Las rondas de Consejos de Salarios se interrumpieron el 31 de agosto por decisión del Poder Ejecutivo, que puso esa fecha como tope y ofreció a los trabajadores un nuevo preacuerdo. Este mantiene los beneficios del preacuerdo de mayo, pero establece por escrito que para la extensión laboral de seis horas y media a ocho “se establece la voluntariedad expresa para el funcionario y se restringe su aplicación al 10% como máximo de la plantilla” del sector. Este era uno de los puntos que habían causado el rechazo del acuerdo cuatro meses atrás.
Además, agrega que “en función de que las únicas instituciones que expresaron interés en extender la jornada laboral son el BSE y el BHU”, se acordará instalar un ámbito bipartito “específico con sus directorios, para discutir las condiciones, sectores y procedimientos que se aplicarán de acuerdo a lo establecido”.
El convenio se renovaría por tres años y obtendría como beneficios “inmediatos” el reintegro en gastos de odontología, psicodiagnóstico y lentes, y en 2017 psicoterapia, prótesis, órtesis y audífonos. También, a un mes de la firma del acuerdo, los trabajadores cobrarían una “partida excepcional equivalente a 20% de los ingresos salariales”, por un valor mínimo de 25.000 pesos (para quienes cobren 125.000 pesos mensuales o menos) y un máximo de 35.000.
De firmarse, se conformaría un “grupo de trabajo” que tendría por objetivo “estudiar la viabilidad de un Fondo de Ahorro y Retiro” para los trabajadores del sector, por un plazo de tres meses, y también un “ámbito en la rama”, a los efectos de “identificar las inequidades existentes en toda la banca oficial”, con el propósito de iniciar “un proceso de homogeneización” en el sector.
Asimismo, se incorporaría, entre otros, un protocolo de acoso laboral mediante comisiones “con participación de delegados sindicales”, y se establecerían “políticas permanentes de renovación generacional que serán analizadas en ámbitos partidarios”.