamente anulado por la política. Y eso es justamente lo que no permite visualizar, en la Realpolitik, diferencias entre las propuestas de seguridad de derecha e izquierda. Es que, realmente, no las hay. Hoy día, nuestro espectro político confluye en un mismo discurso y unas mismas soluciones para la cuestión de la seguridad. Ha habido matices, es cierto, pero el ADN es el mismo: el incremento del delito se resuelve con más castigo. El resultado, cada vez peor: los delitos aumentan y los presos también. Y peor aún: los presos aumentan a una velocidad cuatro veces mayor que el número de delitos. Hoy día tenemos más del cuádruple de presos que los que teníamos en 1985 al recuperarse la democracia, pero no hay cuatro veces más delito. No hay estadística criminal que demuestre que los delitos se incrementaron por cuatro, pero los presos sí.

¿A qué se debe esto? Simple: no hay relación entre delitos y presos. La cantidad de presos es independiente del número de hechos delictivos. Es el Estado el que decide cuántos presos quiere tener.

Y ese Estado son los políticos y los jueces, en la medida que le corresponde a cada uno. Hoy el “momento de la política” está decidiendo contar con más de 10.000 presos; está decidiendo más cárcel. Quizá no están dándose cuenta de que no funciona. Ni va a funcionar. No van a bajar los delitos porque tengamos más presos, estén en las condiciones en que estén. No funcionó en ninguna parte, no va a funcionar en Uruguay. Rompe tanto los ojos que resulta difícil entender por qué se sigue aplicando más de lo mismo si más de lo mismo no funciona. Prometieron más seguridad con la ley de seguridad ciudadana en 1995: no funcionó. Prometen lo mismo con el nuevo paquete de seguridad. No va a suceder.

¿En qué se diferencia lo que hicieron los gobiernos de izquierda de lo que haría uno de derecha? Quizá, en el énfasis. Es lógico esperar que un gobierno de derecha sea aun más punitivista, justamente porque solamente tiene en mente la protección de las libertades individuales y, en especial, la sagrada propiedad. Segundo, porque a la derecha no le interesa cómo se distribuye el castigo, pese a que todos sabemos que el castigo se distribuye en forma desigual (y esa desigualdad recae sobre los sectores más desaventajados). Todos saben de dónde vienen casi todos los presos. Lo saben y no hacen nada para cambiarlo. Como si costara poner a andar la igualdad, como si hubiera que soportar que la injusticia social del castigo fuera algo natural, una ley más del mercado de la seguridad.

No hay duda de que la saturación policial en determinadas zonas, la vigilancia electrónica de los espacios públicos, la construcción de cárceles y la compra de armamento y vehículos policiales como nunca antes se había visto (gracias a un incremento exponencial y sostenido de los recursos para el Ministerio del Interior) son medidas que uno no podría calificar seriamente como propias de una política criminal de izquierda. Por el contrario, ha sido la derecha norteamericana –mediante su gurú Rudolph Giuliani desde Nueva York- la que exportó al mundo ideas tan ineficaces y equivocadas como las de saturaciones policiales y vigilancia electrónica de lo público. Esas propuestas vienen acompañadas de una serie de medidas punitivas que retrotraen el discurso criminal al viejo peligrosismo de otrora: los incrementos de pena por reincidencia, la revitalización de la investigación sobre genética criminal y determinismo biológico remiten a una imagen estereotipada del “hombre delincuente”: un espécimen abominable, feo y desposeído que es capaz de atemorizar al barrio y quizás a poblaciones enteras; un sujeto criminal por naturaleza encarnado simbólicamente en el criminal callejero. Esa galería de sujetos horrorosos creados por Lombroso sigue alimentando -en forma consciente o inconsciente- al discurso político criminal que se escucha hoy día desde filas oficialistas y opositoras.

La construcción del discurso de la seguridad desde y hacia la seguridad es otra falacia común entre la derecha y la izquierda. Es una falacia porque la seguridad no es un fin en sí mismo, sino un valor instrumental al servicio de otros fines superiores, fundamentalmente, la vida y la libertad (también la propiedad individual). Construir el discurso desde y hacia la seguridad hace que todo se visualice desde ese valor y no en relación con los fines que busca proteger.

Si bien todo ha sido prácticamente lo mismo, también hay diferencias. Por un lado, es probable que la derecha no hubiera puesto el énfasis que puso la izquierda en mejorar las condiciones carcelarias. Si bien eso se logró mediante un incremento de plazas (siempre desaconsejable, pues no hay relación entre el número de presos y el incremento de los delitos), lo cierto es que se trata de una medida de carácter humanitario que difícilmente la derecha hubiera encarado con seriedad. Sin embargo, se trata de una medida difícil de sostener, pues los presos siguen aumentando en mayor medida que el delito y entonces las condiciones vuelven a empeorar, tal como está sucediendo hoy en las cárceles.

Dos iniciativas fundamentales generaron distancia entre izquierda y derecha. Por un lado, la ley de humanización del sistema carcelario, con su mecanismo de redención de pena por trabajo y estudio y la liberación de aproximadamente 1.000 presos, dividió las aguas. La derecha anunció el apocalipsis de los delincuentes liberados asolando las ciudades y casi no registró el cambio sustantivo que implica -en términos de igualdad- favorecer oportunidades de participación y reinserción social a los presos, generando fuentes laborales y un mayor acceso a la educación.

El segundo quiebre se produjo con el movimiento “No a la baja”, que logró encolumnar a la izquierda detrás de un agrupamiento de organizaciones sociales que se opusieron, con argumentos firmes y una amplia campaña mediática, a la rebaja de la edad de imputabilidad penal.

Como era de esperar, los jóvenes nos están sacando de la modorra. Hace pocos días se produjo el Debate Nacional de Seguridad y Convivencia(2), una instancia convocada por jóvenes de izquierda, con el apoyo de organizaciones sociales, instituciones estatales y agencias de cooperación internacional. La idea: discutir las políticas de seguridad y generar propuestas. Justamente lo que se necesita.

Diego Camaño Viera Abogado, profesor adjunto de Derecho Penal (Facultad de Derecho, Udelar)

(1) Bobbio, Norberto: Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política. Editorial Taurus, 1995. (2) El Debate tuvo lugar del 31 de agosto al 2 de setiembre en la Intendencia de Montevideo y la carpa en Plaza Cagancha.