El lunes 11 de abril el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley integral con el objetivo de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia de género. El texto actualmente se encuentra en proceso de estudio a cargo de la Comisión de Población y Desarrollo del Senado.

La directora de Inmujeres, Mariela Mazzotti, señaló a Incorrecta que espera que esta iniciativa sea aprobada antes de fin de año. Sin embargo, la aprobación de este texto es apenas parte de un programa de mínimos ítems que aún está lejos de ser siquiera completado. Cuestiones como el andamiaje patriarcal que pesa sobre las instituciones judiciales y del Poder Ejecutivo, la falta de financiación de los programas de prevención y, en definitiva, la implementación deficiente del texto legislativo, son las principales amenazas que hacen que la ley conquiste logros sociales pero circunscriptos al terreno de lo simbólico.

Este tipo de legislaciones tiene la virtud de visibilizar el problema de la violencia de género fuera del ámbito estrictamente doméstico y de las relaciones de pareja. En este sentido, supone un cambio de enfoque que parte de la premisa de que la violencia contra la mujer en sus diferentes formas es inherente al sistema sociocultural de corte patriarcal en el que vivimos, en la medida en que responde a su necesidad de reproducción. Así, el proyecto no se limita a atacar las caras más graves y visibles de este sistema de dominación, como son el maltrato físico y el asesinato de mujeres, sino que define por primera vez a nivel jurídico cuestiones hasta hace poco ignoradas por los diferentes organismos de poder, como el acoso callejero, la violencia patrimonial o la violencia obstétrica contra la mujer.

Los proyectos integrales tratan de transversalizar la respuesta y la prevención de la violencia de género abordando ámbitos como el educativo, el sanitario o el mediático. Esto, según explicó la abogada y ex jueza Ana Lima, supone un avance importante en un país que a mediados del siglo pasado se adelantó a su tiempo reconociendo derechos civiles de igualdad para las mujeres respecto de los varones, pero que desde entonces hasta 2002 se caracterizó por el vacío en cuanto a reconocimientos y garantía de derechos.

Según Lima, el código penal uruguayo se remonta a 1934 y fue copiado de la Italia fascista: “Tiene un capítulo de delitos contra el honor, las buenas costumbres y el orden de familia en el que se contemplan los delitos sexuales, pero vistos desde una condición estrictamente mecanicista”. Considera delitos como el estupro o el rapto y distingue mujeres doncellas, no doncellas, casadas y solteras, lo que da una idea de la cosmovisión a la que obedece.

Esta legislación convive con un proyecto de ley enviado en 2015 por el Poder Ejecutivo que incluye el femicidio como agravante, y con un código de procedimiento penal pensado para entrar a regir en 2017, que contiene importantes vacíos en cuanto a la protección de las damnificadas por violencia de género. Con este enredo legislativo de fondo, se presenta el nuevo proyecto de ley integral, lo que deriva en un panorama jurídico que hasta las propias autoridades de Naciones Unidas consideran confuso.

Conquistando esferas de poder

El sistema punitivo es uno de los principales medios por el que las sociedades definen y reafirman los valores esenciales que caracterizan su identidad. Para filósofos como Andrew Oldenquist, la principal funcionalidad del castigo no es tanto lograr reducir el número de crímenes que se cometen, sino fortalecer la identidad moral de una determinada comunidad, infringiendo determinadas formas de sanción a aquellos que vulneran sus valores esenciales. Por tanto, llegar a conquistar un ámbito de poder con la aprobación de un texto de este tipo es ya en sí mismo un hito histórico para el país.

El proyecto, en caso de ser aprobado, supondrá un instrumento que permitirá a las mujeres exigir derechos que actualmente no se contemplan. “Esto las fortalece como ciudadanas y a los movimientos sociales en términos de su capacidad de exigencia al Estado”, explicó la directora de Inmujeres. La ley propone crear los juzgados multimateria, que reúnen en un solo tribunal a todos los procesos que tienen que ver con la materia penal del delito de violencia de género, además de los aspectos vinculados a lo civil y a la familia. “En este momento una mujer que denuncia violencia para sí misma o para sus hijos tiene que acudir al tribunal especializado en violencia doméstica, al juzgado de familia y al juzgado penal. Entonces, ese tránsito de la denunciante por un mecanismo completamente hostil con formalidades que no conoce y sin adecuada defensa se convierte en un infierno”, señaló Lima. Por ello, la entrada en vigor de esta legislación fortalecería el vínculo de la mujer con el Poder Judicial en la medida en que eliminaría la carrera de obstáculos que debe superar para realizar la denuncia.

