En la última actividad de Reflexiones canarias, un ciclo de jornadas organizadas por la Intendencia de Canelones, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, hablaron, entre otras cosas, de legislación y medioambiente. En Uruguay no existen los delitos ambientales; sí hay algunas sanciones administrativas, generalmente pecuniarias, que aplica la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). En ese sentido, Pérez Manrique aseguró que el Estado uruguayo “no existe” en materia de delitos ambientales: “Hay una serie de armas administrativas que permiten aplicar determinado tipo de sanciones, [pero] que si se recurre ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se pueden pedalear y llevar adelante”. El magistrado sostuvo que, en definitiva, “la sanción no cumple con su función real: reprimir por la infracción, pero también actuar de manera preventiva para que esa infracción no se vuelva a cometer”.
Así también lo entiende Díaz, quien recordó que el 22 de junio el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Fiscalía General de la Nación firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de “fortalecer la normativa ambiental y generar nuevos instrumentos legales para la protección del ambiente”. “La actuación en la materia no ha sido satisfactoria, ya sea porque no se han iniciado las acciones legales correspondientes o porque, cuando se han iniciado, han fracasado”, dijo, en aquel momento, Díaz. El fiscal de Corte añadió que “es un tema delicado, que hay que estudiar detenidamente, pero el ambiente es un ser jurídico que merece ser tutelado desde el punto de vista penal. Hay determinadas conductas que, por su gravedad y por los efectos que tienen, necesariamente deberían ser erigidas como delitos”. Por ello se instauró una comisión interinstitucional que tiene como objetivo redactar un anteproyecto de ley que estipule la pena mediante un proceso judicial, y no con multas, cuando se dañe el ambiente. Según el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, está previsto presentarlo antes de fin de año.
Al igual que Pérez Manrique, Nario reconoció que en algunos casos las sanciones administrativas no alcanzan para intimar el cese de una práctica dañina, y aunque aseguró que son la minoría de las casos, es necesario contar con legislación penal para asegurarse de que cese la actividad ilícita. Actualmente, la comisión está analizando las leyes de Colombia y Argentina, entre otros países, y proyectos sobre la temática presentados por nuestros legisladores.
Nario anunció, además, que se acordó crear cursos de capacitación para los fiscales y, a su vez, generar una unidad de “apoyo” para intercambiar saberes entre ambas instituciones.