El texto también contempla la creación de organismos en los que participaría la sociedad civil, como la Comisión Nacional para una Vida Libre de Violencia de Género. Esto establece nuevas competencias y obligaciones en materia de género para un importante número de instituciones públicas que, en caso de ser incumplidas, implica una vulneración de la ley que podrá ser reclamada a nivel jurídico. “Sin esta ley hay muchas actuaciones vinculadas a la atención, a la protección y a la reparación de las mujeres que no podemos realizar. Pero sólo con la ley no alcanza. Esto es un marco de actuación. Después se abre toda la responsabilidad de los poderes Ejecutivo y Judicial para reorganizar sus servicios conforme a esto”, expresó Mazzotti.

Miopía de género

Otras voces del feminismo crítico reclaman la implementación de un sistema de protocolos de actuación por fuera de lo penal, que permitan identificar los crímenes de género mediante una política pública de ámbito más preventivo. En este sentido, varias medidas de prevención sencillas que no cuentan con la voluntad política del gobierno para ser implementadas correctamente anuncian de entrada resultados deficientes en la hipotética aplicación del texto legislativo. A modo de ejemplo, que el número de atención a víctimas 0800 no esté disponible las 24 horas durante los siete días de la semana y que carezca de un sistema de geolocalización da cuenta de un talante institucional inadecuado para que se pueda materializar la nueva legislación, en resultados y en la mejora real de las condiciones de las víctimas.

El presupuesto del que dispone actualmente Inmujeres es de unos 95 millones de pesos, según señaló Mazzotti. No obstante, la jerarca no pudo especificar la parte de ese monto que el organismo dedica específicamente a prevención, un aspecto que deberá ser el principal foco de los reclamos del feminismo uruguayo en el marco de su lucha social compleja y multidimensional.

Uno de los principales escollos para la correcta implementación de esta ley es la incapacidad del aparato judicial para hacer valer la justicia con mirada de género, debido a la tradición patriarcal que pesa sobre sus estructuras. Ana Lima denuncia cómo muchos casos que responden a los patrones de violencia establecidos quedan invisibilizados por la apreciación que realizan jueces y fiscales miopes. “Esta tendencia en parte se sigue perpetuando porque la especialización en violencia doméstica no se promociona en el Poder Judicial, no es un orgullo ser juez dedicado a este ámbito”, explica la ex magistrada.

Si bien Lima no deja de considerar las excepciones que hay en el seno de este organismo, denuncia la indiferencia que la institución ha tenido hasta ahora respecto de la capacitación de sus funcionarios en materia de género. En el Poder Judicial todo lo vinculado con este tipo de crímenes generalmente es tomado como un asunto menor, y la mayoría de jueces interesados en esta materia han tenido que procurarse la formación por fuera de lo institucional. Por ello, la ex jueza demanda una mayor capacitación de los juristas, que tenga carácter obligatorio y que adquiera un peso relevante en los méritos requeridos para los ascensos laborales.

Experiencias extranjeras

Las experiencias previas en la implementación de este tipo de legislación en otros países dan la razón en parte a quienes denuncian las carencias del marco institucional uruguayo. En el caso español, por ejemplo, se publicó el 28 de diciembre de 2004 la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pionera en Europa por su pretensión integral. Sin embargo, pasados más de diez años, los femicidios no han experimentado una reducción significativa en el país y varios expertos y organizaciones de víctimas denuncian la deficiente aplicación de este texto.

Para la fiscal española Susana Gisbert y la abogada y directora del Centro de Estudios Multidisciplinares en Violencia de Género, Elena Martínez, “nada se han desarrollado durante estos años las políticas destinadas a la prevención de estas conductas, a pesar del extenso y afortunado desarrollo que el legislador les dio en esta ley”. Así, Amnistía Internacional señaló que desde la creación de los Juzgados de Violencia en 2005 y hasta 2013, el número de sobreseimientos provisionales (archivos del procedimiento realizados por no quedar acreditados los hechos) se ha incrementado 158%, que el número de denuncias y el de órdenes de protección han experimentado una caída progresiva con los años, y que el porcentaje de sentencias condenatorias fue mermando hasta situarse en 2012 diez puntos por debajo del registrado en 2006.

Por su parte, las asociaciones de víctimas coinciden en denunciar la aplicación incorrecta de las órdenes de alejamiento, así como fuertes carencias en la inversión económica destinada a la prevención por parte del gobierno. Esta última cuestión, con el estallido de la crisis económica en 2008, experimentó una mengua importante, algo a tener en cuenta en la comparativa con el contexto uruguayo actual, marcado por un proceso de recesión económica. Una similar tendencia a la del caso español fue denunciada también en Brasil. Allí se implantó la Ley Maria da Penha, que celebró su décimo cumpleaños en agosto, con resultados bastante cuestionados.

Manuel González Ayestarán